“Un proyecto intelectual”

Por federico schuster *

En estos días la asamblea de la Universidad de Buenos Aires se reunió por primera vez desde la recuperación del estado de derecho para discutirse a sí misma, poniendo en consideración la reforma de su estatuto. No es poca cosa y no fue de un modo calmo y espontáneo cómo se llegó a esta instancia. Son conocidos por todos los conflictos que la UBA vivió el año pasado en el contexto de la elección de su rector. Sin embargo, puesto el escenario de la asamblea, no se dio el lunes 6 el clima de entusiasmo reformista que quizá la sociedad argentina hubiera esperado. A esta altura, esa misma sociedad se estará preguntando si los problemas universitarios tienen solución. Para dar algún intento de respuesta a esta pregunta (que nos sitúa de algún modo en el horizonte del futuro de la universidad), resulta necesario dar cuenta, al menos sumariamente, de cómo se llegó hasta aquí –es decir, cómo es el pasado inmediato– y de cuáles son las condiciones del presente.

Entre 1958 y 1966 (período en el que se redactó el estatuto vigente) la Universidad de Buenos Aires –aun siendo autónoma y entrando muchas veces en franca confrontación con los gobiernos de turno– constituía para el Estado una herramienta fundamental en un proyecto de modernización y desarrollo, para un país con una economía en expansión y una importante movilidad social. En tal sentido, el estatuto refleja el proyecto de una universidad científica y moderna, que remite, a su vez, a principios de la Reforma de 1918. En él, sin embargo, se revelan rastros de una negociación del nuevo proyecto universitario (encarnado en figuras como Risieri Frondizi, Rolando García y José Luis Romero, entre otros) con la tradición de la UBA, que incluye importantes elementos profesionalistas. La Noche de los Bastones Largos fue un factor decisivo en la ruptura de un proceso universitario con inmensas potencialidades intelectuales y sociales. Se trataba, no obstante, de una universidad mucho más pequeña que la actual.

En 1973, a las demandas ya existentes se le agregó la de la democratización del conocimiento, así como la de su utilidad social. Se estableció el ingreso irrestricto, con el fin de alentar el cumplimiento del derecho universal a la educación superior, y surgieron múltiples intentos de experimentación docente, frente a las tradiciones catedráticas existentes. El proyecto universitario iniciado entonces fue rápidamente interrumpido por la intervención de Ottalagano.

No resulta seguramente necesario recordar el nivel de destrucción que la dictadura iniciada en 1976 produjo en y a la universidad, ya que esos daños fueron parte de la política de terror y represión del gobierno militar hacia el conjunto del país y la sociedad: la universidad también fue puesta al servicio de un proyecto de concentración de la riqueza y de devastación de la capacidad productiva nacional.

Desde 1983 hasta acá recuperamos nuestras instituciones y muchos profesores proscriptos, expulsados y perseguidos pudieron volver a las cátedras y a los departamentos. Con ello, se dio lugar a un proceso de reconstrucción universitaria. Esto, sin embargo, no resultó completo. El hecho de no haber anulado los concursos ilegítimos de 1982 impidió una completa renovación del claustro de profesores. La subordinación de la universidad a los intereses partidarios impidió el debate respecto de cuál iba a ser su sentido en la nueva etapa. La creación del CBC fue un proyecto que intentó dar cuenta de las necesidades de la época, pero ni siquiera esto resultó nunca incorporado en las bases institucionales de la UBA. Desde el Estado, a su vez, no ha habido políticas sistemáticas de reparación del daño producido a la universidad en los años de plomo ni tampoco ningún proyecto estatal de desarrollo de la UBA. Es más, da fuertemente la sensación de que la universidad no ocupó ni ocupa lugar alguno en los proyectos de país que han sustentado los diferentes gobiernos nacionales en estos casi veinticuatro años. Más allá de su capacidad para contener a los jóvenes en épocas de crisis (la así llamada “universidad playa de estacionamiento”) o el interés político particular de caudillos provinciales o locales, parecería que la universidad, en tanto productora de conocimiento y generadora, al mismo tiempo, de derechos y de recursos sociales, no le interesa a nadie. La proliferación de universidades en el país no ha significado de modo alguno un reflejo de algún aumento de la importancia y el valor público que se asigna a estas instituciones. La crisis de legitimidad de la institución universitaria, que tan bien ha descrito Boaventura de Sousa Santos, su mercantilización y pérdida de sentido, se han unido a los intereses inmediatos y estratégicos de las corporaciones y naciones más poderosas del planeta en un doble sentido: el usufructo comercial de los mercados universitarios de nuestros países y la restricción al desarrollo de producción competitiva de alta tecnología y conocimiento crítico.

