“Cuando yo era estudiante, la autonomía correspondía al derecho de asilo frente a las persecuciones de la policía. Cuando era profesor, la autonomía consistía en la libertad de cátedra, nos defendía de un Estado intrusivo. Pero desde la llegada del neoliberalismo, al Estado dejó de interesarle la universidad. Hoy casi tenemos que pedirles a los gobiernos que se interesen por ella. La autonomía está menos amenazada por el Estado que por los poderes fácticos del mercado.” El intelectual chileno Miguel Rojas Mix ponía así en cuestión, hace algunas semanas, la actualidad del concepto de autonomía universitaria. Al margen de las adhesiones o rechazos a su planteo, la cuestión viene a cuento porque, como trasfondo de la polémica que mantuvieron recientemente el Ministerio de Educación y la Universidad de Buenos Aires (UBA), subyace una diferente concepción sobre qué es y qué implica la autonomía, cuál es su alcance y cuáles sus límites.
Una respuesta posible está implícita en las propuestas impulsadas por la Secretaría de Políticas Universitarias. Son cuatro líneas de acción: articular la universidad con la escuela; crear ciclos comunes para familias de carreras; mejorar las carreras de Ingeniería, y aumentar las dedicaciones docentes exclusivas. Al anunciar el plan, el secretario Juan Carlos Pugliese se refirió al aporte que la universidad debe hacerle a la Nación y los cambios que precisan las instituciones: “El aporte principal de la universidad debería ser recuperar su responsabilidad social”. Y dijo que las propuestas serán impulsadas con “la herramienta financiera”, con programas que darán más recursos a las instituciones que los pongan en práctica. Tanto el ministro Daniel Filmus como el propio presidente Néstor Kirchner han ratificado su respeto por la autonomía.
El gobierno de la UBA –la universidad más importante del país– cree que esos planes avasallan la autonomía y, según un informe interno, son “una demostración de la pretensión del Ministerio de Educación de convertir a las universidades nacionales en meras dependencias suyas... Ejerciendo de hecho una extorsión”, al condicionar la llegada de fondos. El rector Guillermo Jaim Etcheverry ha criticado a quienes, desde afuera de la institución, pretenden decir cómo reformarla. También ha señalado que la UBA no está aislada y que está al tanto de las demandas sociales a través de sus alumnos, docentes y graduados. De esa perspectiva deriva otra respuesta posible: “Cada universidad, en consonancia con las demandas que expresa la sociedad a la que sirve, debe establecer sus políticas estratégicas”, en lugar de seguir las definidas por el Estado.
A excepción de la UBA, los planes oficiales no generaron hasta hoy oposición en la mayoría del sistema. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) los aceptó y su presidente, Aníbal Billoni, estimó: “De ninguna manera se roza o afecta la autonomía. Otras universidades no piensan así. Pero, en ese caso, ¿qué política educativa superior puede hacer el Estado nacional? Ninguna... Con programas, puede orientar a las universidades a definir líneas de acción de acuerdo con las prioridades del país”.
Para ampliar el debate, Página/12 consultó a Alejandro Finocchiaro, autor del recién publicado UBA c/Estado nacional. Un estudio sobre la autonomía universitaria: “La autonomía es el instituto que permite a las comunidades universitarias producir y divulgar conocimientos científicos sin interferencias del poder político, en ese sentido todos los universitarios somos autonomistas... Sin embargo, el ejercicio responsable de la autonomía implica no olvidar que es la sociedad en su conjunto la que con un enorme esfuerzo nos financia, en especial los que menos tienen, quienes aportan para mantener nuestras aulas, mientras sus hijos posiblemente nunca lleguen a la universidad”. Profesor en la UBA y decano de Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza, Finocchiaro sostuvo que “la autonomía no puede consistir en un mero espacio de abroquelamiento para sostener privilegios arcaicos. El problema no es legal, urge cambiar la cultura que rige la relación entre las universidades y el Estado”.
Agustín Vanella, representante de la mayoría estudiantil de la UBA, advirtió que “las políticas activas del Gobierno son violatorias de la autonomía y de la Constitución porque las reformas educativas debe plantearlas el Congreso y no el Poder Ejecutivo. La universidad tiene que producir conocimiento y atender los problemas de la sociedad, pero no son algunos funcionarios tecnocráticos los que deben decir cómo hacerlo. Eso le corresponde a la universidad. Pero, para hacerlo, la universidad tiene que buscar una mayor vinculación con la sociedad, para ser más pública y gratuita”.
Otra mirada introdujo María Pía López, docente de Ciencias Sociales (UBA). Para ella, la autonomía arrastra los mismos problemas que el resto de los resultados de la reforma universitaria: “Por un lado, es una conquista democrática, que es muy necesario preservar y defender, en especial porque en general cuando se la discute es por la falta de adecuación de la universidad al mercado; y por otro lado, es una especie de fetiche que impide poner en discusión lo que creo el problema central de la universidad argentina: su falta de sentido en relación con un proyecto de Nación. Al no tenerlo, como dijo Sara Rietti hace unas semanas en una entrevista, supone una enorme inversión de recursos, no sólo económicos, en producir profesionales o investigadores para el mercado, pero lo hace con recursos nacionales, públicos. Por eso, si el planteo del ministerio es atar la producción de conocimiento más aún al mercado, hay que enfrentarlo seriamente, pero sin dejar de considerar que es necesario que la universidad salga de la mera autorreproducción. En general, la universidad se abroquela ante lo que percibe como ataques, en una posición defensiva, que le ha impedido, hasta ahora, encarar seriamente sus problemas”.