Los empresarios de la actividad semillera se comprometieron a cumplir con las condiciones mínimas de empleo para los trabajadores temporarios que estableció la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Se trata de uno de los sectores donde se registraron, a comienzos de año, distintos episodios de reducción a la servidumbre y condiciones de empleo infrahumanas. La disponibilidad de agua potable fría y caliente, habitaciones con pisos de material y ventiladas, heladeras y la prohibición del trabajo infantil son algunas de las pautas básicas que las empresas semilleras como Nidera, Satus Ager y Southern Seeds deberán comenzar a respetar. La Asociación Semilleros Argentina (ASA) presentó a la CNTA, organismo que preside el Estado donde participan las cámaras patronales y el sindicato del sector, los trailers prototipo que serán usados en los campamentos de desflore de maíz. Esa actividad llega a movilizar alrededor de 20 mil trabajadores migrantes entre diciembre y enero.

La visibilización de las condiciones de empleo precarias en el sector rural permitieron a los técnicos del Ministerio de Trabajo diseñar un piso mínimo para los asalariados migrantes que son prácticamente ignorados por la legislación vigente. La iniciativa que alcanza al 66 por ciento de los trabajadores rurales del país fue institucionalizada por la CNTA, aunque no cuenta con el apoyo de Federación Agraria, Confederaciones Rurales, Coninagro ni Sociedad Rural. La resolución publicada en el Boletín Oficial en abril busca garantizar aspectos vinculados a los materiales utilizados para la construcción de las viviendas y derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, la comunicación, el trato digno y la preservación de la salud. La medida ofrece un paliativo transitorio hasta que el gobierno nacional avance en el tratamiento legislativo de un nuevo Estatuto del Peón Rural.

La norma ya está vigente pero distintos sectores empresarios están trabajando en el marco de la CNTA para adecuar algunos aspectos menores a las particularidades de sus actividades. La actividad semillera fue la primera en resolver esas cuestiones aunque no se trató de un proceso sencillo. Las negociaciones con una propuesta de ASA que pretendía implementar las condiciones mínimas progresivamente en un período de tres años. A lo largo de los últimos dos meses se zanjaron las diferencias y las partes trabajaron para terminar de adecuar distintos aspectos de las condiciones habitacionales a las particularidades del sector. Las adaptaciones están vinculadas por ejemplo a la altura y tamaño de las viviendas para que sean transportables por las rutas cuando no se hospede a los trabajadores en un establecimiento fijo.

“Ya no existen excusas para que no cumplan con las condiciones mínimas de empleo. Nosotros vamos a seguir fiscalizando para asegurar que así sea”, explicó a este diario el subsecretario de Relaciones Laborales y presidente de la CNTA, Alvaro Ruiz. A pesar de la resistencia que exhiben muchos empresarios para acabar con la cultura de la precariedad en el trabajo golondrina, Ruiz precisó que están diseñando junto con las distintas representaciones empresarias las adecuaciones correspondientes a la producción de tabaco en Salta, ajo en San Juan, hortícolas en Mendoza y arándanos en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán y San Luis. Con distintos niveles de compromiso provincias y municipios colaboran en las negociaciones sectoriales mientras que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo ofrece asesoramiento técnico en la adecuación de los parámetros a las características de cada actividad.

Algunos de los aspectos más significativos de la resolución que establece las condiciones mínimas para todos los trabajadores golondrina están vinculados al alojamiento y los servicios sanitarios. Además fija pautas referidas a la calidad de la alimentación, la obligación para informar a los trabajadores dónde se emplearán así como la forma y período de pago del salario, la provisión de un teléfono celular cada 15 trabajadores con la posibilidad de realizar una llamada por día, energía eléctrica las 24 horas y agua potable, entre otros aspectos básicos que eran sistemáticamente ignorados por un vasto sector del empresariado rural.