El lunes 22 de abril nos enteramos que los Espacios INCAA, al igual que los programas como “Cine en Cárceles” o “Cine Inclusión”, quedan “en suspenso”, en tanto en la nueva estructura del Instituto dejan de funcionar aun cuando son áreas que generan acciones para la sociedad, ya que, el INCAA, además del fomento, tiene como función y responsabilidad acompañar las políticas de inclusión social y ampliación de derechos, entendiendo el acceso a la cultura como un derecho indispensable para el desarrollo humano.

También quedó suspendido el programa “Las escuelas van al cine”, que cumple la función de formación de audiencias infantiles y juveniles, que implementaron la posibilidad de niños, niñas y adolescentes puedan acceder a materiales audiovisuales nacionales, generar debates y acceder a mundos desconocidos y fundamentales para su formación más allá de la educación formal. Este programa desde su implementación en 2016, posibilitó que más de 60 mil estudiantes accedieran al cine en salas de todo el país.

El financiamiento a proyectos que se encuentran en procesos y los futuros, por el momento, se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso de la actual gestión. A esto se suma que la actual presidencia del Instituto decidió intervenir en el contenido de los proyectos audiovisuales mediante un área que fue creada en la nueva estructura definida como “Control de Calidad”. Este nuevo sector tendrá como tareas, controlar en el proceso, durante y finalizado el contenido de los proyectos audiovisuales y ya adelantó que no apoyarán ni avalarán películas que se refieran a momentos políticos desde la fecha hasta 15 años para atrás.

Hoy la situación de lxs trabajadorxs que responden a las áreas que fueron reorganizadas es incierta, están dispensadxs hasta que lxs convoquen, son alrededor de 300 compañerxs en sus hogares y sin tareas. A esto se suma lxs 200 despedidxs, ya sea por baja de contratos de planta transitoria, o los 29 contratos de Planta Permanente concursados durante el 2023. El argumento para el despido fue que no éramos idónexs para concursar.

En todas estas modalidades de contrato se pueden encontrar empleadxs con más de 10 años de trabajo en el Instituto en diferentes tareas. A esto se le suma que justamente, lxs agentes de la Administración Pública debemos capacitarnos y ser evaluadxs por nuestrxs superiores, eso implica una erogación permanente del Estado Nacional, es por eso que es una falacia el argumento de falta de idoneidad sin una auditoría a conciencia.

A todo esto hay que sumar que se desarticulan los dos órganos de cogobierno según ley del INCAA: la Asamblea Federal (conformada por los ministros y secretarios de las provincias) y el Consejo Asesor (integrado por representantes del sector audiovisual).

Esto es solo un mínimo resumen del “nuevo INCAA” que no se regirá según la Ley de Cine y que no hay nada de todo lo consensuado con el sector audiovisual nacional. Todas las gestiones imponen su impronta, implementan distintos tipos de políticas públicas, pero jamás lo hicieron sin trabajar en equipo con el sector.

Argumentar que despedir y dejar sin trabajo a alrededor del 60 por ciento de lxs trabajadorxs, sin una auditoría, sin evaluar los impactos económicos en un sector a nivel federal, ya que todo este vaciamiento en menos de un mes de gestión dejará sin producciones cinematográficas nacionales y sin trabajo a 750 mil familias que son las que se mueven en el audiovisual ¿Qué productoras de fondos privados van querer invertir en un proyecto audiovisual sin el respaldo del organismo encargado de fomentar la cinematografía audiovisual?

Los fondos por los cuales el INCAA fomenta el sector audiovisual, no irán para terminar con el hambre de la Argentina, tampoco a mejorar la economía diaria de lxs jubiladxs, ya que son fondos autárquicos que salen de la principal fuente de financiamiento del Instituto, el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), compuesto por ingresos provenientes del 10 por ciento sobre el precio básico de venta de todas las entradas de cine y videogramas grabados (DVD y VHS) y el 25 por ciento de lo recaudado por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).

Que una gestión nacional y del Instituto argumente que lo cierran porque no se ven las películas argentinas, es falaz. El cine y la producción de contenidos audiovisuales nacionales se ve, recorre festivales, gana premios, genera el 3,1 por ciento de empleo de calidad y activa la economía en forma directa e indirecta. Esto se refiere a que si se consideran los efectos indirectos, el audiovisual representa el 5,2 por ciento de la economía nacional. Lo que significa que por cada peso que invierte una PYME audiovisual, se generan $7,75 en el total de la economía; es una actividad que genera trabajo y recursos al turismo, la gastronomía, la actividad inmobiliaria, la construcción, al sector financiero, los sindicatos, está bancarizada y está dentro de las actividades que menos contamina con un muy bajo impacto ecológico.

Si lo que se quiere es que se vean más las películas argentinas, hay que implementar políticas públicas de distribución y difusión, trabajar en conjunto con el sector privado desde el Estado para que estas generen más empleo, más premios, más espacios. Así como lo hace Estados Unidos que promueve y fomenta todo el sector de punta a punta pues piensa al audiovisual como una política industrial que genera la economía y la penetración cultural mundial.

*Trabajadora despedida de INCAA Planta Permanente.