“Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos.” La trágica ironía verbal que expuso, a principios de año, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se va cumpliendo, con creces, en una realidad cotidiana que multiplica los desalojos que, sumados a la crisis económica, arrojan a la calle a miles de personas. Un relevamiento realizado el lunes 27 de abril por personal del propio gobierno porteño reveló que hay 1950 personas durmiendo en la calle, cifra que duplica la que se había registrado el año pasado, para la misma fecha, cuando todavía no se aplicaban las drásticas y “silenciosas” medidas dispuestas por el macrismo. El dato, al que pudo acceder Página/12 por fuera de la estructura de prensa del gobierno de la ciudad, fue acompañado por otras apreciaciones que indican que hay cerca de 22 mil personas que viven en la ciudad y que han perdido o están en peligro de perder las viviendas que habitan.

“El conteo de personas en situación de calle fue contundente en sus resultados: este año se duplicó el número de los sin techo, de las 1000 personas contabilizadas el año pasado, se pasó este año a 1950”, le dijo a este diario una fuente del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo con lo conversado con personas vinculadas al trabajo social en la ciudad de Buenos Aires, las causas del problema son múltiples y están todos a la vista: “Sólo basta decir que el macrismo no tiene una política orientada a reducir el déficit habitacional”, señalaron. Como ejemplo, hay que recordar que el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) –según ya lo reveló este diario– cayó este año de más de 500 millones a menos de 120 millones de pesos. De esos 120 millones, casi cien se destinan al pago de sueldos y al funcionamiento del IVC, lo que prácticamente deja sin financiamiento las obras en marcha y los planes previstos para este año.

A eso se sumó el incremento de los desalojos, favorecidos por una serie de medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. A mediados de enero, el jefe de Gobierno vetó la Ley de Emergencia Habitacional que había sido aprobada por todo el arco político opositor, que había logrado torcerle el brazo al bloque oficialista del PRO. “El Estado debe garantizar el derecho a la vivienda y no puede ser el principal desalojador”, declaró en su momento el diputado de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo. Fue en esas circunstancias que Rodríguez Larreta se jactó de los “desalojos silenciosos”, lo que mereció una réplica del legislador kirchnerista Juan Cabandié: “Escuchar a Rodríguez Larreta pone los pelos de punta”.

Operadores sociales de diversas organizaciones sociales que trabajan en el área señalaron que “las personas desalojadas reciben pequeños subsidios que apenas les alcanzan para alquilar una pieza en un hotel, durante un tiempo, hasta que finalmente terminan en la calle”. El problema central, según las fuentes, es que “no hay un plan de contención para las familias, al punto que incluso cortaron la entrega de subsidios. Durante siete días, desde el miércoles previo a la Semana Santa, permaneció cerrado el edificio del gobierno porteño (la Secretaría de Desarrollo Social) que está en Entre Ríos y Pavón. No se otorgaban los subsidios por problemas presupuestarios, aunque oficialmente se dijo que era por ‘tareas de desinfección’”.

Los mismos problemas se observan en lo que respecta a la contención de los “chicos de la calle”. La presencia de pibes que viven en la calle “se ha duplicado también porque no hay lugares habilitados que estén destinados a su atención. Los casos más graves tienen que ver con los chicos que tienen adicciones, al paco o a otras drogas, porque no hay lugares para su internación en la Capital Federal y tienen que ser derivados a la provincia de Buenos Aires. En la ciudad la situación es sencillamente horrible, incluso para los casos de atención psiquiátrica, porque el Hospital Tobar García está desbordado”.

