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Con el aumento vertiginoso de la deuda externa a partir de la dictadura militar hasta la declaración del default en 2001, el pago de intereses y capital era un fuerte condicionamiento de la política económica. Representaba una porción importante del gasto público del Presupuesto, a la vez que ponía en tensión el mercado cambiario y la cuenta corriente por la demanda de divisas para cumplir con esos compromisos. La cesación de pagos, la quita de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de los plazos en la renegociación del default, el desendeudamiento, el fin del negocio financiero de las AFJP y la utilización de reservas del BCRA aliviaron ese frente. Sólo el pago de intereses representó en promedio 1,5 por ciento del PIB en los ’90, disminuyendo al 0,6 por ciento tras la reestructuración de la deuda pública, y hoy equivale al 0,2 por ciento. Si bien la deuda sigue siendo un componente relevante, cada vez es menos y dejó de ser un factor limitante para la gestión económica. Esta situación impensada hace diez años en el flanco externo ha adquirido otro perfil, puesto que hoy la presión sobre la cuenta corriente tiene como elemento perturbador el comportamiento de las multinacionales por la remisión de utilidades a sus casas matrices. Esos cheques de montos crecientes se han convertido en una de las principales vías de drenaje de recursos hacia el exterior. Esos giros incorporan un aspecto complejo en la política económica, ya que no es la negociación con bancos acreedores y el FMI lo determinante, sino la relación con variadas corporaciones internacionales que operan en el marco de una Ley de inversiones extranjeras liberal y con más de cincuenta Tratados Bilaterales de Inversión que subordinan la jurisdicción nacional al tribunal parcial del Ciadi-Banco Mundial.

El envío de dólares de las filiales hacia las respectivas casas matrices se ha ido incrementando año a año desde el 2003. Esto se desarrolló por dos razones fundamentales: el ciclo de crecimiento acelerado de la economía generó abultadas ganancias, y desde 2008 los países de origen de esas compañías ingresaron en una crisis económica de proporciones exigiendo a sus delegaciones en el exterior la mayor remisión posible de utilidades para cubrir parte de sus quebrantos. El aspecto que distingue a la economía argentina es que se trata de la más extranjerizada de la región y que registra una constante fuga de capitales, sin acceso al crédito voluntario del mercado financiero internacional. Por ese motivo esos dólares que las multinacionales giran al exterior se han convertido en un factor de inestabilidad macroeconómica local, como antes era el pago de la deuda, por su impacto en la cuenta corriente. A esto se le suma que el ciclo largo de crecimiento a tasas altas de la economía incrementó las importaciones de esas firmas, que disponen la organización de su producción con criterio de proveedores globales, siendo muchos de ellos empresas vinculadas. La intervención de las multinacionales en la sensible área de las divisas se efectúa entonces a través del envío de utilidades a sus casas centrales y en la adquisición en el exterior de insumos y bienes de capital.

Como el marco legal vigente brinda amplia libertad para expandir esa conducta empresaria, que arrima a las cuentas externas a un escenario de estrés, la gestión kirchnerista apela a medidas regulatorias formales e informales que buscan eludir las restricciones normativas. La fortaleza política que surgió de las últimas elecciones y, en especial, que el mercado argentino es fuente de generosas rentas para las empresas, permiten al Gobierno un espacio de negociación, que aprovecha. Establece la regla de importar por un monto similar al de exportación, sin la exigencia de que sean bienes de su propia producción. La norma general es que cada dólar que sale del mercado local sea compensado con otro ingresado por ventas al exterior, que puede ser complementado con aportes de capital o con reinversión de utilidades no giradas al exterior. El objetivo es que en áreas deficitarias en divisas se alcance el equilibrio, por ejemplo en el complejo automotor o en el de hidrocarburos. Esta estrategia tiene otra faceta, que es la de inducir mediante acuerdos políticos o financiamiento público la sustitución de importaciones de insumos desarrollando proveedores locales.

De ese modo, sin modificar la actual Ley de inversiones extranjeras, el gobierno de CFK rescata en los hechos aspectos centrales de la norma anterior que anuló la dictadura militar, en agosto de 1976 durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz. Esa anterior ley, denominada de Radicaciones Extranjeras, establecía requisitos relacionados con el desarrollo de zonas geográficas específicas, mejor utilización de los recursos naturales y humanos, mejora de las condiciones de vida de la población y límites a la contaminación ambiental. Respecto de las variables que hoy son sensibles en el mercado del dólar, planteaba que la inversión extranjera debía generar las divisas necesarias para financiar la remisión de utilidades y amortizaciones de capital, ya sea sustituyendo importaciones o fomentando nuevas exportaciones. Textual, la Ley 20.577 disponía “que los bienes o servicios a producir posibiliten una sustitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al balance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo de probables egresos o repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones –incluso las indirectas a través de los insumos– y otros egresos”.

En el libro Multinacionales en la Argentina. Estrategias de empleo, relaciones laborales y cadenas globales de valor, editado en conjunto por el PNUD Argentina y el Ministerio de Trabajo, uno de los documentos elaborados por Cecilia Fernández Bugna y Fernando Porta señala que uno de los principales argumentos a favor del ingreso de la Inversión Extranjera Directa remite a su aporte positivo al financiamiento de la Balanza de Pagos. En Argentina, desde los noventa, fue el más relevante componente de ingresos de fondos del sector privado, permitiendo cerrar la brecha externa. Esos especialistas calcularon que entre 1992 y 1999, la IED representó el 60 por ciento de los ingresos netos de la cuenta capital y financiera, y compensaron el 80 por ciento del déficit de la cuenta corriente. “Sin embargo, una vez instaladas, las multinacionales generan egreso de divisas en concepto de utilidades y dividendos hacia las casas matrices, afectando el resultado de la cuenta corriente”, explican.

Fernández Bugna y Porta indican que, en el transcurso de la primera década del nuevo siglo, la IED se convirtió así en una carga creciente en la medida en que la remisión de utilidades fue elevada desde un principio, dando cuenta de que el índice de reinversión de utilidades fue bajo, al no superar el 9 por ciento del monto total desembolsado, y pobre en términos de financiamiento de la Balanza de Pagos. “La alta remisión de utilidades ha sido una característica sobresaliente de la IED en la Argentina que se mantuvo, incluso, luego de la devaluación, superando en varios años la renta obtenida por estas empresas”, destacan Fernández Bugna y Porta.

La notable extranjerización de la economía argentina, al representar el 65 por ciento del total de las 500 mayores empresas del país, tiene un fuerte impacto en la estructura productiva en términos de actividades dinámicas, concentración de mercados y redefinición del patrón de especialización e inserción internacional. Y también en los cheques que se remiten al exterior y se cargan a la cuenta de la Balanza de Pagos, por ganancias remitidas o por importaciones de multinacionales. Al considerar que no resulta oportuno transitar el más empinado sendero de una nueva ley de inversiones extranjeras, la estrategia oficial se ha orientado a disminuir el monto de esos giros de multinacionales mediante acuerdos políticos y económicos. Política que se desarrolla con el inconfundible sello kirchnerista.

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