Seis de los siete detenidos mientras se realizaba la asamblea de la UBA –el lunes, en el Congreso– fueron liberados ayer, aunque seguirán imputados en la causa por “atentado, resistencia a la autoridad y daños” contra un edificio público. La decisión del juez Guillermo Montenegro liberó a un docente y cinco estudiantes de la universidad: Mauro Morgenfeld, que da clases de biología en Ciencias Exactas; Agustín Vanella, consejero superior y ex titular de la FUBA; Daniel Di Carlo, Sofía Helgani y los hermanos Alejo y Roberto Caibano. No corrió la misma suerte el séptimo detenido, Horacio Segovia, un transeúnte que resultó tener pedido de captura por robo.

Por la mañana, los detenidos se negaron a declarar. A esa hora, estudiantes y dirigentes de las agrupaciones de izquierda que conducen la federación universitaria se concentraban frente a los tribunales de Comodoro Py, preocupados por la situación y el estado de sus compañeros.

Carteles y pancartas reclamaban su libertad. Más tarde, el juez firmó la excarcelación y, pasadas las 19, fueron liberados de la Superintendencia de Investigaciones, en Avenida General Paz y Madariaga.

El abogado de Vanella, Luis Orellana, anunció que su defendido ampliará las denuncias contra la policía por la forma “extremadamente violenta” en que fue detenido, sufriendo golpes en sus costillas y espalda. Según el abogado, los hechos ocurridos frente al Congreso serán incorporados como nuevos elementos de prueba para apelar el rechazo al amparo presentado por la FUBA pidiendo la suspensión de la asamblea. “A los manifestantes los golpearon en forma brutal”, agregó Marcelo Parrilli, abogado, quien vinculó los violentos incidentes con “la formación ideológica de la policía, que no tolera las manifestaciones”.

Uno de los más lastimados fue Morgenfeld, duramente golpeado sobre las escalinatas del Congreso (ver foto). “En repudio a la represión”, el gremio AGD convocó a los docentes de la UBA a suspender ayer y hoy “durante 10 minutos toda actividad académica”.

En defensa del megaoperativo policial montado alrededor del Congreso para proteger la elección del rector se manifestó ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández: “Teníamos la responsabilidad de custodiar el Congreso y eso hicimos, los resultados están a la vista”, presumió.

Además de los incidentes, también tuvieron repercusiones las declaraciones de Rubén Hallú contra los estudiantes, en las que los acusó de “delincuentes” al final de la asamblea obstaculizada por las protestas estudiantiles. María Damasseno, copresidenta de la FUBA, dijo que la federación denunciará judicialmente al nuevo rector por discriminación. Para Damasseno, los dichos remitieron “a lo peor de la dictadura militar” y tuvieron “un nivel de patoterismo y sadismo muy grande”.