El decreto 1210 fue publicado en el Boletín Oficial y consta de extensos considerandos basados, principalmente, en el informe "Papel Prensa, la verdad", elaborado por los representantes del Estado en la empresa productora de papel para diarios y presentado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Instrúyese a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración del Tesoro de la Nación para que intervengan y efectúen las denuncias y reclamos que correspondan en las causas relacionadas con la firma Papel Prensa S.A.", establece la medida que lleva las firmas de la primera mandataria, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Justicia, Julio Alak.

En el artículo 1, se instruye al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, "para que ponga a disposición del Poder Judicial el Informe `Papel Prensa. La verdad`" y "para que intervenga como parte querellante en las causas que resulten y en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma".

En tanto, en el segundo se instruye al procurador Joaquín Da Rocha "para que intervenga en las causas relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa, así como en todas aquellas que pudieran surgir de las investigaciones".

"La venta de una parte del paquete accionario de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón se concretó en circunstancias oscuras, con los vendedores compelidos a la venta de sus acciones a un precio irrisorio", dice uno de los fundamentos del decreto.