• SUBNOTA
Dirigentes políticos y organizaciones sociales expresaron su rechazo al nuevo protocolo antipiquetes para desalojar manifestaciones, y denunciaron que el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad que aprobó ayer el Consejo Seguridad Interior (CSI) conlleva la decisión del gobierno de Mauricio Macri de "criminalizar" la protesta social.
La diputada Victoria Donda (Libres del Sur) advirtió que "un gobierno que hace gala de ser tolerante y dialoguista no debería recurrir a métodos represivos para responder a reclamos legítimos de la ciudadanía; de esta forma pone en riesgo la paz social". Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, del Partido Unión Popular, por su parte, denunciaron que el nuevo protocolo "amplía peligrosamente las facultades policiales para reprimir, no prohíbe el uso de armas de fuego ni establece la obligación de usar uniforme para los efectivos. Es una decisión que se inscribe en la línea de criminalización de la protesta".
La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, dijo que "es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo", mientras que su compañero y excandidato presidencial Nicolás del Caño afirmó que "esto mismo lo intentó hacer Cristina Fernández hace dos años con su proyecto antipiquetes, pero no pudo imponerlo por la propia resistencia de los trabajadores".
Desde el MST, Alejandro Bodart denunció que se trata de "un engendro represivo inconstitucional del gobierno macrista para imponer su ajuste contra el pueblo, con la complicidad del grueso de los gobernadores del PJ. Violan los derechos básicos a reunirse, manifestar y peticionar a las autoridades, justo cuando crece la resistencia a los despidos, la inflación y los tarifazos".
Gabriel Solano, del Partido Obrero, por su parte, manifestó que "el protocolo contra las manifestaciones populares representa un cercenamiento severísimo del derecho a la protesta social. La letra chica del documento conduce a la ilegalización de las marchas, cortes y otras formas de protesta, otorgándole a la fuerzas de seguridad no sólo un poder represivo enorme".
Por último, el legislador porteño Roy Cortina (ECO), sostuvo que la decisión oficial "sólo sirve para ampliar la grieta entre los argentinos, está lejos de promover la voluntad de diálogo y de menor confrontación que expresó el triunfo de Mauricio Macri".
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