Plan 2020, un desafío

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Francisco Dos Reis, titular de la Asociación Pyme, considera que “todavía no hay una alianza estratégica entre el Gobierno y la producción”, pero reclama que sea la prioridad en la nueva etapa.

–¿Cambió algo en la relación entre empresarios y Gobierno?

–Más allá de las especulaciones electorales, que las hay, yo creo que es sensato darse una pausa en las disputas políticas y económicas. Hay que meterse en la cabeza que todos tenemos que cambiar, no sólo reclamarle al Gobierno. Está claro que para los sectores hegemónicos es más fácil pasar de ser los más confrontativos a una etapa de diálogo y búsqueda de consensos, porque nunca dejaron de ganar plata, pero hoy están teniendo una renta altísima.

–Y el Gobierno, ¿qué cambió para producir este cambio de clima?

–Esta es una etapa nueva. El Gobierno propuso el desafío del Plan 2020, pensar el país industrial que podemos tener en una década. Ningún gobierno anterior, en la actual etapa democrática, se propuso planificar más allá de su gestión. E indudablemente entrar en ese debate va a provocar disputas, qué papel va a ocupar cada sector en ese producto bruto industrial de dentro de una década, qué políticas va a necesitar para alcanzar y participar en esas metas. Las pymes vamos a dar ese debate desde un lugar que, seguramente, no es el mismo que van a ocupar los grupos más grandes y concentrados de la economía.

–¿Las pymes van a estar más cerca del Gobierno en esa disputa?

–Yo creo que a los empresarios pymes hay que ganárselos con un proyecto inclusivo, con un horizonte que los contenga explícitamente. Creo que ese es el mejor sentido que se le puede dar a la profundización del modelo económico, porque todavía no hay una alianza estratégica con la producción. Esa alianza hay que construirla, definiendo con quiénes. Cuando hoy se vuelve a hablar del 50 y 50 para la distribución de la renta entre el trabajo y el capital, yo me pregunto, desde el lado empresario, ¿es el mismo 50 por ciento el que corresponde para el capital que el que existía cuando la misma propuesta la hacía Juan Domingo Perón? No, porque hay mucha más alta concentración del capital. Entonces también hay un debate interno de cómo se reparte ese 50 por ciento dentro del sector empresario, para que, bajo la figura de “una distribución más justa”, el grueso del ingreso no termine concentrado en pocas manos.

Alianzas naturales

Imagen: Dafne Gentinetta.

Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hace un repaso de los intereses en juego en cada sector empresario y los que están más cerca de ser parte de “una alianza natural” con el Gobierno en la futura etapa.

–¿Cómo caracterizaría la actual relación entre el Gobierno y los empresarios?

–En principio, algunos sectores industriales que siempre han necesitado protección del Estado, esta vez la encontraron. Subjetivamente, los sectores sensibles a la importación, como textiles o calzados, siempre han creído que los brasileños eran sus principales adversarios. Quizá China es más peligrosa, pero contra el que se podía hacer algo, suponían, era frente a Brasil. Y hoy ese sector está cuidado en esa relación como quizá nunca sucedió. Ahí se da una alianza natural entre sectores sensibles de la industria y el Gobierno. Los grupos más poderosos, vinculados con la exportación sin demasiada elaboración, como acero o aluminio, y facturan más caro al mercado interno que el precio que cobran cuando exportan, es decir que son un freno a la industrialización local, terminan sumándose al Gobierno por conveniencia económica y política, porque además no encuentran campo para estar en contra. Las filiales de empresas transnacionales están viviendo una especie de primavera en el país. Por razones de paridad cambiaria, encuentran más conveniente producir desde aquí para toda la región que hacerlo en Brasil. En el sector agropecuario, la política oficial no consiguió ser “propyme”, estar a favor de las unidades más chicas, pero lo está intentando. Plantea algunas medidas a favor de las cooperativas, le subió el rango y propone políticas específicas para la agricultura familiar, y aunque todavía no logra todos los resultados esperados, al menos logró romper un frente artificial que se había dado en torno de la Mesa de Enlace, donde convivían sectores que nunca tuvieron nada que ver, como algunos grupos de base de la Federación Agraria y los sectores que representa la Sociedad Rural. Con este panorama, ¿se puede pensar que, en perspectiva, al Gobierno se le presenta la alternativa de una alianza estratégica con sectores empresarios que todavía no tiene consolidada? Con la legitimidad que le dan los resultados electorales y el apoyo popular, el Gobierno tiene a futuro la posibilidad de trabajar sobre esa alianza natural con los sectores industriales sensibles que le mencionaba y con el sector agropecuario perteneciente al movimiento cooperativo y la agricultura familiar, para establecer una alianza que vaya más allá de la actualmente existente.

El agro desconfía

Imagen: Télam.

Pedro Peretti, dirigente de Federación Agraria, marca diferencias entre los que se identifican con el discurso del Gobierno “por convicción” y los que lo hacen por “especulación política”. Entre estos últimos, anota a los que se beneficiaron de la ausencia de una legislación antimonopólica.

–¿Cómo ve la relación actual entre el Gobierno y los sectores empresarios?

–Sin ser un seguidor exhaustivo del panorama empresario, observo que hay distintos niveles en esta relación. Hay que diferenciar a los empresarios que por convicción defienden este modelo y se sienten representados por el discurso de la Presidenta. Son aquellos más vinculados con el mercado interno, los beneficiados por la sustitución de importaciones. Es una situación diferente de la de los sectores vinculados con la exportación, que por especulación política y frente a la discriminación en las decisiones de la Secretaría de Comercio se disciplinaron con el Gobierno por miedo a perder sus negocios.

–¿La discrecionalidad está en las políticas de intervención del Estado que favorecen a algunas actividades económicas?

–El problema es que hace falta una legislación contra la concentración económica en todos los rubros, no una menor intervención del Estado. Aquí se dio un proceso de crecimiento pero a la par de una gran discrecionalidad y una fuerte concentración. No se adecuó la legislación a esta etapa de crecimiento. En el comercio exterior de granos se necesita alguna agencia oficial que esté controlando lo que pasa ahí. El sistema financiero es un capítulo aparte. Argentina podría industrializarse el doble si no fuera por las limitaciones de crédito que imponen los bancos.

–¿Y qué pasa en el sector agropecuario en esta relación con el Gobierno?

–Está atravesado por esas mismas necesidades de una legislación anticoncentración. Pero el debate que se viene ahora es el de industrializar la ruralidad. Es el planteo que está anticipando el propio Gobierno. Como otros que se han planteado para el sector, son importantes, pero dependen de cómo se instrumenten. La industrialización del campo se puede hacer por integración vertical, por ejemplo que los mismos exportadores acopien y procesen el producto. En este caso, se acentúa la concentración y el pequeño productor se vuelve a ver perjudicado. Otros países han prohibido este mecanismo, y se privilegia la asociación de los pequeños productores para abordar el proceso industrial. Si no se toman estas previsiones, se termina dándoles una ventaja competitiva tremenda a los mismos grupos concentrados de siempre.