La reforma del Estatuto del Peón Rural fue aprobada por 174 votos afirmativos, 4 negativos y una sola abstención, y ante la ausencia de los dos diputados de la CGT, Facundo Moyano y Omar Plaini, que manifestaron su disconformidad con esta medida, en sintonía con la postura del titular de la central obrera, Hugo Moyano y el titular del gremio de trabajadores rurales, el duhaldista Gerónimo "Momo" Venegas. El debate tuvo como prólogo una discusión entre oficialismo y oposición, tras la cual las bancadas del Frente Peronista, el macrismo, la Coalición Cívica ARI y un sector del radicalismo se retiraron del recinto, aunque la sesión continuó con la presencia del oficialismo y partidos independientes, además de los diputados de la Unión Peronista, el alfonsinismo y el FAP, cuyo diputado Víctor de Gennaro destacó su "satisfacción" por derogar esa ley vigente de la dictadura, pero aclaró que no respaldaba el artículo que reemplaza el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea).

El nuevo régimen reconoce a los peones remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago. Prevé, además, la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal; la bonificación por antigedad; la prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento y que la jornada de trabajo exceda las ocho horas diarias y las 44 semanales (de lunes a sábado hasta las 13).

El proyecto establece también el reconocimiento de horas extras; el descanso semanal; las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.

Por otra parte, la Cámara baja aprobó a las 6 de la mañana, con 153 votos a favor, 26 negativos y 1 sola abstención el proyecto de ley que limita la propiedad extranjera de la tierra. Con el asesoramiento de técnicos del Poder Ejecutivo, a la norma se le introdujo el martes pasado cambios al proyecto original del Gobierno, ya que se bajó del 20 al 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de personas de nacionalidad extranjera. El porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio o "entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural", dice el texto firmado por el oficialismo.

Por otra parte, se dispone que las tierras rurales, cuyo significado se amplió al definirse como a todas aquellas que están fuera del ejido urbano de un mismo titular extranjero, no podrán superar las mil hectáreas "o superficie equivalente" según la ubicación territorial, a determinar por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. En cuanto a quiénes quedan exceptuados de las limitaciones, el dictamen estableció que son los extranjeros que cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada. También los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente de cinco años o los que estén casados con ciudadanos argentinos con residencia acreditada.

Además, con 217 votos a favor y ninguno en contra, los diputados aprobaron el proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria, con el que se busca castigar la evasión fiscal y por el cual se actualizan los montos a partir de cuales se considera ese tipo de delito. El presidente de la comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, defendió el proyecto al indicar que con la iniciativa se toma en cuenta el transcurso del tiempo "desde la sanción de la ley que lleva catorce años". También expresó que se basa en "razones de política criminal y tributaria", por lo cual "se multiplican por cuatro los montos a partir de los cuales se considera como delito de evasión fiscal".

Según el legislador, la norma además incluye la eliminación de "la probation", la posibilidad de toda suspensión del juicio a prueba por los delitos tributarios, e incorpora penas de 1 a 4 años para quienes adulteren "los sistemas informáticos o electrónicos" en manos de la AFIP con la intención de evadir las obligaciones fiscales.