• SUBNOTA
Hugo Wortman Jofré, uno de los abogados del Grupo Clarín, salió a aclarar que en la denuncia realizada para que se investigue la "incitación a la violencia colectiva" en perjuicio del Grupo Clarín se solicitó que los periodistas, legisladores y funcionarios sean citados como testigos. Según Jofré, la presentación señala puntualmente lo dicho durante la protesta que realizó personal de Gendarmería y Prefectura y la posibilidad de que el grupo mediático estuviera detrás de esos hechos. "Si los periodistas manifestaran públicamente que son simples opiniones de ellos y no tienen ninguna información que detrás de la Gendarmería está el Grupo Clarín, automáticamente desistimos de ese pedido como testigos", propuso el abogado.
El representante del multimedio confirmó que la presentación se radicó en el juzgado federal de Luis Rodríguez y solicita que se cite a funcionarios, legisladores y a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone. Sin embargo, indicó que la denuncia "no es contra los periodistas, sino que se pide que digan si tienen información sobre los hechos que denunciamos, cuando dijeron que el Grupo Clarín estuvo detrás de la protesta de Gendarmería y Prefectura, incitando o promoviendo o atentando contra la democracia".
"Esto es como testigos y no se refiere a ellos como imputados, sino para que vayan a dar la información que tienen", insistió Jofré y agregó: "Si señalan que tenían información, sin revelar las fuentes deben ir a decirlo a la Justicia, porque hay directivos que están corriendo riesgos ya que en la casa de algunos de ellos hubo pintadas diciendo 'Clarín con la democracia no se jode' y lo que queremos evitar son situaciones de violencia".
Pese a que Wortman Jofré señaló que "cuando lean la denuncia se van a dar cuenta que no necesitan abogados", el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo saber que asumirá la defensa de los periodistas y recordó el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que exige el "respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".
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