En este contexto, y con actores devaluados como consecuencia del mismo proceso general descripto, pero también como resultado de la crisis institucional que el país todo vive desde 2001, la asamblea universitaria no ha logrado sesionar en las condiciones debidas. No obstante, un buen número de proyectos presentados oportunamente en las comisiones de trabajo espera tratamiento. Cuestiones de importancia como la aseveración del derecho a la educación universitaria, la autonomía, la posible institucionalización del CBC, la transparencia presupuestaria, la garantía salarial para todos los docentes, la gratuidad de la enseñanza, el cuidado del patrimonio, el sentido social de la universidad, la formación académica de los trabajadores universitarios, la representación de los docentes auxiliares, los concursos y diversas propuestas en torno del gobierno y la representación (entre ellos, la elección directa de autoridades), entre muchos otros, han sido presentados para ser puestos en discusión. Se trata de un proceso importante, cuya relevancia algunos no han comprendido y otros pretenden devaluar.

El debate exige un esfuerzo de altura intelectual, hasta ahora ausente. Porque una universidad es un proyecto intelectual; político, por supuesto, pero de naturaleza básicamente intelectual. Se trata de definir cuáles son las ideas rectoras de la universidad que vamos a fundar y para ello es necesario recurrir a las herramientas del pensamiento y el conocimiento críticos que la propia universidad produce e incorpora. La asamblea debe ser una demostración de lo mejor que somos y tenemos y no de lo peor que anida en nuestra institución. Nosotros somos los sujetos de este momento histórico y como tales hemos trabajado con responsabilidad y convicción en la elaboración de proyectos. Queremos discutirlos y estamos convencidos de la relevancia de hacerlo. Sabemos que no estamos solos. Más allá de bloques o intereses particulares, la asamblea está llena de universitarios honestos y concernidos. Nos toca asumir la tarea reformista y lo haremos. Dígase lo que se diga, tenemos claro lo que queremos: una universidad científica, democrática, de calidad y comprometida con la sociedad que la sostiene y le da sentido.

* Decano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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“Una asamblea igualitaria”

Por gabriel solano *

Las camarillas profesorales y de graduados asistieron a la reciente asamblea universitaria con el propósito de dejarla sin quórum, o sea vaciarla. ¿Cómo explicar de otro modo que diplomados ilustres hubieran resignado la oportunidad de anotarse en la lista de oradores para exponer proyectos o propuestas? Este boicot desvergonzado debajo de su barniz de disimulo puso de manifiesto que el grupo dirigente no había llegado a consensuar la reforma que se venía pregonando para ajustar los estatutos a las normas de la Organización Mundial de Comercio que incorpora la educación a la gama de productos que se trafican en el mercado mundial. Basta ver los proyectos presentados por ellos en las comisiones, que reconocen en forma abierta como su fuente de inspiración los papers de la Organización Mundial del Comercio: más privatización, venta de productos de investigación para subsidiar los costos de los negocios privados y mayor limitacionismo.

La convocatoria de la sesión pretendió fingir que se daba cumplimiento a un compromiso precedente y luego pasar a un cuarto intermedio. No era necesario tener la sagacidad de un Sherlock Holmes para obtener esta conclusión, que nosotros, por otra parte, ya habíamos anticipado.

