Zozobrando. Así entró la Universidad de Buenos Aires en la recta final hacia las elecciones que, a fines de octubre, comenzarán a renovar a las autoridades y los consejeros de las facultades. Para empezar, las propias elecciones está en zona de riesgo, al menos en el claustro docente: impedidos de ejercer su derecho a votar como profesores, los docentes concursados del Ciclo Básico Común (CBC) decidieron presentarse ante la Justicia y solicitar una medida cautelar para que se suspendan los comicios. Atravesado también por diversos intereses electorales, el otro conflicto que hoy inquieta en la universidad se vincula con la investigación sobre el destino todavía no aclarado de unos 180 millones de pesos.
Del 24 al 28 de octubre están previstos los comicios para renovar los consejos directivos de todas las facultades de la UBA. En forma simultánea, estudiantes, graduados empadronados y profesores regulares elegirán a sus representantes. Después, los consejeros electos designarán a los decanos de facultades –que ejercerán durante cuatro años desde marzo próximo– y luego, una asamblea universitaria elegirá al rector para el período 2006-2010. Estas elecciones se realizan cada cuatro años y, con la misma regularidad, su inminencia suele tensar el clima en la universidad.

- Los excluidos. Aunque seleccionados por concurso y, por lo tanto, según el estatuto de la UBA, con derecho a elegir a sus representantes en el cogobierno, los profesores del CBC nunca han podido votar en su claustro, porque el primer ciclo de todas las carreras de la UBA carece de una estructura autónoma y autogobernada, no es una facultad ni una unidad académica. Para zanjar provisoriamente el asunto, el rector Guillermo Jaim Etcheverry, con el apoyo del claustro docente del Consejo Superior, había presentado una proyecto ante ese cuerpo para habilitar a los 160 profesores regulares del CBC a votar este año como profesores de las facultades correspondientes a las materias que dictan (o, si se trata de materias comunes a diferentes facultades, a votar en la unidad académica que otorgue el título con que se graduaron). Pero la moción fue rechazada y, con el voto definitorio de los decanos, la mayoría del Consejo Superior aprobó que los docentes en cuestión sólo podrán votar como graduados en las facultades de origen.
“Somos profesores regulares de la universidad. No pueden decidir con una resolución, en una medida corporativa, que pasemos a ser graduados. Es un acto discriminatorio. Queremos tener acceso efectivo a nuestros plenos derechos como profesores”, explicó a Página/12 uno de los 60 profesores concursados del CBC que decidieron recurrir a la Justicia. “Obviamente, todo esto tiene que ver con un tema de fondo, que es la institucionalización del CBC, algo que hace 20 años se viene demorando”, agregó. “Los apoyamos. Que sus derechos no sean respetados atenta contra la democratización de la universidad”, dijo Fortunato Mallimaci, consejero por la mayoría del claustro de profesores. También la gremial docente apoya el reclamo.

- La investigación. Esta semana se reflotó la discusión sobre el destino dado por la UBA a unos 160 millones de pesos entre 2002 y 2004. La comisión investigadora integrada por decanos, consejeros y un no docente (Apuba) concluyó su auditoría y presentó un informe preliminar, el lunes pasado, ante las comisiones ampliadas del Consejo Superior. Los fondos analizados habrían surgido del ahorro por aportes patronales no pagados gracias a un acuerdo con la AFIP, deudas del Estado arrastradas de ejercicios anteriores, ingresos por recursos propios y por pesificación. ¿Para qué se habrían usado? Principalmente, para tapar el déficit presupuestario, para financiar a la obra social Dosuba y al Hospital de Clínicas. Por lo que pudo saber este diario, las principales objeciones apuntan al modo en que se gastaron esos 160 millones, aparentemente obviando la autorización del consejo y apelando a adelantos financieros, una modalidad extraordinaria que permite sortear pasos administrativos.
En los próximos días, el rector tendrá que responder los cuestionamientos de la auditoría y, recién entonces, el consejo tratará el tema. La difusión parcial del informe motivó una declaración pública de Jaim Etcheverry: “Desde el comienzo de esta gestión formulé reiteradas referencias acerca del desorden administrativo existente en la UBA... Mi propósito fue, y sigue siendo, que todos los fondos queden bajo el control del Consejo Superior, regularizando una situación que se arrastra desde hace muchos años. Su solución se ha demorado como consecuencia de evidentes errores y de la complejidad técnica generada por el comentado desorden... Lamentablemente, acaba de darse a publicidad un informe presentado ante las comisiones del cuerpo antes de que éste cuente con todos los elementos de juicio para elaborar conclusiones”, hecho que, para el rector, “responde al evidente propósito de desacreditar a esta gestión ante la inminente renovación de autoridades”.