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Por Rafael González *

Diferentes conflictos que atraviesan la UBA plantean la discusión sobre la democratización. La legitimidad de la estructura del gobierno universitario (GU) está en crisis: en los últimos años, y aun ahora, se han tomado decisiones en contra de la mayoría de los docentes, no docentes y alumnos, que derivaron en serios conflictos. Que la mayoría de los cargos docentes no estén concursados, que sólo los profesores regulares voten en ese claustro –que posee la mayor representación dentro del GU–, que el claustro de graduados en muchas ocasiones esté manejado por verdaderos aparatos políticos que controlan el empadronamiento, bastan para demostrar la necesidad de democratizar al GU. Para ello, debería darse un amplio debate en la UBA y “hacer vinculante” de alguna forma el resultado a una reforma del estatuto.
En cuanto a la legitimidad de las decisiones del GU, últimamente se han producido varios conflictos: en Sociales (Sociología), Ingeniería (intento de remoción del decano), Exactas (modificación de reglamento del Cefiec y de los concursos de docentes auxiliares). En Exactas o Ingeniería, las mayorías circunstanciales de los consejos directivos plantean que es legítimo tomar decisiones más allá de si la mayoría de un claustro, o departamento está de acuerdo: el haber ganado las elecciones los imbuiría automáticamente de la representación mayoritaria. En lo estrictamente reglamentario les asiste la razón. Es lo que podríamos llamar “democracia reglamentaria”, que es a su vez “jerárquica”, ya que se basa en el voto calificado de los profesores. Con esta concepción no importa si la mayoría de los docentes y alumnos del Cefiec está de acuerdo con la modificación de su reglamento, o se arguye que la presentación de 200 firmas de docentes, pidiendo la reconsideración de la reforma del reglamento de concursos es minoritaria ya que hay 1600 docentes (aunque si se fuera coherente, se debería sostener lo mismo del hecho de que 280 profesores que votaron en las elecciones detentan el 50 por ciento del consejo).
Frente a esta concepción, oponemos una “democracia participativa”. Dado que el acto electoral no imbuye de representación en forma permanente, que los representantes muchas veces son electos por la minoría del padrón, que los representantes podrían no respetar el contrato electoral, o que hay nuevas situaciones respecto del momento de la elección, es fundamental crear instancias de participación y consulta que aseguren que las decisiones sean tomadas por la mayoría y de la forma más “horizontal” posible. Esto es válido también para nosotros como gremio. Todos los métodos que tiendan a la participación de las mayorías –en especial de los involucrados– y a la toma de decisión consensuada y horizontal, son válidos: plebiscitos, petitorios, asambleas, movilizaciones, jornadas de discusión. Es más, para abrir la universidad al pueblo, y tener más claro cuáles son las cuestiones que deberíamos considerar al tomarlo como destinatario de nuestra tarea, deberían crearse mecanismos de consulta con la sociedad y sus organizaciones populares.

* Secretario general de la AGD en la Facultad de Ciencias Exactas (UBA).