“Los problemas del sistema universitario no son jurídicos, sino que son fundamentalmente de naturaleza política.” Mientras diferentes sectores de la universidad pública reclaman un cambio en el marco legal del área, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) mantiene una posición contraria: así lo explica el presidente del CRUP, Héctor Sauret, quien considera que no es necesario modificar la Ley de Educación Superior (LES) sancionada bajo el menemismo, la norma que introdujo el arancelamiento de los estudios y que hoy se encuentra en debate parlamentario, con el compromiso oficial de reemplazarla el año que viene.

–¿Qué posición tiene el CRUP ante el debate en el Congreso sobre la modificación o derogación de la LES?

–El CRUP ha expuesto ante diputados y senadores que los principales problemas de la universidad argentina no son esencialmente jurídicos, sino que son fundamentalmente de naturaleza política, entendiendo por tal tanto las asignaciones que el Congreso va a hacer de partidas presupuestarias para las universidades del Estado cuanto la comprensión desde el punto de vista fiscal de las desgravaciones que la inversión privada canaliza para las universidades de gestión privada. Aún así, creemos que se debe mantener el concepto de una ley marco que regule la totalidad de la educación superior, incluyendo el terciario no universitario y el universitario. También es importante que contenga un capítulo de declaraciones y garantías comunes para la totalidad de las universidades, sean de gestión estatal, nacional o provincial, y privada, porque la educación superior toda es pública.

–¿Cómo evalúa la creación de nuevas universidades públicas y privadas?

–En la última década, la iniciativa privada ha presentado más de cien solicitudes de autorización para crear institutos universitarios y universidades. Pero sólo fueron autorizados siete proyectos, lo cual quiere decir que hay mucha restrictividad y el CRUP comparte la restrictividad, porque no sólo hay que garantizar los niveles de calidad, sino que el problema más importante es la sustentabilidad en el largo plazo. Pero hay un problema que no se está abordando en la actualidad: la sanción de la Ley Nacional de Educación ha garantizado la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Estos estudiantes que se van a incorporar al sistema van a generar una mayor demanda de estudios universitarios. La pregunta es qué va a pasar con ellos teniendo una tasa de deserción tan preocupante, de casi el 50 por ciento, que destina a las jóvenes generaciones a una situación de frustración. En ese sentido el CIN, el CRUP, el ministerio y la comunidad tienen que asumir la crisis de los secundarios de una manera drástica. Puede ser que con esta dotación de universidades no se puedan atender 500 mil alumnos más, así que habría que prever la necesidad de crear nuevas instituciones. Seguramente, la iniciativa privada va a proponer nuevas universidades centradas justamente en la ampliación de la oferta, para paliar esta situación que se va a dar con la nueva legislación.

–A la universidad privada se le critica su fuerte inclinación por las carreras profesionalistas...

–Bueno, es una crítica parcialmente cierta. En treinta de los cincuenta años de historia de la universidad privada en Argentina, el énfasis se puso en la función de docencia, formación de profesionales y su habilitación para el ejercicio de profesiones liberales. En 1995, el Congreso resolvió que las carreras que tenían impacto en la sociedad, como medicina, ingeniería, agronomía o arquitectura, entre otras, tenían necesariamente que tener también un desarrollo en materia de investigación y de extensión de los resultados de esa investigación. Esto indujo compromisos en la universidad privada para desarrollar procesos de investigación.

–El proceso de evaluación y acreditación también es un factor de debate en la comunidad académica. ¿Cómo convive la Coneau con la entidad de acreditación creada por las universidades privadas?

–Dado que la ley 24.521 (LES) establece el reconocimiento de agencias privadas de acreditación y evaluación, hubo una iniciativa privada que es Fapeyau, que obtuvo un reconocimiento de Coneau y una autorización del Ministerio de Educación, que sanciona lo que se podría llamar una habilitación gradual. Sólo está habilitada para evaluar. Es decir que la Coneau desenvuelve la totalidad de las funciones, aunque es probable que puedan coexistir más adelante algunas agencias. Tal vez se puede estudiar la delegación o supervisión de algunos procedimientos por el volumen que requiere hoy en día atender a más de cien universidades en un esquema en donde son obligatoriamente acreditables todos los posgrados y las carreras de interés público. Es una tarea muy grande y habría que estudiar esta posibilidad.