La reciente invitación al rectorado de la UBA por parte del Gobierno a integrar el consejo académico que hará propuestas para reformular el Indec plantea problemas significativos para la universidad pública en general y para las ciencias sociales en particular. En realidad, es la misma definición del problema lo que hay que debatir. Esta situación, desde la universidad pública, no puede ser pensada como una cuestión exclusivamente técnica, pero tampoco con una mirada política reduccionista que imagine la solución cambiando un funcionario. La UBA, y específicamente nuestra carrera de Sociología, tiene una implicación de hecho en una institución como el Indec, porque sus profesionales y técnicos son nuestros egresados y porque es una institución pública que, en tanto lo anterior, se vale de saberes científicos y profesionales que son competencia de este espacio universitario. Como universidad tenemos un compromiso con nuestros egresados y no es posible construir abordajes del problema que no contemplen lo que ha ocurrido con ellos en el Indec. No es aventurado suponer que algunas ambigüedades que existieron en relación con esta propuesta tienen que ver con un clima cultural que tuvo un predominio extraordinario durante los ’90 y que desvalorizó la universidad como un actor activo en los debates de la vida pública, otorgándole importancia, por el contrario, a un saber técnico inhibido de los “para qué”.

La desvalorización de la intervención de los ciudadanos en lo público, producto –además del propio deterioro de las clases dirigentes– del predominio de miradas interesadas en desprestigiar la práctica política, ha debilitado la imprescindible participación política dentro del mundo académico y con ello ha perdido fuerza la tradición que reivindica el papel activo en términos político académicos en la relación universidad-sociedad, universidad-Estado. Se sugiere, en los murmullos promovidos por los consultores internacionales y los tecnócratas de la educación, que lo importante para una institución desfinanciada es adoptar una actitud pragmática que posibilite obtener fondos propios. La inexistencia de debates sobre la relación universidad-sociedad favorecidos por esta despolitización facilitan que estas miradas se sustenten en discursos tecnocráticos que observan la posibilidad de esos debates, y hasta la misma institucionalidad democrática de la universidad pública, como obstáculos a la eficiencia.

Desde ya que la universidad pública debe colaborar con diferentes espacios de la sociedad y el Estado. Está en su identidad y en su responsabilidad pública hacerlo. La pregunta es si esto se hace de manera desproblematizada, como quisieron los programas de los organismos financieros internacionales transformados en sentidos comunes ministeriales, que imaginan una universidad convertida en un actor técnico pasivo, o se lo hace en el papel de institución con iniciativa política, y entonces sí, con capacidad de verdadero diálogo.

Iniciativa política es lo contrario a aceptar o no aceptar resignadamente una participación en una comisión para reformular el Indec. Es asumir una posición clara en defensa de la transparencia de las estadísticas públicas y también en lo que hace a la solidaridad con nuestros egresados que sufrieron diversos tipos de malos tratos en esa institución. Es tener la capacidad de definir sin ambigüedades cuáles son las condiciones del diálogo y la colaboración, que en esta situación no puede ser otra que la vuelta a fojas cero: la reincorporación de los profesionales desplazados y la apertura de un espacio de reflexión y evaluación en el que ellos participen. La relación universidad-sociedad y universidad-Estado no puede ser imaginada como una abstracción o un recurso retórico. Se expresa en relaciones sociales concretas y en ellas hay distintas formas de asumir el problema. Una de ellas es convertirla en un organismo de consulta técnica sin responsabilidad política, otra, que recoge las mejores tradiciones político-culturales, es cuando la universidad es capaz de ponerse de pie para proponer cambios desde sus saberes particulares porque se entiende que favorecen al conjunto de la sociedad a la que la universidad se debe.

* Director y secretario académico de Sociología (UBA), respectivamente.