La sanción en la provincia de Buenos Aires de una ley que impedirá trabajar en el área de la computación a quienes no se hayan graduado en Ciencias Informáticas detonó una intensa polémica entre facultades, cámaras empresarias y asociaciones de usuarios. Los principales perjudicados por la norma serían los estudiantes, los egresados de otras carreras (ingenieros, físicos, matemáticos) y los no graduados que se desempeñan como analistas, programadores o asesores de sistemas, entre otras especialidades. “El ejercicio de la informática no debe estar reglamentado porque su desarrollo se basa en personas idóneas que provienen de diferentes disciplinas”, dijo a este diario Pablo Jacovkis, decano de Ciencias Exactas (UBA). Y dio un claro ejemplo: “Si hubiera existido una matrícula obligatoria, no podría haber surgido una empresa como Microsoft: Bill Gates es un excelente programador pero no tiene título universitario”.
La controvertida ley bonaerense lleva el número 13.016: surgió de un proyecto del PJ y fue promulgada a principios de año, sin debate público aunque con apoyo de sectores de la Universidad Nacional de La Plata. La ley apunta a regular las profesiones en ciencias informáticas, que sólo podrán ser ejercidas por aquellos “que posean títulos de grado superior en carreras de Ciencias Informáticas” expedidos o revalidados por universidades argentinas. La norma prevé permitir el desempeño a quienes no se hayan graduado en la disciplina pero “prueben fehacientemente haber ejercido cinco años como mínimo la profesión”. Para cumplir con lo normado, se creó un Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, ente que se encargará de registrar a los profesionales. La matrícula será requisito obligatorio para trabajar en sistemas ya sea como analista, licenciado, asesor, consultor, computador, programador, auditor o similares.
Normas parecidas a la bonaerense hay en el país desde 1987: la primera fue sancionada en Córdoba y siguieron Misiones y La Rioja. En la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura analiza un proyecto de ley presentado desde el Partido Popular Cristiano. La propuesta debatida no promueve la matriculación obligatoria, aunque ésta sí es impulsada por el ya existente Consejo Profesional en Ciencias Informáticas (CPCI) de la ciudad.
“La ley es restrictiva e impone artificiales limitaciones a una actividad de por sí muy dinámica y que tiene una influencia transversal en toda la economía”, señala un documento consensuado por un amplio conjunto de sociedades profesionales, instituciones académicas, cámaras empresarias y asociaciones de usuarios vinculados a la informática (Aads, Cabase, Cadmi, Cadie, Cessi, Cicomra, Sadio y Usuaria, entre otros), todos en desacuerdo con la norma y con la falta de consultas que precedió a su sanción, razones por las que reclaman su derogación.
El documento menciona que “la ley deja fuera del ejercicio de la profesión a significativos grupos de trabajadores. Debe tenerse en cuenta que la informática... es ejercida con solvencia por calificados profesionales de muy distintas disciplinas y esa diversidad enriquece y hace posibles soluciones digitales variables a múltiples y complejos problemas. La informática es de alcance tan vasto y de espectro tan amplio que muy difícilmente pueda estar contenida en los alcances de una matriculación obligatoria”. De hecho, además de excluir a los que no tienen diploma y a los alumnos que trabajan antes de egresar, la matriculación excluiría a graduados en Física, Matemática y diversas ingenierías.
“La tarea informática es básicamente interdisciplinaria. No parece adecuado circunscribirla”, dijo a Página/12 el decano de Ciencias Económicas (UBA), Carlos Degrossi. También criticó la ley la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. “¿Cómo va a hacer la provincia para cumplir con la ley? –interrogó Jacovkis–. ¿Va a echar a todo el personal no matriculado? En ese caso, colapsaría el sistema informático provincial. ¿O los va a obligar a matricularse? Si lo hace, estaría convirtiendo a ese colegio en una enorme fuente de ingresos... Todo esto sólo puede entorpecer o encarecer el desarrollo de la informática, un área clave para que el país exporte productos con valor agregado.”