Mientras continúan los reclamos de los gremios docentes contra la decisión de la UBA de no renovar las designaciones de los profesores interinos mayores de 65 años, dos unidades académicas marcaron sus diferencias con el gobierno de la universidad. Las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras rechazaron la resolución del Consejo Superior que impide a los profesores ejercer su derecho a postergar la jubilación hasta los 70 años. Además, en Sociales avanza un dictamen para prorrogar las designaciones de los interinos hasta el 31 de julio.

El conflicto sobre las jubilaciones docentes en la UBA fue revelado por Página/12 en diciembre último y fue abordado nuevamente el martes pasado, ante la denuncia gremial de que entre setecientos y mil docentes de 65 años son obligados por la universidad a jubilarse a fin de mes. El Estatuto de la UBA fija que a partir de los 65 años los docentes cesan en sus funciones, pero la ley 26.508, sancionada en 2009, establece el derecho de todos los docentes a continuar en sus cargos hasta los 70 años. Las autoridades de la UBA consideran que ese derecho a opción es “inconstitucional”, porque “violenta la autonomía universitaria”. El conflicto está judicializado y, hasta tanto no se defina, el Consejo Superior de la UBA aprobó en 2011 la resolución 2067, en donde se habilita la opción jubilatoria, pero sólo para los profesores regulares (concursados), excluyendo a los interinos (contratados).

Esta semana, la Facultad de Filosofía y Letras aprobó en su consejo directivo un rechazo a la resolución 2067 del Consejo Superior, así como un pedido de derogación. Lo mismo había hecho a fin de año el consejo de Ciencias Sociales, cuya Comisión de Enseñanza aprobó por unanimidad el martes pasado un dictamen para prorrogar las designaciones de todos los docentes interinos hasta el 31 de julio, medida que intenta descomprimir la tensión en la facultad y evitar la jubilación forzada de profesores en los próximos días.

“Acá la ley no se está infringiendo –dijo ayer el rector de la UBA, Ruben Hallu–. No se están renovando los contratos porque el estatuto prevé que a los 65 años se deben jubilar.” Lo secundó el secretario general de la universidad, Carlos Más Vélez: “De la UBA no se va nadie, hay profesores consultos y eméritos de 75 años, pero el límite (para la renovación de los cargos) son los 65 años”. El funcionario señaló también la necesidad de que “se pueda producir una renovación”, ya que hay “profesionales jóvenes con doctorados y maestrías que no pueden cumplir con su vocación docente” si no hay recambio en las cátedras.

El titular del gremio AGD, Santiago Gándara, objetó “los tres argumentos de la UBA”: “La autonomía nació para que las universidades se construyeran con independencia de los poderes políticos y económicos, no para vulnerar los derechos de los trabajadores. El recambio generacional pretende instalar una suerte de ‘guerra del cerdo’, que se vayan los viejos y lleguen los nuevos. Y los docentes no son contratados. Son interinos. ¿Y por qué no se los concursa? Es la UBA la que no convoca los concursos”.

“Nos sigue preocupando la gente a la que le falta uno o dos años para lograr los 25 años de antigüedad necesarios para acceder al 82 por ciento móvil”, dijo el titular de Aduba, Daniel Ricci. “El interinato debería ser una situación excepcional, y hoy tenemos entre 700 y 800 docentes que tienen 65 años y siguen siendo interinos, cuando muchos llevan veinte años trabajando”, agregó. Por su parte, el gremio Feduba solicitó una mesa de diálogo para zanjar el conflicto. “Es irrazonable la posición de la UBA –dijo su secretario gremial, Federico Montero–. Desde lo presupuestario, es insignificante. Desde lo ideológico, contraponer autonomía y derechos sociales es un contrasentido. Y desde lo político, es generar un conflicto innecesario.”

El conflicto llegó también al Congreso. La diputada Stella Maris Leverberg (FpV) presentó un proyecto para declarar que “la resolución 2067 contradice el sentido de la ley 26.508, y desconoce que los años de servicio docente se computan tanto en el caso de la condición regular como en el caso de la condición interina”. En diálogo con Página/12, la diputada Adriana Puiggrós (FpV) expresó: “Estoy preocupada por el incumplimiento de la ley. Entendemos el respeto a la autonomía universitaria, pero creemos que no debería estar por encima de las leyes de la Nación”.

Informe: Agustín Saavedra.