El empleo doméstico es una de las ocupaciones con más alto nivel de precarización laboral. En el país hay más de un millón de mujeres que se desempeñan como trabajadoras domésticas. De ese total, un 85 por ciento está en la informalidad, un nivel que sólo se compara con la situación de los trabajadores rurales. Así lo reveló un informe elaborado por el Centro de Estudios Mujeres y Trabajo (Cemyt), entidad vinculada con la CTA de Hugo Yasky. Por otro lado, el 46 por ciento de las mujeres que tienen la primaria completa, o menos, se desempeñan en este sector. “Esto no hace más que reafirmar la estrecha relación entre pobreza, nivel de instrucción y tipo de inserción laboral”, puede leerse en el informe presentado ayer en la sala Emilio Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos. Además de ser una radiografía del sector, el documento presenta una serie de iniciativas para ser incluidas en el proyecto del Ejecutivo, que ya tiene dictamen de comisión, pero que no pudo ser tratado este año debido a la puja entre el oficialismo y el Grupo A.

El informe del Cemyt está hecho en base a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que hace sus mediciones en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Según este documento, un 37,2 por ciento del total de las trabajadoras domésticas es migrante: un 24,4 por ciento proviene de otra provincia y un 12,8 por ciento pertenece a un país limítrofe. En total, las mujeres que se desempeñaron en este sector durante el segundo trimestre del año representaron el 22,2 por ciento del total de asalariadas del país.

“Este trabajo nos permite entender la urgencia para que el Congreso sancione cuanto antes un nuevo marco regulatorio. Para que los indicadores de precariedad laboral mejoren, entendemos que habrá que atravesar un largo proceso. De sancionarse la ley, podremos reducir la informalidad laboral en dos o tres años”, explicó a Página/12 Estela Díaz, coordinadora del Cemyt.

Además de abordar el tema de la informalidad en el sector puntual de las trabajadoras domésticas, el documento da cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres para acceder a un trabajo registrado en el resto de las actividades: en el caso de los hombres, la informalidad alcanza un 35 por ciento, mientras que para las mujeres es de un 41 por ciento, dos puntos porcentuales por encima de lo constatado en 2009.

“El combate contra la informalidad y precariedad laboral debe incluir en particular las condiciones de acceso al empleo para las mujeres. La utopía de la igualdad entre ambos sexos sólo es imaginable si se dan los pasos concretos para derribar las barreras materiales y culturales que aún persisten”, puede leerse en el informe.

Un caso exitoso de una legislación que modificó un escenario de precariedad fue el de Uruguay, que en 2006 sancionó una ley para regular este sector. De 90.000 trabajadoras, 60.000 tuvieron acceso a la seguridad social. En este sentido, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo este año logró el dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, pero no pudo llevarse al recinto, a pesar de la voluntad del Frente para la Victoria.

“Tenemos una deuda de la democracia, ya que la ley vigente data de 1956. El año electoral es el momento oportuno para avanzar en un tema que otorga derechos sociales y laborales a más ciudadanos”, agregó Díaz. La iniciativa en cuestión propone que el salario mínimo de las trabajadoras sea fijado mediante convenio colectivo de trabajo, además se amplía el sistema de licencias por enfermedad y maternidad y se equiparan las indemnizaciones por despido con el resto de las actividades.

Por otro lado, el Cemyt propone la creación de una libreta para que las mujeres tengan la posibilidad de registrar los aportes parciales producto de sus múltiples trabajos, ya que más del 20 por ciento se desempeña en más de un domicilio.

“Tenemos que contribuir a la construcción de la identidad de las trabajadoras domésticas como sujeto de derechos”, concluyó Yasky durante la presentación.