Las consecuencias de la criminalización del aborto sobre la salud y la vida de las mujeres en la Argentina y los obstáculos que persisten para el acceso a una interrupción de embarazo en los casos permitidos por el Código Penal fueron denunciados ayer en una sesión especial convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. La audiencia fue solicitada por ONG de 12 países de América latina y el Caribe, entre ellos Argentina, para dar cuenta de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región. El problema de la penalización del aborto fue uno de los ejes principales. La CIDH se comprometió a incorporar el tema en su agenda y a hacer un seguimiento de las políticas en cada país. Como caso testigo de la vulneración de los derechos de las mujeres en Argentina, se presentó el caso de Ana María Acevedo, la joven santafesina, madre de tres niños, que murió luego de que los médicos de un hospital público se negaran a practicarle un aborto terapéutico (ver aparte). “El respaldo de la CIDH a la vigencia irrestricta del derecho a la salud de las mujeres pone de relieve la necesidad de que nuestros legisladores discutan cómo hacer efectivo dicho derecho y así evitar las muertes maternas como consecuencia de abortos inseguros que anualmente afectan a mujeres en la Argentina”, señaló a Página/12 Mariela Belski, de la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), al término de la audiencia.

Es la primera vez que la CIDH concede una audiencia dedicada exclusivamente a analizar la problemática de la criminalización del aborto en la región, destacó Belski. Al finalizar el informe que brindaron las ONG, una de las integrantes del organismo, la salvadoreña María Silvia Guillén, se mostró impactada por el panorama descripto y lamentó la influencia de la Iglesia Católica en los países y lo señaló como uno de los obstáculos en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. También estuvieron la relatora de los Derechos de la Mujer de la CIDH, la venezolana Patricia Mejía, que calificó al problema del aborto como “gravísimo”, y el mexicano José de Jesús Orozco Henriquez, quien expresó que el organismo acompañará el reclamo de las ONG y hará propias las recomendaciones que elevaron las entidades (ver aparte).

La sesión fue presidida por la titular de la CIDH, la estadounidense Vinah Schelton. En Latinoamérica y el Caribe ocurren anualmente entre 3,9 y 4,2 millones de abortos inseguros. En Argentina, unos 500 mil cada año.

El tema llegó a la CIDH en momentos en que en la Argentina la Corte Suprema tiene la oportunidad histórica de pronunciarse sobre los alcances de los abortos legales y así poner punto final a las interpretaciones restrictivas que frecuentan los tribunales y hospitales y dar a la vez seguridad jurídica a los profesionales de la salud. El expediente llegó al máximo tribunal luego de que el asesor general subrogante de Chubut, Alfredo Mario Pértez Galimberti, apeló el fallo del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, que autorizó el 8 de marzo de 2010 un aborto a una adolescente de 15 años, sin discapacidad mental, que había quedado embarazada producto de los abusos sexuales perpetrados por su padrastro. Esa fue la primera sentencia de un alto tribunal provincial que confirmó que cualquier mujer que enfrenta un embarazo producto de una violación tiene derecho a interrumpirlo. En el Congreso, por otra parte, está pendiente el debate por la despenalización del aborto, que comenzó el 30 de noviembre, el último día de sesiones ordinarias del año pasado, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

La audiencia especial de la CIDH tuvo lugar ayer por la tarde en Washington, en el marco del 141º período de sesiones del órgano. Entre las ONG argentinas que la solicitaron están la ADC, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En la sesión habló Belski, de la ADC, en representación de las tres ONG argentinas. “La celebración de esta audiencia tiene implicancias directas para la Argentina, ya que no sólo denota la importancia que este tema tiene para el principal organismo de protección de los derechos humanos en la región, sino que también se refiere a una grave problemática que afecta nuestro país. El hecho de que la CIDH haya otorgado una audiencia para este tema es una clara señal sobre su relevancia, por lo que merece atención prioritaria por parte de todos los poderes del Estado”, indicó Belski a Página/12.

Durante la audiencia se presentó un diagnóstico sobre los obstáculos comunes que afectan el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos de las mujeres en la región, especialmente en relación con el acceso al aborto, tales como la interpretación restringida del derecho a la salud, que no contempla el riesgo psíquico en las mujeres que solicitan un aborto terapéutico.

“Al tiempo que las mujeres, jóvenes y adolescentes están siendo obligadas a llevar a término embarazos en condiciones precarias y en circunstancias que vulneran sus derechos humanos, los Estados adolecen de políticas públicas adecuadas que permitan prevenir embarazos no deseados, complicaciones del embarazo y abortos inconclusos”, expresaron las ONG.

Las entidades expusieron sobre las consecuencias que tiene la penalización de la interrupción del embarazo en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres latinoamericanas, entre los que enumeraron el derecho a la vida, a la integridad personal, al más alto nivel de salud reproductiva, a la intimidad, a la dignidad, a la libertad personal y el derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Y llamaron la atención sobre el incremento del embarazo en adolescentes, los retrocesos legislativos graves como la penalización absoluta del aborto, incluyendo el aborto terapéutico, en algunos países, o las reformas que dan personería jurídica al no nacido por encima de los derechos de las mujeres, como las que se han registrado en diversos estados mexicanos.

También hicieron hincapié en la ausencia de educación sexual integral, los obstáculos que deben enfrentar algunas mujeres para acceder a métodos contraceptivos como la anticoncepción de emergencia y la deficiente calidad de atención que quienes recurren a servicios públicos de salud por complicaciones del aborto.

La situación legal del aborto en la región es variable: las ONG advirtieron que existen cinco países que tienen totalmente penalizada esa práctica, incluso cuando corre riesgo la vida de la mujer embarazada (Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras). Precisaron que los sistemas jurídicos latinoamericanos poseen códigos penales de los años 1920 a 1950 que establecen modelos de excepciones con diferentes grados de no punibilidad. Sólo Cuba, Puerto Rico y la Ciudad de México tienen legislaciones que no penalizan la interrupción del embarazo temprano. En los demás países de Latinoamérica y el Caribe se permite el aborto en ciertas circunstancias: cuando corre peligro la vida y/o la salud de la mujer, en casos de violación, por malformaciones congénitas graves, por inseminación artificial no consentida y, en muy pocos países, por razones socioeconómicas. Las dos primeras excepciones están contempladas en el Código Penal argentino. Sin embargo, advirtieron las ONG, en muchas ocasiones se presentan serios obstáculos para que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo en esas circunstancias.

Las ONG denunciaron que entre los obstáculos que se repiten aquí y en otros países figura la falta de implementación de protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo. Al no existir estándares de atención “los médicos padecen confusión y desconcierto cuando deben asistir a mujeres u adolescentes que solicitan abortar en los casos permitidos por ley”, denunciaron. También señalan que “una de las principales y más graves” consecuencias de la penalización del aborto es la morbi-mortalidad materna, a pesar de que es una de las causas más fáciles de tratar y totalmente prevenibles.

Otra consecuencia de la penalización, denunciaron, es que “se propicia un mercado clandestino” o ilegal de servicios de interrupción del embarazo, que en muchas ocasiones se convierte en una práctica discriminatoria y de injusticia social, pues las mujeres que pertenecen a las clases más desprotegidas son las que recurren a la interrupción del embarazo de más alto riesgo, mientras que las mujeres que cuentan con recursos económicos pueden acceder a él en condiciones sanitarias de calidad”.