Según el fallo de la jueza de Instrucción en primera instancia de la localidad santacruceña de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, "los seis detenidos procesados, se encuentran alojados en dependencias lejanas a sus domicilios, y ello dificulta el cumplimiento de los ejercicios de sus deberes y derechos familiares, toda vez que estos deben atravesar serias dificultades para visitarlos".

El dictamen modificatorio de Ruata de Leone, añade en los considerandos "que los detenidos comparten alojamiento con personas que cumplen condena, implicando con ello, una promiscua convivencia con individuos sobre quienes ya se ha comprobado su culpabilidad y por lo tanto su desviación frente a la sociedad, a lo que se añade en no pocos casos su peligrosidad".

Al mencionar jurisprudencia al respecto y basándose en el Pacto de San José de Costa Rica, la jueza considera el derecho de los detenidos a "ser juzgados dentro de un plazo razonable o a ser puestos en libertad, sin perjuicio de que se continúe el proceso.

"Su libertad podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparencia a juicio". expresa la resolución.

A partir de la modificación ordenada, los seis detenidos, fueron trasladados ayer a sus respectivos domicilios en Las Heras y por orden judicial un grupo de efectivos pertenecientes a Gendarmería Nacional estará a cargo de la vigilancia.

Por su parte, familiares del Policía muerto y efectivos de la policía de Santa Cruz que resultaron heridos ésa madrugada del 7 de febrero del 2006, aseguraron a medios locales que "apelarán" el fallo modificatorio de Ruata de Leone.

La causa penal se inició el 7 de febrero del 2006, cuando en medio de una masiva protesta sindical petrolera, el policía Sayago fue asesinado en la localidad de Las Heras, al momento en que éste junto a otros efectivos resistían el ataque a la sede de la Comisaría de ése pueblo petrolero, situado a 785 kilómetros al norte de Río Gallegos, donde estaba detenido injustamente un dirigente sindical y social.

Como consecuencia de los hechos, la jueza ordenó la detención de varios manifestantes y posteriormente dictó el procesamiento con prisión preventiva de Darío Víctor Catrihuala, Juan Pablo Bilbao, Ramón Inocencio Cortéz, Alexis Pérez, José Rosales y Humberto Hugo González, por los delitos de "coacción agravada en concurso real con homicidio calificado", resolución confirmada por el Juez de Recursos.

Los procesados fueron alojados en dependencias policiales de la Localidad de Puerto Deseado, situada a 260 kilómetros de Las Heras.

Fuente: Télam