Desde La Paz

Desde la Octava Marcha Indígena afirmaron que hoy reiniciarán su caminata hacia esta ciudad, para reclamar al presidente Evo Morales la suspensión definitiva del proyecto carretero que atravesaría al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), además de otras quince demandas. Los marchistas se reúnen en la escuela de Quiquibey, una comunidad 43 kilómetros adelante de donde fueron reprimidos por la policía el domingo pasado, en obediencia a la orden de alguien cuyo nombre se niega a confesar el gobierno nacional. Ayer se manifestaron en el centro paceño mil campesinos leales al presidente para expresarle su apoyo. Pero en las calles se encontraron mayormente con chiflidos y acusaciones de la ciudadanía.

La Fiscalía General anunció que dará curso a una investigación contra Morales por los delitos de genocidio y vulneración de derechos y garantías constitucionales, solicitada por asambleístas de la opositora Convergencia Nacional. Ayer Morales volvió a acusar a la marcha indígena de intentar perjudicar a su gobierno. Sostuvo que los originarios reprimidos por sus subalternos tienen la intención de entorpecer las elecciones del 16 de octubre próximo, cuando en Bolivia se debería seleccionar mediante voto popular a los integrantes del Poder Judicial (que desde 2009 pasó a llamarse Organo Judicial).

“Volveremos a marchar todos los que estábamos el domingo antes de la represión”, dijo ayer el presidente de la Subcentral de Comunidades del Tipnis, el mojeño Fernando Vargas Mosúa, bastante recuperado de los palazos y patadas regaladas por los uniformados seis días atrás. Los indígenas aún buscan a tres marchistas desaparecidos en el operativo policial.

“Si no partimos ayer u hoy día, es porque aún buscamos a nuestros hermanos desaparecidos. Nos faltan tres personas y no sabemos de su paradero”, dijo el diputado indígena Pedro Nuni, uno de los 285 marchistas rescatados por la población de Rurrenabaque el lunes pasado, cuando la policía se disponía a subirlos a aviones con rumbo desconocido.

En las ciudades de Santa Cruz, Sucre, Potosí, Cochabamba y La Paz, decenas de universitarios y representantes de organizaciones sociales avisaron que se sumarán a la octava marcha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Los funcionarios del gobierno nacional se enredan para intentar explicar los motivos de la represión del Estado Plurinacional a los indígenas que marchan pacíficamente desde el 15 de agosto pasado. Desde esa fecha y aun antes, varios ministros invirtieron saliva para descalificar la protesta indígena.

Desde el gobierno nacional aseguraron tener pruebas de que la marcha era financiada por Estados Unidos, por empresarios madereros, por ONG y hasta la vincularon con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en Miami desde la Guerra del Gas, en 2003. Pero nunca fueron presentados los documentos que pudieran certificar esas aseveraciones.

“Un compañero me dijo que esta marcha está orientada a perjudicar y hacer fracasar las elecciones del 16 de octubre. Yo recién me estoy dando cuenta de que la derecha y los opositores crean conflictos. Si éste es el plan de esta marcha, que sigan marchando. Pero nosotros también seguiremos marchando para garantizar nuestras elecciones, como una forma de aplicar la Constitución”, dijo ayer el presidente Morales en Tacopaya, Cochabamba, adonde fue a celebrar el 70 aniversario de ese municipio.

“El plan había sido perjudicar la elección del Organo Judicial, porque los marchistas llegarían a La Paz en los días de la elección. Y como hay sentimiento de respaldar la marcha, van a pedir otra vez el (referéndum) revocatorio al presidente y al vicepresidente, como algunos dirigentes ya lanzaron en algunos departamentos. Ya empezaron a panfletear”, adelantó Morales.

En el gobierno nacional nadie se hace cargo de la represión a los mil indígenas en Yucumo, departamento de Beni. Pero aseguran que ya saben quién dio la orden de atacar a niños, mujeres, ancianos y hombres de los 36 pueblos originarios. “Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido, nosotros ya tenemos (el nombre de quien dio la orden de reprimir). Internamente hemos hecho un conjunto de averiguaciones. Pero aguántese, no sea desesperado”, dijo el vicepresidente, Alvaro García Linera, a un periodista en conferencia de prensa. Entonces le preguntaron si fue alguien del Organo Ejecutivo. “No, señores, no se dio la instrucción desde el Ejecutivo. La investigación va a mostrar con claridad absoluta de dónde vino”, dijo el vicepresidente. La sospecha recae sobre la propia policía.

Los indígenas se amparan en la Constitución boliviana, según la cual el Estado debería hacer una consulta previa, libre e informada a los indígenas en caso de que algún emprendimiento afectara sus territorios. Esta consulta no se hizo en el caso del Tipnis, propiedad de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán. “Mientras no tengamos una ley que suspenda en forma definitiva la construcción de la carretera que atraviesa al Tipnis, nosotros seguiremos nuestra marcha hacia La Paz”, dijo Vargas, uno de los voceros de la marcha, a la que le falta 300 kilómetros para llegar.