En los últimos meses, desde distintas columnas de opinión de los diarios Clarín y La Nación se han venido poniendo en cuestión varios aspectos alrededor de la universidad. Críticas que van dirigidas hacia la creación de nuevas universidades en los últimos años, a las partidas presupuestarias, al carácter político de las universidades o a la calidad académica, hasta llegar al cinismo de plantear la pregunta de si tiene algún sentido ir a la universidad. Si algo aprendimos en todos estos años, es que la información nunca es neutral, que los medios de comunicación son dispositivos de poder performativos, que producen efectos reales sobre la sociedad. El objetivo implícito es generar un clima de opinión que haga posible el desfinanciamiento del sistema universitario.

La universidad, como toda institución, es una institución política. Expresa determinados deseos, intereses, en suma, valores, de una sociedad o un pueblo por aprender, por pensar, por saber, por expresarse: un deseo de vivir mejor. En general, cuando desde ciertos sectores se ataca a la universidad, se hace desde una visión elitista, que considera que no todos pueden acceder a los estudios superiores, o que no todos tienen iguales derechos. Resulta una obviedad que el capitalismo, aún en su versión neoliberal, no precisa de sujetos críticos; necesita una masa de consumidores pasivos y una fuerza de trabajo disciplinada.

En una nota anterior, publicada en este mismo diario, me referí a la universidad como una poética del espacio. Quisiera volver a aludir a esa idea, para sostener la fuerza expresiva de la universidad en términos éticos, estéticos y políticos. Esto significa comprender a la universidad no como mero resguardo de conocimientos, ni como laboratorio de reproducción de la fuerza laboral. La universidad es, fundamentalmente, una potencia colectiva y plural de pensamiento y acción que despliega sobre un territorio su fuerza de imaginación y creación.

La crítica al presupuesto otorgado a las universidades, que en buena hora ha aumentado y mucho en estos años, oculta, por mala fe o ignorancia, el carácter complejo del sistema de distribución de recursos. El presupuesto real con el que cuenta cada universidad depende no solo de la magnitud de la institución (cantidad de alumnos, docentes y no docentes), sino también de una heterogeneidad de funciones que ejerce cada una. Todas las universidades nacionales desarrollan, además de sus actividades de docencia, diversos programas de investigación, de vinculación territorial, de formación docente, de articulación con los colegios secundarios, de asesoramiento a empresas y agencias gubernamentales, de acceso a bienes culturales, entre otras tantas cosas que hacen a los fines y funciones de la universidad. A esto se le suma, la necesidad que tienen las universidades nuevas de mayor presupuesto para poner en funcionamiento diversos mecanismos institucionales que van, desde el desarrollo de infraestructura hasta programas de tutorías y acompañamiento pedagógico, y que deben ir acompañadas al mismo tiempo con políticas de Estado que consoliden los procesos de inclusión, sobre todo en los casos de territorios con poblaciones con mayores grados de vulnerabilidad y mayor nivel de precariedad en las condiciones de acceso a los estudios.

La crítica a la calidad académica también exige una consideración. Desde luego que la calidad académica es una condición a lograr de toda institución educativa, pero lo que tenemos que plantearnos es qué decimos cuando decimos calidad. La calidad es una construcción política, que implica priorizar ciertos elementos en detrimento de otros. Muchas veces la calidad se mide con parámetros realizados en el extranjero, con necesidades y demandas distintas de las nuestras. Esas mediciones generan, en muchos casos, una colonización del pensamiento y el conocimiento que va en detrimento del desa- rrollo nacional. Tampoco puede servir de recurso retórico para poner en cuestión la inclusión social. Una universidad es una buena universidad si y solo si es al mismo tiempo una universidad de calidad y para todos. De lo contrario, se convierte, como lo ha sido siempre a lo largo de la historia de Occidente, en un espacio de construcción de elites.

Desde luego, el trabajo no es sencillo, implica nuestros mayores esfuerzos de pensamiento y acción para lograr que la universidad sea un derecho universal efectivo. Reconociendo que el derecho a la universidad no es solamente el derecho que tienen los sectores tradicionalmente excluidos a ingresar, permanecer, y egresar de la universidad. Es el derecho de toda la sociedad a la universidad.

Una sociedad democrática precisa de un espacio agonista de deliberación conflictual. No debiera ser un problema que desde determinados sectores se pongan en discusión las funciones y los fines de la universidad: el para qué y para quiénes. Aun cuando los intereses de esos sectores sean manifiestamente contrarios a los de las grandes mayorías. Sin temor a la discusión, debemos decir que el carácter vibrante de la deliberación pública se halla en el corazón de toda sociedad verdaderamente democrática, y constituye uno de los núcleos de la gran tradición universitaria argentina. Lo que no se puede hacer es mentir, tergiversar o disfrazar intereses sectoriales bajo la falsa idea de abrir un debate plural. La cuestión de la universidad es un tema de todos, demasiado importante para que sea banalizada desde los escritorios de consultoras privadas o corporaciones mediáticas.

A dos años del centenario de la reforma universitaria, sin dudas nos debemos una discusión amplia, plural y abierta acerca de rol de la universidad, de su relación con el Estado y con la sociedad, con el sistema productivo; y también con los partidos políticos, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con las organizaciones populares. Pero el piso de este debate debe ser entender a la universidad como un bien público y un derecho real y efectivo para todos y todas.

* Politólogo.