Entre declaraciones de repudio, huelgas y exigencias al gobierno, el sector privado, el transporte y el sindicato más fuerte de Bolivia rechazaron la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos decidida por el gobierno de Evo Morales. Calificaron de “gasolinazo” la medida, que fue aplicada el domingo y produjo un aumento en los combustibles de entre el 50 y el 82 por ciento. No bien el vicepresidente Alvaro García Linera hizo el anuncio, la Confederación de Choferes de Transporte decretó un paro que tuvo mediano acatamiento y finalizó poco después de las 17. Entretanto, esa agrupación, las federaciones de choferes y representantes del Ejecutivo acordaron una tregua de entre 90 y 120 días para negociar medidas que mitiguen el incremento en el costo de la nafta y el gasoil.

Mientras el presidente Morales se encontraba en Venezuela, el vice a cargo del gobierno anunció el domingo a la noche que el país dejaba de subvencionar el precio de los hidrocarburos. Hasta ayer, el Ejecutivo destinaba 350 millones de dólares en los subsidios. La puesta en marcha de la medida, formalizada en el decreto 748, provocó un aumento inmediato en los precios de esos productos. El litro de nafta común aumentó un 73 por ciento, de 3,74 a 6,47 bolivianos (53 a 91 centavos de dólar); el de la nafta especial, 57 por ciento, de 4,79 a 7,51 bolivianos (0,69 a 1,07 dólar), y el del gasoil, 82 por ciento, de 3,72 a 6,80 bolivianos (52 a 97 centavos de dólar). Los únicos que permanecerán congelados son los costos del gas licuado de petróleo y el gas natural vehicular.

“Se trata de un intento de consolidar y garantizar el modelo de de-sarrollo productivo”, apuntó García Linera durante el anuncio público de la medida. Los dos argumentos fundamentales que expuso para su aplicación fueron la lucha contra el contrabando de combustibles y el fomento a la producción de hidrocarburos, que cayó deliberadamente: de 48.556 barriles por día producidos en el país durante 2005, la cifra se derrumbó a 40.743 en 2009. Para tal tarea, aseguraron la creación de un Fondo de Promoción con los recursos ahorrados, del que no aportaron más detalles.

La Confederación Nacional del Transporte y su par de Choferes de Bolivia llamaron a la huelga antes de que finalizara el domingo. El titular de la primera, Franklin Durán, declaró ayer que aunque el paro no fue coordinado con tiempo, se llevó a cabo en “casi” todo el país, a nivel urbano e interurbano. El impacto de la huelga fue mitigado por el gobierno, que puso en circulación vehículos del ejército en las principales carreteras interurbanas para transportar a los pasajeros varados. Durán negó que su sector hubiera sido consultado sobre el aumento y consideró que la liberación de impuestos para importar repuestos y llantas, una de las medidas complementarias a la eliminación de los subsidios, no compensa el incremento del combustible, que incidirá “entre el 20 y 30 por ciento” sobre sus costos de operación.

En tanto, la mayoría de las empresas de transporte público remarcó el precio del boleto la misma noche del domingo, en porcentajes que oscilan entre el 45 y el 100 por ciento, dependiendo de las ciudades. Cochabamba es el lugar en el que se dio un mayor incremento. En Santa Cruz, las compañías no paralizaron sus servicios, pero aplicaron aumentos de 1,50 a 2,50 bolivianos. “Saludamos que los sindicatos del sector trabajen con tarifas momentáneas a sus servicios con el fin de no perjudicar a la población”, aportó el vocero de la gobernación, Iván Canela.

La Confederación de Empresarios Privados Bolivianos (CEPV) vaticinó un reacomodo de costos y precios de los productos que afectará al pueblo, al igual que opinó la Central Obrera Boliviana (COB). “No estamos de acuerdo con la medida, por la que no fuimos consultados. Creemos que traerá consecuencias negativas en el costo de vida de los trabajadores”, opinó el secretario ejecutivo, Pedro Montes. Por su parte, el secretario ejecutivo de la confederación de maestros urbanos, Jorge Valdivieso, pidió al gobierno que analizara en forma inmediata una compensación salarial.

En esa dirección avanzó el gobierno. Además de las medidas complementarias decretadas junto con la eliminación del subsidio, como el congelamiento de los precios del gas y los servicios públicos, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, anunció un incremento en los salarios del sector público en febrero en base a los números inflacionarios que provoque el alza de precios. “Para el 31 de enero tendremos todo el efecto de la medida sobre los precios y, tomando en cuenta ese incremento, vamos a proceder al incremento salarial en febrero”, explicó.