El nuevo régimen penal para evitar y sancionar las maniobras de lavado de dinero, que se aprobó en la Cámara alta la semana pasada, aún no fue publicado en el Boletín Oficial. Un grupo de abogados de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla) elevará un pedido para que el Ejecutivo nacional vete el artículo que impide a la Unidad de Información Financiera (UIF) ser querellante en causas de lavado. Desde la UIF reconocen que se trata de una concesión que se dio a la oposición para que saliese la ley –y que no pueden echarse atrás–. Por ello, dejarán que Fapla tome la iniciativa. Durante el tratamiento del proyecto de ley antilavado se le quitó a la UIF esa atribución, dado que los legisladores del arco opositor consideraban que le daba “mucho poder” al organismo de contralor.

El año pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó la promulgación de una ley en el Código Penal para que se sancione el lavado de activos como un delito autónomo (y no como encubrimiento de otro). Para evitar sanciones internacionales, la oposición aceptó trabajar en la discusión de la norma. Desde un principio hubo acuerdo en la tipificación del delito, pero la oposición solicitó un nuevo esquema de nombramiento para las autoridades de la UIF y que la entidad no actúe como querellante. La UIF detentaba desde el 23 diciembre de 2008 –por decreto– la posibilidad de intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue delitos tipificados de lavado. De hecho, la entidad que conduce José Sbattella es querellante en varias causas, como en la investigación de la efedrina y los medicamentos “truchos”.

El propio Sbattella respaldó el hecho de que se designe por concurso las autoridades de la UIF. Sin embargo, criticó que se le impida al organismo ser querellante. “Cuando consultamos el motivo, la Cámara nos dijo: porque tienen mucho poder”, relató Sbattella a Página/12. Durante el debate en el Senado algunos legisladores aseguraron que “se trataba de una carta blanca para la discrecionalidad”, lo cual sería usado por el oficialismo para perseguir a sus adversarios políticos. Desde el oficialismo destacan que este argumento pierde sustento, porque la cúpula de la UIF va a dejar de ser nombrada por el Ejecutivo.

La UIF no realizará ninguna presentación, dado que fue una concesión para obtener dictamen del Congreso. Quien sí lo hará es Fapla. Según explicó a este diario una fuente de la entidad, “se elevará esta semana una denuncia argumentando que el Estado no puede perder el rol de querellante”. La entidad fundamentará el escrito en que otros organismos del Estado mantienen esa potestad, tal como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP. “Esto es todavía más trascendente cuando la UIF queda por encima de estos otros entes”, agregó la fuente.

Con la promulgación de la nueva ley desaparece una carga importante de prueba en la investigación –dado que no debe buscarse el delito precedente– y aceleran los tiempos fiscales. No obstante, a estas mejoras se interpone la necesidad de que el Ejecutivo deba nombrar una persona por cada causa como querellante. “Por lo pronto, las denuncias saldrán igual, sólo que a través de un tercero”, explicó Sba-ttella. En tanto, desde la UIF analizaban las medidas complementarias a la nueva ley, ya que desde su promulgación cuentan con ocho días hábiles para delinear la nueva reglamentación.