Por Jorge Aliaga *

En un artículo de opinión publicado en Página/12 se planteó la discusión sobre la forma de gobierno de la universidad (GU), en particular de la UBA. Allí se mezclan dos cuestionamientos a la legitimidad de la estructura del GU que deben ser diferenciadas: se cuestiona la forma en que el GU está integrado y se da como prueba de la falta de legitimidad el hecho que se hayan “tomado decisiones en contra de la mayoría de docentes, no docentes y alumnos”. Sin entrar a discutir si efectivamente esto fue así, ambos argumentos tienen una línea conductora: para que la universidad sea “democrática” debe ser gobernada siguiendo la opinión del “pueblo”, o sea de los docentes, no-docentes y alumnos. La universidad pública recibe fondos que aportan todos los ciudadanos y es autónoma. Se le asigna la enorme responsabilidad de administrar esos fondos para cumplir de la mejor forma con el objetivo de proveer educación, generar investigación científica y tecnológica y ofrecer extensión para el pueblo. El pueblo son todos los argentinos, ya que sostienen la universidad pública. Digo que la responsabilidad es enorme porque un grupo de representantes elegido por compañeros de trabajo o estudio deben actuar administrando un bien para el interés general y no para el propio. Eso genera muchas situaciones de conflictos de intereses ya que la condición humana aflora también en los universitarios. Lo que en la nota de referencia se presenta como una dicotomía entre democracia “reglamentaria” o “ participativa” puede plantearse en los términos de democracia “representativa” o “directa”. Si creemos que podemos honrar la autonomía, veamos cómo organizar la democracia representativa (representación en el GU, profesores interinos, falta de concursos, claustro único docente, peso de cada claustro, etc). Respecto de la democracia directa no hay forma de garantizar un mecanismo transparente dado que el que realmente debe opinar es el pueblo de la Nación, aunque ciertamente se podrían hacer plebiscitos o consultas populares, como ocurre en muchos países del mundo. Si la propuesta de democracia directa se refiere al asambleísmo universitario, eso no es democracia. Se logrará una lucha entre pequeñas estructuras políticas, casi siempre sin representación electoral en la sociedad ni en la universidad, copando las discusiones y decidiendo según sus intereses inmediatos. Lo que decida una cátedra, un departamento, o una facultad, aun con el 100 por ciento de apoyo de sus miembros, no debe ser necesariamente legitimado en el órgano de gobierno superior con el solo argumento de ese apoyo “popular”. Estos organismos deben aprobar lo que consideren que es mejor para el pueblo de la Nación y defender los objetivos de la universidad toda, no los de un grupo de interés relacionado con un ámbito de trabajo y estudio. De hacer lo contrario sus miembros deberían ser procesados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y ser socialmente identificados como un caso más de corrupción a los que muchos dirigentes nos tienen acostumbrados.
* Profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).