En febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional le dio un ultimátum a la Argentina. Para no ser considerado un país no confiable para las inversiones por parte del organismo internacional, en el que Estados Unidos y los restantes países del G-7 tienen un peso determinante, debía sancionar una norma que castigue el financiamiento de actividades terroristas antes del 23 de junio. Fecha del próximo encuentro del GAFI. El apuro lo explica todo. Dejando atrás la modorra que este año domina al Congreso, el Senado dará media sanción a un proyecto que modifica el Código Penal para incorporar la figura de la asociación ilícita terrorista. La iniciativa también introduce modificaciones a la ley de lavado de dinero y le da mayores atribuciones a la Unidad de Investigación Fiscal. El Centro de Estudios Legales y Sociales criticó la iniciativa por considerar que “los tipos penales del proyecto violan principios constitucionales, como el de legalidad”. El organismo de derechos humanos observa que se define como “actos terroristas, hechos que en verdad no tienen ese carácter”.

El texto original del proyecto había sido remitido por el Ejecutivo en diciembre del año pasado. La iniciativa tuvo el respaldo de tres comisiones de la Cámara alta luego de introducir pequeñas modificaciones. El proyecto cuenta con 10 artículos. En ellos se incorpora un capítulo sobre las asociaciones terroristas y se define ese tipo penal. Se afirma que para ser catalogada de terrorista, una asociación ilícita debe reunir las siguientes características: “tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político. Estar organizada en redes operativas. Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas”. En ningún pasaje del texto se afirma que esas características deben darse en su totalidad y ésa es una de las críticas que formula el CELS. Al no ser concurrentes, la simple tenencia de arma de guerra podría encuadrar en la figura. Luego de destacar que “no es cierto que los organismos de derechos humanos se oponen a la lucha contra el terrorismo”, en diálogo con este diario, la directora adjunta del organismo, Andrea Pochak, destacó que “esa lucha no puede contradecir los principios y valores básicos de derechos humanos”.

Pochak subrayó que “hay muchos pronunciamientos de Naciones Unidas que dan pautas concretas sobre cómo se debe combatir el terrorismo y que este proyecto contradice esas obligaciones internacionales”. En una de las reuniones plenarias que las comisiones del Senado realizaron en medio de las ausencias de campaña, el CELS acercó un memorándum de comentarios y observaciones. Fueron escuchados, pero antes les advirtieron que en 15 minutos los senadores comenzarían a firmar el dictamen del proyecto oficialista.

Para Pochak, “la iniciativa no respeta el principio de legalidad ya que la figura penal que define la asociación ilícita terrorista tiene que ser lo más concreta posible, cosa que esta iniciativa no cumple”. Afirman que se corre el riesgo de que algunos jueces califiquen como terroristas las protestas sociales.