"La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su preocupación por la deportación de Elvira Arellano, las implicaciones de este suceso en relación con los derechos humanos de nuestra connacional y los de su hijo menor de edad, así como por la manera de expulsarla de Estados Unidos", indica una nota difundida hoy a la prensa por la Cancillería mexicana.

Además, la diplomacia mexicana afirmó que las autoridades estadounidenses impidieron que Arellano tuviera contacto con representantes consulares, lo cual sería violatorio de los acuerdos vigentes entre ambos países, informó el diario mexicano La Jornada.

Según la nota, la Cancillería mexicana "considera que el proceder de las autoridades migratorias estadounidenses no fue coincidente con el espíritu y los términos de los acuerdos bilaterales para la repatriación segura y ordenada, y para brindar acceso consular inmediato cuando el detenido así lo solicita".

El documento sostiene que el consulado de México en Los Angeles entrevistó a Arellano antes de que se concretara la deportación.

En la entrevista, la inmigrante, de 32 años, afirmó que durante su detención en una oficina de migración en Santa Ana, California, le negaron su petición de reunirse con representantes consulares de su país.

Según la nota, la legación consular mexicana solicitó posponer la deportación de Arellano 24 horas "para que se consideraran argumentos jurídicos sobre la procedencia del acto, o al menos hasta la mañana del lunes, pero las peticiones fueron también denegadas", agrega.

Arellano, dirigente de la lucha por los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, fue deportada ayer a Tijuana, ciudad del noroeste mexicano en la frontera con el territorio estadounidense, tras ser detenida el domingo cerca de Los Angeles.

Tras su deportación, la mexicana anunció que su hijo, Saúl, de 8 años de edad y nacido en Estados Unidos, permanecerá junto a su madrina, Emma Lozano, en ese país para encabezar las protestas contra la política anti-inmigrante y terminar la escuela.

La mujer, quien afirmó que regresara a Michoacán, su estado natal, ya había sido deportada en 1997 y tres días después volvió a entrar de forma ilegal en Estados Unidos.

Allí, vivió tres años en Oregón y trabajó como limpiadora con documentos falsos en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago.

En 2002 fue arrestada por usar un número de seguro social falso y fue condenada a tres años en libertad condicional.

En agosto de 2006 recibió una orden de deportación y entonces tomó la decisión de refugiarse en la Iglesia Metodista Unida Adalberto de Chicago, donde permaneció por más de un año, convirtiéndose en un símbolo de la lucha de los inmigrantes ilegales latinos en Estados Unidos.