Los veinte Centros de Primera Infancia (CPI), cuya “inauguración” viene siendo promocionada desde el año pasado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “no son ninguna novedad, porque se trata en realidad de lugares preexistentes que estaban y están a cargo de organizaciones no gubernamentales a las que ahora el Estado les paga”, aseguró la legisladora porteña Gabriela Cerruti, en diálogo con Página/12. Al mismo tiempo, la diputada de Nuevo Encuentro denunció que “en 17 de esos 20” CPI –donde se brinda asistencia a 1842 niños y niñas de 45 días a cuatro años de edad– se realizaron obras de infraestructura en forma ilegal, dado que las organizaciones que los gestionan “no cumplen con los requisitos necesarios de inscripción” en el Registro de Organismos No Gubernamentales del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, tal como lo establece la Ley 114, de Protección Integral de la niñez. Los CPI del gobierno macrista también fueron cuestionados por Laura Musa, titular de la Asesoría General Tutelar (AGT) del Ministerio Público de la Ciudad (ver aparte), porque “sólo cumplen un rol asistencial y no educativo, como corresponde”.

El año pasado, durante una visita al CPI Pamperito, en la villa 1.11.14, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, anunció que antes de que finalice su actual gestión se iban a “inaugurar 30 centros, para garantizar el cuidado integral de la niñez y asegurar que todos nuestros chicos puedan crecer y desarrollarse con igualdad de oportunidades”. Los CPI son uno de los principales caballitos de batalla de la ministra de Desarrollo Social porteña y candidata a vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, con vistas a las elecciones del 10 de julio.

Cerruti, que tuvo una fuerte polémica, en Twitter, con la diputada del PRO Carolina Stanley, aseguró que el gobierno porteño “dice ‘abrimos’ e ‘inauguramos’, pero no hicieron nada de eso, sólo firmaron convenios con ONG y, lo que es más grave todavía, hicieron obras en lugares que no son del Estado y eso es totalmente ilegal”. El mes pasado, la diputada presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes al Poder Ejecutivo, pero la iniciativa, hasta ahora, no ha prosperado.

Entre otras cosas, se pedía información acerca de la modalidad del convenio suscripto con las ONG y sobre la forma de pagos, montos, frecuencia, modalidad e importes abonados por cada niño/niña asistido en esos lugares. Para fundamentar que se trataba de “establecimientos preexistentes” y no CPI nuevos, se citó el caso del Jardín de Infantes Brotecitos, del sector privado de enseñanza, en Victorino de la Plaza 1060, del barrio de Núñez, mencionado en un pedido de informes anterior impulsado por la legisladora María Elena Naddeo.

Los CPI macristas que son cuestionados surgieron como respuesta a un planteo que involucró, en su momento, al ex ministro de Educación Mariano Narodowski y a la actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, quienes fueron condenados a pagar 50 pesos por día de multa hasta que presentaran un plan para superar la falta de vacantes para ocho mil niños porteños en el nivel inicial de la educación en el sector estatal. La medida fue dispuesta por el juez Guillermo Reacy, a partir de una demanda iniciada en diciembre de 2006, involucrando también a gobiernos anteriores, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Los 20 CPI de Macri, además de apuntar sólo a dar una respuesta asistencial y no educativa, como correspondería, “no están debidamente inscriptos como lo manda la Ley 114, lo que significa que no se encuadran en la Ley 2881 de habilitaciones”, explicó Cerruti. El artículo 75 de la Ley 114 dice que la inscripción en el Registro de ONG constituye una “condición insoslayable para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con instituciones oficiales”.

Por esas razones, el único control que tienen es desde el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de su régimen de ONG, que autorizan inspecciones técnicas y administrativas para luego elevar informes a la titular del Consejo, Beatriz Orlowski de Amadeo. El 30 de mayo, la diputada Cerruti pidió informes al Consejo, acerca de si las ONG están debidamente inscriptas, en particular el centro Leandro N. Alem, en Carlos Calvo 1218, en el barrio de Constitución, que pertenece a la Fundación del rabino Sergio Bergman.

De la consulta realizada, surgió que sólo tres de los CPI están debidamente habilitados. Son ellos El Alfarero, en Luna 1955, de la Villa 21-24 de Barracas; La Legión de la Buena Voluntad, de Bogotá 3940, de Floresta, y San Juan Evangelista, dependiente de la Institución Salesiana Don Bosco, de Lamadrid 447, en el barrio de La Boca. Respecto del CPI del rabino Bergman, el Consejo notificó a su directora, Laura Cepeda, sobre lo ilegal de su situación. En el lugar se realizan reuniones del Programa Construcción Ciudadana, a cargo de Bergman.