Los docentes universitarios acusan a los funcionarios que encabezaron el Ministerio de Educación durante la última década de desviar fondos destinados a los investigadores para tapar agujeros presupuestarios. De acuerdo con un informe preparado por el sindicato Conadu, el programa de incentivos a los docentes investigadores, en lugar de financiar a sus beneficiarios, “se constituyó en una de las cajas chicas más fáciles de utilizar para gastos propios del ministerio”, y desde 1994 hasta hoy “se realizaron gastos desconocidos y absorbieron recortes de presupuesto por más de 114 millones de pesos”. En diálogo con Página/12, el actual secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, retrucó: “El programa fue afectado por diferentes subejecuciones presupuestarias. Pero nunca se usó esa plata para cuestiones distintas de las fijadas por el presupuesto”.
El Sistema de Incentivos a los Docentes Investigadores fue creado por decreto en 1993 y empezó a funcionar un año después. “En esa época se diagnosticó que la calidad del sistema universitario había disminuido tras el vaciamiento producido por las persecuciones políticas de la dictadura. También se detectó que la mayoría de los docentes con dedicaciones exclusivas no hacía investigación –explicó Cristina Palacios, coordinadora del programa–. El desafío era implementar un sistema que respetara la autonomía de las universidades y estimulara el ejercicio simultáneo de la docencia y la investigación.” En la actualidad, cerca del 20 por ciento de la planta docente universitaria integra el programa: son 19.333 personas para las que el incentivo incorpora un plus de entre el 30 y el 120 por ciento de sus sueldos, según las categorías.
El programa implicó una conflictiva categorización de los investigadores según su cargo docente, tareas desempeñadas y resultados obtenidos. Otro problema ha sido su constante subejecución. El presupuesto anual del incentivo ronda hoy los 65 millones. El último pago correspondió al segundo cuatrimestre del 2001 y este mes recién se estaría pagando la última cuota de aquel año.
Los gremios docentes nunca aprobaron el Sistema de Incentivos. Sus argumentos insistieron en que instaló el pago en negro y la reforma laboral, desfinanció a las obras sociales, quebró el nomenclador salarial y la asignación por antigüedad. Pero ahora, Pedro Sanllorenti, secretario adjunto de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (la Conadu, uno de los dos gremios nacionales), presentó un informe sobre el trayecto recorrido por el programa en su década de vida. Algunos extractos:
- “Las sucesivas gestiones del Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias... mientras excluían a beneficiarios del programa, reducían sus haberes y retrasaban el pago de cuotas, no dudaban en recurrir al programa de incentivos cada vez que necesitaban recursos.”
- “De esa manera evitaron recortes mayores a los presupuestos de funcionamiento de las universidades, que fueron privilegiados en su ejecución en lugar de los incentivos a los docentes investigadores... En los últimos años, el porcentaje de ejecución de los incentivos a los docentes investigadores siempre fue menor que el de las partidas de funcionamiento: en el 2002 se devengó el 98 por ciento de la mayoría de las partidas, y de los incentivos sólo el 59 por ciento.”
- “¿Cuál es el fundamento legal de los desvíos y recortes? En ese accionar, que persiste, el Poder Ejecutivo no hace otra cosa que destinar fondos a un fin diferente del que el Poder Legislativo le asigna.”
- El texto es acompañado por un detalle de los montos del programa recortados cada año. Por ejemplo: en 1996 se recortó un 40 por ciento (casi 28 millones); en 1999, un 27 por ciento (19 millones); en el 2000, un 22 por ciento (15,4 millones). En total, la Conadu calculó que faltan 114 millones. Aunque se preocupó por deslindar su responsabilidad sobre las gestiones anteriores, el titular de Políticas Universitarias aseguró que no hubo desvío de fondos. “Hay control institucional sobre el destino de los recursos –dijo–. En mi gestión, es cierto que se han pagado las transferencias directas a las universidades (sueldos y gastos) con prioridad respecto de los programas del ministerio. Por eso, obviamente, las subejecuciones presupuestarias afectaron más a programas como el de incentivos.” Pugliese recordó que ahora el ministro Filmus decidió pagar mes a mes los incentivos hasta cubrir la deuda. “Nos podremos al día para mediados del año que viene”, estimó. En defensa del programa, su coordinadora esgrimió cifras: “En 1993, el porcentaje de docentes investigadores era del 11 por ciento de la planta. En el 2000, el porcentaje era del 24 por ciento”.