Por eso, el “escándalo” al que hace alusión la prensa no es otro que esta alevosa operación de vaciamiento del reclamo de democratización del gobierno de la UBA, o sea la agenda que impuso la FUBA al cabo de una lucha tenaz. Vaciamiento, agregamos, protagonizado tanto por los shuberoffistas como por el bloque de decanos y graduados que gusta autodenominarse como “progresista”.

Formará parte de la historia del ridículo que tanto el rector Hallú como el bloque de decanos “progres” pretendan que la FUBA tuvo una actitud boicotista, porque sus consejeros se inscribieron para hacer uso de la palabra y presentar sus ponencias. Este argumento debería ser incluido en las materias iniciales de Filo como un ejemplo sin igual de sofismo. ¿Alguien que aún conserve la capacidad de utilizar la lógica podría calificar en términos negativos el planteo de pagarles un salario a los docentes que revisten ad honorem, de establecer la gratuidad de los posgrados, de reducir los salarios de los funcionarios políticos, de eliminar las correlatividades en bloque del CBC, de otorgar un incremento de presupuesto al Hospital de Clínicas? Propusimos, asimismo, convocar a una movilización a Plaza de Mayo de toda la comunidad universitaria para reclamar un aumento del presupuesto. En varias oportunidades insistimos en dejar de lado todas las dilaciones y proceder a democratizar el gobierno universitario. Lo ocurrido en la penosa asamblea convocada por las camarillas demuestra que esta última es incapaz de establecer un estatuto democrático y un gobierno que represente el activo real de la universidad. Para que esto ocurra es necesaria una asamblea electa por el sufragio igualitario de docentes, no docentes y estudiantes. Al igual que en 1918, la disyuntiva es gobierno de camarillas o gobierno democrático, perpetuación de los privilegios o transformación política, moral y social.

¿Hace falta mencionar que la farsa oficial quedó en completa evidencia cuando la “mayoría silenciosa” se retiró en forma sigilosa para mayor vergüenza de todos sus integrantes? Los profesores rehusaron polemizar con sus alumnos; ¡qué escuela imborrable de pedagogía! ¿Cómo pretenden seguir gobernando la principal casa de estudios del país aquellos que se manejan con golpes administrativos?

La conclusión que se extrae de esta experiencia es que las camarillas profesorales apañadas por el Gobierno y los grandes grupos económicos sólo son capaces de presidir el derrumbe definitivo de la universidad pública. Están ahí para hacer un trabajo de funebreros, no el de parteros de una universidad nueva.

La campaña mediática contra la FUBA (todo un clásico de la provocación a esta altura del partido) no alcanza, sin embargo, para disimular crisis dentro de las filas de la sociedad Hallú-Sorín. Crisis que tiene como trasfondo una fuerte pelea por los cargos y el reparto del presupuesto entre las facultades. “La banda de los cuatro decanos progresistas” apoya al Gobierno que subsidia por 20 mil millones de pesos a los grupos económicos, pero que no larga un peso para la educación o la universidad. Esto explica que se haya negado a apoyar la convocatoria a una movilización por un aumento del presupuesto universitario de 2008.

La FUBA ha actuado con enorme madurez; lo prueba que es la única que ha expuesto en forma pública un programa y la única dispuesta a un debate abierto, masivo, sin ninguna clase de restricciones. Somos una organización que forma y lucha, no una camarilla.

El desbarranque de la asamblea trucha nos impone la responsabilidad de lanzar una fuerte campaña por una nueva asamblea universitaria que permita la expresión democrática de los 400 mil estudiantes y trabajadores de la UBA para reorganizarla sobre nuevas bases políticas, morales, educativas, pedagógicas y ¡sociales!

* Dirigente de la juventud del Partido Obrero, en la conducción de la FUBA.