La prolongación de la toma del Rectorado de la UBA empezó a crear grietas en la Facultad de Ciencias Sociales. Mientras ayer la toma llegaba a su decimosexto día, comenzaban a aflorar diferencias políticas tanto entre las autoridades de la facultad y la mayoría de sus profesores como dentro del mismo movimiento estudiantil. Sin contar las disidencias de los estudiantes con la conducción de la facultad. En una declaración pública, el gobierno de Sociales, encabezado por el decano Federico Schuster, criticó la “actitud intransigente” de algunos sectores estudiantiles y acusó a los profesores vinculados con la anterior gestión de “aprovechar la oportunidad para salir a golpear a la institución... Se dedican a producir daño”.
El fracaso de la última negociación para terminar con la toma exaltó las disputas internas en Sociales. Las autoridades pensaban que la propuesta acercada por un allegado al rector Guillermo Jaim Etcheverry contenía las exigencias de los alumnos para destrabar el conflicto. Por eso, tras la decisión negativa resuelta por una tensa asamblea estudiantil, el gobierno de Sociales manifestó su “preocupación frente a la intransigencia de algunos sectores que provocaron el fracaso de un acuerdo... Las posiciones de máxima boicotearon abiertamente la posibilidad de comenzar las instancias de diálogo... Asimismo, observamos que intereses sectarios se anteponen a los legítimos reclamos por el edificio único y el aumento del presupuesto que asumió Sociales en su conjunto. Esa actitud intransigente no sólo pone en peligro la posibilidad de encontrar una solución... sino que la coloca en una grave situación institucional”.
Tras ratificar su voluntad de dialogar con los alumnos y el Rectorado, las autoridades de Sociales admitieron el conflicto interno: “Un grupo de profesores vinculados con la anterior gestión aprovecha la oportunidad para salir a golpear a la institución públicamente, anteponiendo, de nuevo, las disputas por una carrera a la suerte de la facultad. Se dedican a producir daño, mientras la comunidad de Sociales –a la que ellos pertenecen– pelea unida”.
La disputa entre las autoridades de Sociales y la mayoría de profesores nació cuando la actual gestión llegó al poder con el voto de la minoría docente, los graduados y los alumnos. El principal punto de conflicto con la mayoría de profesores –que para las últimos comicios postuló la reelección del ex decano Fortunato Mallimaci– se centró en la disputa por la conducción de la Carrera de Sociología. Después de una resolución que la mayoría docente consideró irregular, los profesores abandonaron el consejo directivo, máximo órgano de gobierno académico. Y, como publicó este diario, señalaron que la toma “extiende al ámbito de la universidad las formas de violencia, atropello y extorsión, amenazas y conductas insultantes que han caracterizado los procederes de algunos grupos estudiantiles... prácticas llevadas a cabo con el aval de los conductores de la actual gestión”.
La toma del Rectorado se intensificó ayer: los estudiantes impidieron el ingreso del personal y las autoridades. Hoy repetirían la medida. Con el avance del conflicto, se empezaron a delinear dos bloques entre las agrupaciones: de un lado el Movimiento Refundación Sociales (MRS integrado por El Andamio, El Mate, Venceremos, CEPA) y del otro, el MST, el PO y el PTS, entre otras. Aunque con matices, dentro del MRS se estima que las demás agrupaciones se montaron al reclamo inicial de un edificio único y más presupuesto con otras exigencias (no intervención del Consejo Superior en Sociología y retiro de la universidad como querellante de los alumnos procesados por la quema de urnas del ‘99), lo que habría trabado cualquier acuerdo. “Son reclamos justos, pero se venía construyendo un proceso de movilización por otra cosa”, dicen. “Más allá de las diferencias entre agrupaciones, las asambleas avalaron los cinco puntos de reclamo”, dijo Martín Ogando (PTS), uno de los alumnos acusados de quemar urnas. Para este bloque, “el MRS quiere bajarse del conflicto de cualquier manera”.
Los enfrentamientos aparecieron también ante la frustrada solución del conflicto. “La propuesta que nos hicieron los consejeros superiores era viable. Consideraba casi la totalidad de los puntos reclamados. Era una salida consiguiendo lo que habíamos ido a buscar: un compromiso de solución para el problema edilicio y presupuestario”, dijo el consejero Santiago Mondonio (El Mate-MRS). “Esa propuesta era ambigua, no estaba firmada y no contemplaba los cinco puntos. No somos intransigentes, pero era inadmisible. Queremos seguir dialogando y creemos que van a mejorar la oferta”, agregó Ogando.