De ser convertida en Ley por la Cámara baja, la iniciativa se convertiría en el tercer convenio de transferencia de facultades penales a Buenos Aires, luego de las concedidas en 2000 y en 2004.

En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, el proyecto establece también que la cesión de facultades se haga con los recursos necesarios, lo que abrirá una discusión entre la nación y la ciudad por el monto a transferir.

Según la iniciativa, se transfieren alrededor de 27 delitos, entre los que sobresalen aquellos cometidos por funcionarios públicos o de la administración porteña. También se incluyen delitos complementarios de transferencias anteriores, como los de lesiones, duelo, abuso de armas, violación de domicilio, incendio, actos discriminatorios y delitos en el deporte.

Finalmente, se mencionan actos tipificados en el código penal como atentado y resistencia contra la autoridad, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato y falsificación de documentos, entre otros.