La reforma de la cuestionada Ley de Educación Superior (LES) avanzará un casillero esta semana. Los rectores de las universidades nacionales se reunirán en Vaquerías, Córdoba, para consensuar la base de lo que será la futura ley. “Hay algunos puntos que creemos fundamentales, como la gratuidad, la equidad y la autonomía universitaria. De lo que estamos seguros es de que no pensamos reformar tres o cuatro artículos; la idea es avanzar en una reforma acorde con la situación de la universidades nacionales”, dijo a Página/12 Oscar Spada, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El Ministerio de Educación se comprometió a modificar este año a la que se considera la última norma del menemismo vigente en materia educativa. Como se sabe, además de ser una ley reglamentarista, la LES le abrió las puertas al arancelamiento de los estudios de grado. La cartera que conduce Daniel Filmus espera que el conjunto de las universidades presente una propuesta común para luego elevar un proyecto de ley al Congreso.

El CIN, que reúne a todos los rectores, viene trabajando para unificar las diversas propuestas elaboradas por diferentes sectores de la comunidad académica. El jueves y el viernes de esta semana, en instalaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, los rectores intentarán definir las propuestas de reforma a partir de un informe elaborado por una comisión formada por seis rectores.

El rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, uno de los encargados de realizar el informe, contó que “el Ministerio de Educación está esperando que transcurra el debate de Vaquerías, porque de allí saldrá el documento base de lo que finalmente se resolverá. Pero no hay que olvidar que existe una gran heterogeneidad en los consejos superiores de las casi cuarenta universidades nacionales. Habrá un gran trabajo para conciliar las distintas posiciones, ya que cada universidad está determinada por el perfil del pensamiento de sus dirigentes”.

De los lineamientos consensuados en el informe se desprenden los puntos en los que hay acuerdo y los que generarán debate.

- Bien público. La educación superior será definida como un “bien público” y “no un bien transable”. Con esa definición se buscará eludir “la inclusión de la educación superior dentro del rubro servicios, como lo impulsa la Organización Mundial de Comercio (OMC)” para asimilarla a “cualquier mercancía o servicio susceptible de ser comercializado”.

- Gratuidad. “Se torna auspicioso plantear una Ley de Educación Superior que, en consonancia con la Ley de Educación Nacional, defina claramente la gratuidad de los estudios de grado, estableciendo la equidad como un principio ético o de justicia en la igualdad”, dice el texto. Aunque algunos rectores pretenden sostener alguna forma de arancelamiento.

- Autonomía. “La ley reformada deberá ser un ley que garantice la autonomía y la autarquía universitarias, evitando que las reglamentaciones avancen sobre las atribuciones de las universidades para decidir sobre sus cuestiones institucionales y académicas.”

- Cogobierno. “Deberá garantizar el cogobierno universitario integrado básicamente por cuatro claustros (docentes, alumnos, no docentes y graduados) y disponer que la representación del claustro docente no podrá ser menor al 50 por ciento.”

- Coneau. “Mantener a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) como organismo oficial único de evaluación y acreditación... Pero, asimismo, hay coincidencia mayoritaria en cuanto a que en la integración de la comisión haya una composición con mayor número de integrantes académicos y propuestos por el CIN.” A la vez, el informe de los rectores propone eliminar la potestad de la Coneau para suspender carreras si hay una evaluación negativa.

- Presupuesto. “Prever una inversión sostenida de conformidad con la Ley de Financiamiento Educativo y garantizar recursos previsibles y estables mediante instrumentos normativos específicos para la educación superior. Asimismo, dicha política deberá establecer expresamente financiamiento para las actividades de investigación, cooperación y extensión que promueva el desarrollo científico y tecnológico vinculado con la pertinencia social.”

- Programas. Los rectores pretenden disminuir el manejo de fondos por parte del Poder Ejecutivo: “Se hace necesario que la Ley de Educación Superior priorice la asignación de recursos a las universidades, para que éstas los utilicen según las prioridades establecidas en sus respectivas planificaciones estratégicas”.

- Salarios. “En los hechos ha habido una tendencia a una centralización en las políticas salariales” de docentes y no docentes, por lo que se propone terminar con la descentralización salarial vigente en la letra de la ley.

- Privadas. “Debería conservarse la existencia de una ley que comprenda a ambos tipos de universidades y que también disponga de capítulos específicos para cada una de ellas.”