De las 1950 personas que viven en la calle y que fueron censadas el lunes 27 de abril, el 80 por ciento son hombres y el resto, mujeres. La proporción que puede ser derivada a los hogares transitorios para pasar la noche es mínima. “En el marco de la falta de política macrista de inclusión a las personas en emergencia social, no sólo no han abierto ningún hogar para la gente sin techo sino que haciendo aún más grave esta situación han cerrado definitivamente el histórico hogar de Costanera Sur, que albergaba a más de cien personas”, señaló la diputada de Nueva Democracia Gabriela Cerruti, ex ministra de Desarrollo Social de la ciudad. “No hay respuesta habitacional por parte del macrismo –insistieron las personas consultadas– y la única política, cuando se aplica, es la entrega de subsidios de siete u ocho mil pesos, que sólo sirven para que puedan alojarse en una pensión por un tiempo, hasta que tienen que conseguir un lugar en una villa o vivir en la calle.” Al mismo tiempo avanzan los planes del gobierno porteño, “que puso el eje en la recuperación del espacio público, en detrimento de la política habitacional”.

El lunes, centenares de vecinos hicieron una protesta en Gascón y Rivadavia, en el barrio de Almagro, para rechazar la decisión de Macri de desalojar por decreto un edificio en el que viven 50 familias, en algunos casos desde hace más de 30 años. El 5 de junio del año pasado, por voto unánime, la Legislatura porteña había determinado que el edificio de Gascón 123, que pertenece al gobierno porteño, fuera destinado a ser “vivienda social”, con la posibilidad de que sus actuales moradores pudieran comprar los departamentos. Por decreto, Macri vetó la ley que había sido votada incluso por la bancada del PRO. La excusa es que el edificio será demolido para construir el llamado Corredor Verde del Oeste, que prevé obras de parquización en los terrenos aledaños a las vías del Ferrocarril Sarmiento, desde la calle Hidalgo hasta la avenida General Paz. En el lugar viven 73 chicos.

A falta de política social, el gobierno porteño ha creado la llamada Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un verdadero “grupo de tareas”, que con métodos similares a los de la dictadura militar se encarga de realizar desalojos compulsivos de indigentes que viven en plazas, parques, calles y edificios de la ciudad. La UCEP, en los hechos, ha desplazado al BAP (Buenos Aires Presente), que se encargaba de ofrecerles alguna posibilidad de alojamiento, aunque fuera momentáneo, a los que viven en la calle. Para completar el cuadro de despropósitos, al frente del BAP está hoy un militar retirado cuya única conexión con el problema social había sido, desde la función pública, el de buscarle un destino final a la basura que llena las calles de la ciudad (ver nota aparte).

El legislador porteño Martín Hourest, sostuvo que la raíz del problema es que “la única lógica que se maneja desde el gobierno porteño es la de hotelizar o expulsar, con algún recurso económico, a todos los que viven en situaciones precarias”. Hourest dijo que todo se desenvuelve en el marco de un círculo vicioso: “Les dan un dinero que puede ser de siete mil pesos o 25 mil, en caso de algún ‘subsidio vip’, pero eso no alcanza para comprar ni para alquilar. De manera que al problema de la gente en la calle se lo encierra por seis meses en un hotel, hasta que las personas se quedan sin plata y entonces tienen que irse a vivir a un asentamiento, a una villa o, de lo contrario, tienen que buscarse algún lugar en una plaza, en la calle”.

“El problema –según Hourest– tiene que ver con los desalojos compulsivos que alienta el gobierno porteño, pero también con el agravamiento de la crisis. Esto no se soluciona con la política de invisibilizar a los que son desalojados. Nadie se interesa por ellos, ni se les hace un seguimiento para ver cómo ir buscando soluciones de fondo.” Sobre el número de personas sin techo, Hourest coincidió en que “hay mucha más gente que vive en esa condición, respecto del año pasado, pero no hay cifras ciertas sobre cuántas son”. Estimó que pueden ser “cerca de 12 mil o muchos más, porque hay que tener en cuenta que con la actual modalidad de ‘hotelizarlos’, de esconderlos, es posible que sean muchas más o que puedan serlo una vez que se les acabe el dinero del subsidio”.