• SUBNOTA
El gobierno uruguayo reafirmó ante la 43 Asamblea General de la OEA su planteo acerca de la regulación estatal de la producción y comercialización de la marihuana "para enfrentar el desafío del problema mundial de las drogas en las Américas".
El viceministro de Relaciones Exteriores fue el encargado de representar la posición de Uruguay, que está a punto de comenzar a debatir en el Parlamento el proyecto impulsado por el presidente José Mujica, que contempla que el Estado regule la producción de marihuana a través de licencias de cultivo, permita la creación de clubes de autocultivo y le conceda la distribución de la droga a las farmacias de todo el país para dar hasta 40 gramos por mes a los usuarios registrados. Luis Porto resaltó en Antigüa, que el debate se debe realizar "sin sesgos ideológicos, riguroso, basado en evidencias y buenas prácticas, centrando el tema en el ser humano y no en las sustancias", indicó.
En su intervención, el vicecanciller uruguayo se manifestó de acuerdo con fortalecer los sistemas de salud y el tratamiento del consumidor como sujeto de salud pública, considerar al Estado como promotor de la paz, e intensificar el foco en el tráfico ilícito de armas y "blanqueo de dinero", reforzando de esa manera las advertencias de Mujica, quien en otra oportunidad sostuvo que "de vez en cuando se intercepta una carga de droga o se le da captura a algún narcotraficante y se considera una batalla ganada, pero mientras tanto, el narcotráfico sigue reclutando jóvenes de las poblaciones más excluidas que terminan muertos en actos de violencia", lo cual "demuestra que se podrán ganar batallas pero no la guerra. Más allá de nuestros discursos, es la realidad la que interpela día a día el paradigma de la llamada guerra contra las drogas".
Finalmente, Porto subrayó que Montevideo considera que tiene los antecedentes necesarios y la autoridad moral en la materia, como para que se comprenda, que en forma soberana, tiene la iniciativa de regular responsablemente el mercado de cannabis, estableciendo pautas de control del Estado, en el marco de acciones de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que garantizar el derecho a la seguridad ciudadana.
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