Por Lista Reconstrucción Universitaria *

La toma de la sala del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ha finalizado. Nunca había sucedido desde el regreso de la democracia en 1983. El conflicto fue resuelto porque primaron principios y valores democráticos, el repudio masivo de la comunidad universitaria a la acción violenta de un pequeño grupo, la no utilización de ningún tipo de violencia por parte del Consejo Superior y el rector, y el no ceder ante ningún tipo de presión ni chantaje. Como lo hemos venido afirmando desde hace meses, apostamos a una universidad donde el pluralismo y el disenso democrático sean la base de la solución de los problemas. La UBA debe cambiar y mucho, a todo nivel, pero para ello debe primar un clima de discusión de ideas y no de violencia material y simbólica.
No ayuda al debate el hecho de que un grupo reducido de estudiantes y docentes haya alterado de manera autoritaria durante casi 50 días el funcionamiento del gobierno de la universidad. Hecho que se agravó con la agresión física que sufrió el rector. El objetivo de esa medida trascendía los planteos explicitados por quienes la han efectivizado y, en la práctica, lo que está en juego es la manera democrática de entender y dirigir la UBA. Ni el edificio ni el problema presupuestario de la Facultad de Ciencias Sociales, argumentos de esa medida, fueron el verdadero eje del conflicto, ya que estos problemas están siendo tratados por el Consejo Superior y se está trabajando desde hace meses para solucionarlos. Nuestro reclamo de un aumento presupuestario es permanente y sigue vigente, ya que sabemos por nuestra historia que el apoyo a la educación pública y gratuita de calidad es fundamental para salir de la actual decadencia nacional.
La toma fue la extensión de un conflicto que se desarrolla en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y busca extenderse hacia el resto de las facultades. En dicha carrera, un auxiliar docente fue elegido como la máxima autoridad académica a partir de un sistema electoral de “un hombre igual a un voto”, vulnerando así la democracia vigente. Sabemos que el actual ordenamiento institucional, perfectible como toda normativa, deberá mejorarse, pero dentro de los mecanismos estatutarios y no mediante acciones aisladas, inconsultas, antidemocráticas y autoritarias. Estos conflictos se desarrollan en un contexto en que diferentes actores sociales vienen montando el discurso del arancelamiento y privatización de la universidad pública. Estas prácticas autoritarias son absolutamente funcionales a los detractores de la educación gratuita de calidad. Una vez más, el pseudo ropaje “radicalizado” sirve de punta de lanza para las reivindicaciones neoliberales.
Reafirmamos la función de la universidad al servicio de la sociedad, especialmente de los sectores empobrecidos, discriminados y desempleados. Concebimos la excelencia académica, la participación política y la creación de pensamiento crítico como los ejes centrales que dan sentido a la vida universitaria. Ellos deben ser el fruto de amplios consensos y creaciones colectivas a fin de que perduren en el tiempo, y no de presiones e injurias de pequeños grupos aislados. Como consejeros superiores y consejeros directivos, apoyamos todos los actos realizados por el actual rector Guillermo Jaim Etcheverry y hacemos un llamamiento a la comunidad universitaria toda para que nunca más se sustituya el diálogo por la violencia, dado que es inaceptable en la democracia que deseamos vivir en nuestra universidad y en nuestra república.

* Firman los consejeros superiores profesores Juan Azcoaga, Mirtha Biscoglio, Carlos Bozzini, Aníbal Franco, Fortunato Mallimaci, Ernesto Podestá, Carlos Reboratti, Oscar Santanatoglia, Juan Vilas; apoderadas: Norma De Speziale, María Luján Tomaro; y siguen las firmas de 51 consejeros directivos de facultades de la UBA.