El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Oacdh) manifestó ayer su preocupación por el juez Baltasar Garzón, procesado en España por investigar los crímenes del franquismo. Recordó que la ley española de amnistía de 1977 es contraria al derecho internacional. Por su parte, funcionarios del gobernante Partido Popular (PP) reaccionaron ante las críticas al Tribunal Supremo por haber sentenciado a once años de inhabilitación al ex magistrado de la Audiencia Nacional.

“Los jueces no deberían ser sujetos a persecuciones penales por haber hecho su trabajo”, declaró un portavoz del Oacdg, Rupert Colville, durante una rueda de prensa. “Nos preocupa un caso relacionado con la ley de amnistía de 1977 que ha llevado al juez Garzón al banquillo de los acusados esta semana”, añadió.

Conocido en el mundo entero por haber perseguido las violaciones de los derechos humanos, Garzón fue condenado el jueves a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por las escuchas del caso Gürtel, al considerarlas ilegales.

El miércoles, el alto tribunal dejó visto para sentencia uno de los casos abiertos contra el juez, en el que se le recrimina haber infringido la ley de amnistía votada por el Parlamento español en 1977, cuando abrió una investigación en 2008 sobre las desapariciones de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975). “España tiene la obligación según la legislación internacional de investigar las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el pasado, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco”, declaró Colville.

“La Justicia española debe perseguir y castigar a los responsables de estos crímenes si siguen vivos y hacer que se respete el derecho de las víctimas y de sus familias a pedir reparación”, dijo.

Por otra parte, indicó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de evaluar la correcta aplicación del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos firmado por España, concluyó en 2009 que Madrid debía abrogar su ley de amnistía porque no era conforme a la legislación internacional.

Ayer la vicepresidente, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró escandalizada por las críticas que recibió el TS y, sobre todo, por las que vertieron algunos políticos que no comparten la sentencia de 11 años de inhabilitación para Baltasar Garzón.

“Comparta o no la comparta, le guste o no le guste, le favorezca más, menos o de ninguna de las maneras, España es un Estado de derecho en el que hay una separación de poderes y el Judicial es la garantía de la igualdad de los derechos de todos los españoles y de su protección”, dijo Sáenz de Santamaría. “Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentado trasladar de España que no es España”, proclamó.

La mano derecha de Rajoy recordó además que la misma Constitución que permite a los políticos ejercer sus tareas es la que sitúa al Alto Tribunal en el supremo vértice del orden jurisdiccional español. Y cuando se le preguntó en qué posición queda la Fiscalía después de haber apoyado durante todo el proceso que Garzón ordenase la intervención de las conversaciones entre los presos y sus letrados, dado que el Supremo lo calificaba de prácticas totalitarias, la vicepresidenta prefirió no hacer valoraciones. Minutos antes había resaltado que su gobierno ya no da instrucciones al Ministerio Público. “Eso se ha acabado”, subrayó.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se pronunció en la misma línea que su compañera insistiendo en la separación de poderes.

Partiendo de la aceptación del legítimo derecho a la crítica, rechazó “con toda energía las descalificaciones que injustamente está recibiendo el TS”. Desde el ámbito jurídico, también hubo reacción. La Unión Progresista de Fiscales mostró su discrepancia porque ve la resolución judicial absolutamente desproporcionada.

Así advirtió de las consecuencias que tendrá para la persecución de la corrupción. La Asociación Jueces para la Democracia mantiene, sin embargo, que la resolución del Supremo es razonada, razonable y ajustada a los parámetros del ordenamiento jurídico. Ambas reclamaron que se regule el tema de las escuchas, registros e intervenciones. La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, reprochó por intolerables las acusaciones que se están haciendo contra los siete magistrados del Supremo, y la vocal Margarita Robles anunció que el Consejo iba a ser muy contundente en su defensa. Los funcionarios de su juzgado en la Audiencia Nacional se manifestaron, mientras en una carta pública expresaban un triste día para la Justicia en el que la sociedad perdió a uno de los más grandes defensores del Estado de derecho.