La inversión en educación es una inversión a largo plazo, que trasciende las coyunturas electorales. De ahí que las transformaciones que se impulsan en este sector responden a imperativos de carácter político. ¿Qué tipo de compromiso con la sociedad se espera de un profesional egresado de la universidad pública? ¿Cómo se establecen los puentes entre la actividad científica y la dinámica de desarrollo nacional y regional? Son algunas de las preguntas cuya respuesta se expresa en el lugar que ocupa la educación en la agenda pública y el modo en que se orientan los recursos para el sector, que en el caso de Argentina, desde 2003 a la fecha, acumula más del 500 por ciento de aumento en su presupuesto.

Tanto en la opinión pública como por parte de actores sociales y políticos hay consenso en lo que se refiere a la recuperación presupuestaria del sistema público primario y secundario, pero cuando se habla de educación superior las posiciones son controvertidas y con frecuencia se impone la visión de corte liberal, que promueve restricciones para este nivel. En esta línea argumental conservadora se sustenta la nota de tapa publicada por el diario La Nación con el titulo “Universidades: se reciben sólo 27 alumnos de cada 100 que ingresan” (4/6/13). Se trata del artículo que motiva estas líneas y que se basa en un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), de la Universidad de Belgrano. (Inf. Nro. 5, diciembre del 2012).

El artículo, después de descalificar como logro el reciente anuncio oficial sobre un aumento del 18 por ciento en la matrícula universitaria, compara en forma crítica la tasa de graduación argentina con los casos de Brasil y Chile donde, según el informe del CEA, se gradúan en promedio 50 y 59 de cada 100 ingresantes, respectivamente. Lamentablemente, el informe omite dar detalles sobre las diferentes características que adopta el sistema universitario en cada uno de estos países, diferencias que vuelven absurda la comparación de resultados.

En lo que respecta a la enseñanza superior, tanto en el país como en la región conviven diferentes concepciones sobre el modo en que se debe implementar la formación universitaria de carácter público. Aun entre países con gobiernos afines, como es el caso de Brasil y Argentina, hay diferencias sustantivas que no responden a cuestiones presupuestarias, sino al modo de concebir los medios, tanto para el desarrollo científico y tecnológico, como para la masa crítica que lo sustente.

Un indicador de la concepción dominante que organiza el sistema universitario es la mayor o menor participación del sector privado respecto del estatal. Por ejemplo, en el caso de Chile y a causa de las reformas iniciadas en 1980, ya no queda sistema público. Brasil tiene el 77 por ciento del sistema en manos privadas, mientras que en Argentina la ecuación es casi inversa, puesto que el 80 por ciento está en manos del estado. (Siteal/Unesco, 2010).

Entonces, los guarismos que presenta el informe del CEA y recoge el matutino centenario omiten que en el caso de Chile se trata de resultados obtenidos por el sector privado organizado bajo el paradigma de mercado (costo/beneficio), mientras que los resultados de Brasil combinan la alta influencia del sector privado (igual al de Chile) con la concepción restrictiva (de elite) en que se apoya el sistema público. Desde ya que pasar un examen de ingreso altamente competitivo, como el que atraviesan los jóvenes brasileños que ingresan al sistema universitario publico, no se explica sólo por la capacidad intelectual del postulante, sino también por los recursos económicos que una familia pudo disponer a lo largo de todo su trayecto educativo. En consecuencia, ya que la tasa de graduación se basa en un cálculo de tiempo entre ingreso y egreso, es obvio que cuando es el propio sistema el que selecciona a sus futuros graduados, lo que también está anticipando es su grado de éxito en la futura tasa de graduación.

En consecuencia, podemos postular que los avances producidos por Argentina en materia de cobertura y accesibilidad son el verdadero centro de crítica. Demás esta decir que casos como el de la Universidad de Buenos Aires, cuyo modelo, además de público y gratuito, es irrestricto y masivo, pone en crisis la mentada aseveración de que en el nivel superior el ingreso libre (indicador de democratización) es incompatible con la excelencia, que sólo se le atribuye a los métodos selectivos. Por supuesto, la oferta de proximidad y calidad que se está generando desde las universidades del conurbano es otro motivo de preocupación para los que no ven a la educación superior como un derecho.

Desde ya que la apuesta por un modelo irrestricto, de excelencia y amplia cobertura no nos exime de preocuparnos por la nivelación de los ingresantes para atenuar la deserción, que se constata principalmente en el primer año de ingreso, así como la importancia de propiciar que la universidad pública sea el lugar de encuentro entre diferentes trayectorias educativas y múltiples procedencias (socioeconómicas, geográficas y culturales), lo que requiere de programas de fomento y retención específicos, así como una actitud proactiva por parte de las instituciones educativas, ahora fortalecidas presupuestariamente.

En fin, para los que apostamos al modelo público, gratuito y además tenemos que dar respuesta a la masividad, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires, no se trata de soslayar el problema de la retención educativa y la necesidad de mejorar la tasa de graduación. Desde ya que no se nos ocurre que esa batalla haya que darla seleccionando a nuestros estudiantes, desconociendo las dificultades que aún tiene la enseñanza media para asegurar el pasaje a nivel siguiente o propiciando que los jóvenes se mantengan fuera del mercado de trabajo, para así terminar sus estudios de grado en “tiempo y forma”. Definitivamente, la opción que nos convoca es otra y supone la necesidad de seguir trabajando en la adecuando de la oferta académica sin perder excelencia, la interface de la universidad con la escuela secundaria, la ampliación de los sistemas de sostenimiento para jóvenes de bajos recursos desde el ingreso y la consolidación del modelo de territorialización. Por concepto, la mejora en los resultados de tan amplia cobertura no puede, ni debe, ser resultado de restricciones.

* Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA.