Pedían justicia y el esclarecimiento de lo sucedido el viernes pasado en el desalojo violento de Curuguaty, cuando la situación dio un giro rotundo y su movilización tuvo otro objetivo: respaldar al gobierno. Los campesinos se manifestaron ayer en distintos departamentos de Paraguay y viajaron a Asunción donde se conocerá hoy la definición del juicio político al presidente Fernando Lugo.

El mismo día en el que el movimiento campesino se manifestó en Curuguaty, departamento de Canindeyú, al nordeste del país, en la frontera con Brasil –donde se produjo el viernes el violento desalojo de un predio de unas dos mil hectáreas, reclamadas como propias por el ex senador colorado Blas Riquelme– la Cámara de Diputados aprobó, con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias y de forma sorpresiva, un pedido de juicio político para destituir al presidente Fernando Lugo con varios argumentos, uno de ellos el mal desempeño de sus funciones en el episodio que dejó seis policías y once campesinos muertos.

Ante este panorama, los campesinos y organizaciones sociales salieron a manifestarse en los distintos departamentos del país y comenzaron a trasladarse a Asunción, para concentrarse frente al Parlamento y marchar pacíficamente. “El juicio político es una figura constitucional, pero los argumentos no son objetivos y están en la línea del chantaje político”, destacó en diálogo con Página/12 Luis Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), que insistió en que la crispación política quiere interrumpir el proceso democrático e instalar un gobierno impulsado por la ultraderecha para tener un Estado capitalista y prebendario. “Se está aproximando la fecha electoral (las elecciones presidenciales están marcadas para el 23 de abril de 2013), quieren desgastar al gobierno cerca de las elecciones e ir afianzando el proyecto de recuperación del poder”, profundizó.

En sintonía, el dirigente campesino y líder del Movimiento Patriótico Popular, Belarmino Balbuena, expresó que “es el golpe de un Parlamento contra un poder constituido” y resaltó que los argumentos que los legisladores presentaron no respaldan la decisión. El dirigente planteó el juicio político como un boicot de la ultraderecha. “Hay dos poderes. El Parlamento y el Poder Judicial se unen en este boicot. Significa la entrega del poder a los colorados”, reflejó recordando que lo realizado por la gestión de Lugo difiere a lo hecho previamente en materia de ocupación de tierras y dando cuenta de que la situación mejoró al reducirse ésta y pasar de 1500 tierras ocupadas a 17. “Hay más estabilidad y voluntad del movimiento campesino para respaldar el proceso democrático. No vale la pena un argumento así a esta altura”, aclaró.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas Roa, resaltó que comparte la posición en relación con lo sucedido con varios movimientos y anticipó que prevén adoptar una postura unificada. “En este momento todos estamos en contra del juicio político. Se viene lo peor. Quieren sacar a Lugo aprovechando lo sucedido en Curuguaty”, declaró subrayando que, desde su perspectiva, el Congreso paraguayo no tiene la autoridad moral y política para expulsar a nadie. “En caso de que se concrete la destitución pedimos que se vayan todos y que se convoque a una Constituyente para reordenar el poder jurídico y económico de la Nación. Pedimos la convocatoria a una elección general”, sostuvo.

Los dirigentes campesinos coincidieron en que, ante el rumbo que tomó la situación, quedó en segundo plano el rechazo y pedido de destitución desde su movimiento del ex fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla, quien después del desalojo violento asumió como ministro del Interior de Paraguay, en reemplazo de Carlos Filizzola, y se convirtió en el cuarto ministro del Interior de la administración de Lugo, iniciada en agosto del 2008. “La coyuntura cambió y lastimosamente se ve afectado el proceso democrático”, argumentó Aguayo, quien también expresó la intención de afianzar una posición conjunta con el resto de las organizaciones sociales. Además, se mostraron preocupados por el cambio en la política agraria que buscaba solucionar el conflicto por la posesión de tierras, que comenzó con las masivas adjudicaciones irregulares durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89). “Con esto se quiebra el proyecto de la reforma agraria, el modelo productivo. Condena a nuestro pueblo a la extrema pobreza y al Estado como corrupto”, resumió el dirigente de la Mcnoc.

Tras analizar cómo se dieron los hechos, los referentes no descartaron una vinculación entre lo sucedido el viernes y determinadas facciones políticas. “La derecha tiene varias acciones, una de ellas fue el asesinato de diecisiete compatriotas”, reflejó Aguayo. Mientras que Balbuena señaló que “hay grupos vinculados al latifundio que se preparan para tirar a la policía, hecho que podría justificar un juicio político”.

Informe: Romina Lascano.