Los rectores universitarios se esfuerzan por enviar señales de sintonía al Gobierno. Pero los números siguen sin cerrarles. La aprobación del Presupuesto 2004 por parte de la Cámara de Diputados les dejó un sabor amargo a la mayoría de las autoridades de las casas de estudios nacionales. Y no sólo porque los legisladores desoyeron los ruegos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y apenas mejoraron el magro incremento previsto por el Poder Ejecutivo. Lo que generó más malestar fue que, además, los diputados retiraron fondos de programas comunes a todas las instituciones y, arbitrariamente, concentraron esos recursos en un puñado de universidades. “Las razones de esa redistribución no fueron explicitadas, por lo que aparece como una decisión totalmente debida a razones políticas”, protestó por lo bajo un rector, en diálogo reservado con Página/12. Hoy habrá un plenario extraordinario del CIN para tratar estas cuestiones.
De aprobarse el presupuesto tal como salió de la Cámara baja, la crítica situación de las universidades no variará demasiado en 2004. Cabe apuntar que un informe realizado en una comisión del CIN concluyó que, para mantener el mismo poder adquisitivo de hace una década, las universidades deberían contar hoy con un presupuesto de 5316 millones de pesos. Como este año los fondos previstos apenas suman 1991 millones, la conclusión fue que las casas de estudios han perdido casi un 70 por ciento de sus recursos. Tras ese diagnóstico, los rectores se contentaron con reclamar un 17 por ciento de aumento (345 millones) y otros 600 millones para mejorar los pauperizados salarios de docentes y empleados no docentes. No obstante, el Gobierno elaboró y envió al Congreso un proyecto de presupuesto sensiblemente inferior, con un incremento de sólo 64 millones.
Después de diversas reuniones, incluida una con el Presidente, los rectores lograron que de Diputados saliera una versión mejorada de las cifras. A los 2028 millones que irán directo a las universidades se sumarán 55 millones de un plan de recomposición salarial y otros 35 millones irían para programas de ciencia y tecnología. También se incluiría a las casas de estudios en el plan de infraestructura. Bajo la presidencia del titular de la Universidad de La Plata, Alberto Dibbern, el plenario del CIN analizará hoy el escenario planteado y debatirá una posición conjunta.
Uno de los problemas que abordarán los rectores proviene de la redistribución de recursos aprobada por los legisladores, algo similar a lo que ocurrió el año pasado. “Hay asignaciones a algunas universidades que van a contrapelo de lo que los mismos diputados nos pedían a los rectores: distribuir los fondos con pautas objetivas –dijo Mario Barletta, rector de la Universidad del Litoral–. ¿De qué valen tantos esfuerzos realizados para consensuar un criterio de asignación de los fondos si después, sin dar motivos que lo justifiquen, aparecen desvíos a costa de recursos que deberían ir a todas las universidades?”
De las negociaciones desatadas en Diputados resultó que siete millones de pesos fueron quitados de programas que debe administrar el Ministerio de Educación. Los millones pasaron sin más trámite a engrosar las arcas de las universidades del Centro de la Provincia de Buenos Aires, La Matanza, Quilmes, Tres de Febrero, Jujuy, Lomas de Zamora y Formosa.
“Según un acuerdo no escrito del CIN, las universidades con más de 7 mil alumnos necesitan un piso presupuestario de 10 millones. Y esos fondos no se le podían restar a ninguna universidad, por eso se tomaron de los programas del ministerio –explicó Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús–. Lo extraño es que algunos rectores critiquen a Lanús y a Tres de Febrero, cuando nadie dice nada de los millones que se destinan a una universidad inexistente o a otras recién creadas.” La referencia apuntaba al Centro Universitario de Junín y a dos flamantes universidades nacionales, ambas creadas pese a la oposición del CIN: las de Chilecito (en La Rioja) y la del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
En el conflicto presupuestario también están terciando los gremios. “Nuestra propuesta es que con esos fondos se incorpore dentro del salario básico todo lo que perciben los docentes. Así recuperaríamos el nomenclador, que está roto desde el ‘91”, reclamó Daniel Ricci desde la Conadu.