Según el comunicado difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los organismos resaltaron que las investigaciones tienen que desarrollarse bajo esas condiciones "independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos".

"Es importante recordar que los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad", destacaron.

La coalición internacional --integrada, entre otras, por Amnistía Internacional, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y CLADEM Argentina-- agregó que "el Estado debe garantizar la labor de defensa, denuncia y promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se han dado a conocer en las últimas semanas".