La decisión fue adoptada ayer por el juez de instrucción cautelar en lo penal William Dávila, quien sostuvo que existen suficientes indicios de riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones por parte del imputado, informó la agencia noticiosa estatal boliviana ABI.

Fernández está imputado de los delitos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa, a raíz de los violentos enfrentamientos entre seguidores y opositores del gobierno del presidente Evo Morales, ocurridos el jueves 11 en Pando y que causaron al menos 15 muertos, decenas de heridos y más de 100 desaparecidos.

El propio Morales expresó anoche que con la detención preventiva Fernández comenzó "la aplicación de justicia que claman las víctimas de la masacre de Pando y el desmoronamiento de la impunidad y una forma de hacer política para conservar privilegios en base a la represión del pueblo".

En declaraciones efectuadas a ABI, el mandatario indicó que Fernández, a quien llamó cacique del oriente boliviano, "dominó durante el tiempo de la dictadura y en los gobiernos neoliberales en base al dinero y al abuso de su poder para ser autoridad".

No obstante, señaló que esa "época oscura en el país, donde algunas familias reducidas, pero muy poderosas económicamente, sometían impunemente a los bolivianos comenzó a ser historia. La época de caciquismo de Fernández en Pando terminó".

En tanto, el juez Dávila explicó que los abogados de los familiares de víctimas de los episodios de Pando "fundamentaron con bastante solvencia el caso de terrorismo y asociación delictuosa, y no así el caso de asesinato".

El juez adoptó la resolución al cabo de una audiencia realizada en la sede de la Anapol, en la que el fiscal Eduardo Morales ratificó la acusación de homicidio y reveló que Fernández intentó suicidarse cuando fue trasladado a La Paz, el martes pasado, ante el temor a ser linchado.

"Cuando llegó a La Paz pedía un arma para suicidarse, por temor a la turba que lo esperaba; en consideración a su estado, quienes lo trajeron pidieron que no se lo trasladara a la policía judicial, como correspondía", dijo el fiscal Morales para justificar por qué Fernández no había sido remitido aún ante el ministerio público.

En otra audiencia celebrada ayer, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por Fernández, quien alegó que su detención fue ilegal, sin requerimiento judicial y violando sus derechos constitucionales y legales.

La Fiscalía General abrió proceso por genocidio "en su condición de masacre sangrienta" a Fernández, al ex alcalde Miguel Becerra, jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, aliado del gobierno, y al senador oficialista Abraham Cuellar.