"Esperemos que esta noche asistan, porque en el lugar de la marcha ya no hay garantías para seguir con el diálogo", apuntó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, en referencia a la denuncia pública hecha por el Gobierno sobre el "secuestro" temporal al canciller David Choquehuanca y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, para obligarlos a encabezar la movilización del sábado durante casi tres horas.

Rafael Quispe, principal dirigente campesino que participaba en la marcha y logró eludir a los policías, anunció por teléfono "desde algún lugar" en el que estaba refugiado que la marcha "se reanudará", una postura que estaba aún en debate.

Por otra parte, el intento del Gobierno de llevar en avión de regreso a sus comunidades a un grupo indígenas detenidos, que fueron llevados en seis micros al aeropuerto de Riberalta, departamento (provincia) del Beni, fue impedido por los pobladores de la localidad vecina, que ocuparon la estación aérea y obligaron a la liberación de todos los retenidos.

El ministro de Comunicación, Iván Canelas, informó que el Gobierno ordenó una investigación para determinar si hubo o no excesos en la intervención policial a la marcha de indígenas opositores a la construcción de la carretera Villa Tunari.

"Hemos visto las imágenes en la mañana de hoy en los medios de comunicación, de televisión, y se ha instruido de manera inmediata una profunda investigación para establecer si hubo violencia en la intervención", estableció.

Sostuvo que si se demuestra que existieron excesos de parte de los efectivos policiales habrá sanciones contra él o los responsables de acuerdo con lo determinado en las normas vigentes.