“Fui varias veces a las oficinas de la consultora de (Jorge) Palacios”, declaró ayer con total naturalidad Oscar Antonio Alvarez, comisionado mayor de la Policía Metropolitana. Su testimonio, junto con el de otros dos policías que declararon el martes en la causa del espionaje, confirma que en la nueva fuerza porteña todo el mundo sabía que el Fino tenía su agencia privada de seguridad, llamada Strategic Security Consultancy, una actividad que sería incompatible con la función policial según las propias leyes de la ciudad. El único que al parecer ignoraba la existencia de esa pyme era el jefe de Gobierno, Mauricio Macri: por lo menos hasta ahora negó sistemáticamente conocerla.

La historia de la consultora de Palacios no es menor en el expediente y es un punto de la investigación que está en plena profundización. No sólo por la posible incompatibilidad de tareas, sino porque desde esas oficinas el ex jefe de la Metropolitana y su segundo, Osvaldo Chamorro, rastreaban información financiera y patrimonial de opositores políticos y gremiales al macrismo, según surgió del análisis de una de las computadoras secuestradas en un allanamiento. En varios casos las solicitudes de datos al sistema Nosis (similar al Veraz) es contemporánea al desempeño ya oficial de Palacios y Chamorro en la policía porteña.

El nombramiento formal de Palacios al frente de la Metropolitana fue el 2 de julio de 2009, pero según declaró el comisionado Alvarez, “asesoraba” al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, desde mucho antes. Alvarez habló de 2008 y dijo que lo sabe porque él empezó a trabajar en octubre de ese año en la selección del personal policial y cada nombre era “puesto a consideración del señor ministro quien era asesorado por el señor Palacios, quien era postulante a ser jefe de la Metropolitana”. No recordaba la designación de Ciro James, a la que aludió el martes otro policía, Eduardo Orueta: “Palacios me pidió expresamente que hiciera los trámites para el ingreso de James”, contó.

En el juzgado de Norberto Oyarbide, Alvarez declaró que conoce a Palacios, ya que trabajaron juntos en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y en la Superintendencia de Drogas. Contó que había ido “varias veces” a la consultora del Fino, donde conoció a Chamorro. No fue el único testigo que admitió que la existencia de Strategic Security era conocida en el ámbito de la Metropolitana. Lo mismo dijo Carlos Kevorkian, actual superintendente de investigaciones: “Sabía que Palacios tenía una oficina y que era una consultora”. Y que, además, “trabajaba con Chamorro”. Adalberto Carlos Ontivero, que fue secretario de Palacios y Chamorro en la policía, sostuvo que “sabía”, aunque “vagamente”, que existía la consultora.

Cuando confirmó los procesamientos de Macri, Palacios y James por asociación ilícita, la Sala I de la Cámara Federal le dio gran relevancia a todo lo relacionado con la consultora y los pedidos de información financiera. Reparó en las personas investigadas: legisladores de la oposición y un dirigente municipal, hasta un abogado radical que impulsaba una investigación sobre Calcaterra Construcciones, de los Macri, y posibles sobreprecios en la ciudad. El fallo recordaba también que la ley “prohíbe expresamente” al personal de la policía local acopiar información privada sobre personas por sus actividades, raza, religión o lo que sea. Y hacía una analogía con la ley de inteligencia a nivel nacional. Marcaba también la coincidencia de que los primeros informes pedidos a Nosis son de 2007, cuando empezaron las escuchas ilegales gestionadas por James en combinación –en ciertos casos– con Palacios. Para los camaristas, James era el exponente de una estructura de inteligencia clandestina en ciernes. De ahí su designación fantasma en el Ministerio de Educación porteño en mayo de 2008, cuando se inició la escucha al cuñado de Macri, Daniel Leonardo.