Cerca de sesenta efectivos de la Policía Federal revisaron ayer al anochecer la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de su universidad, el garaje aledaño y una imprenta. El juez federal Norberto Oyarbide, a instancias del fiscal Jorge Di Lello, les había dado instrucciones de llevarse la documentación contable relacionada con la construcción de viviendas sociales en distintos puntos del país a través de la Misión Sueños Compartidos, además de los papeles que den cuenta de movimientos de una veintena de sociedades que están bajo la lupa, y en especial las creadas a espaldas de las Madres por los ex apoderados Sergio y Pablo Schoklender. La Auditoría General de la Nación (AGN) anunció que hará su propia investigación, para colaborar con la Justicia, sobre la transferencia y el uso de los fondos del Estado para las obras de las Madres.

La policía había allanado el día anterior –por orden de Oyarbide y a sugerencia de la propia Hebe de Bonafini– el tercer piso en un edificio que está junto a la sede de las Madres, que según señalaron en un escrito era alquilado por Pablo Schoklender y “personas de su confianza”. El juez quedó insatisfecho con ese procedimiento y como la Fundación estaba demorada en entregar la documentación que le había requerido por tener una auditoría interna en marcha, decidió avanzar con otro procedimiento.

La titular de Madres de Plaza de Mayo estaba presente en el momento en que llegó el personal de la División Investigación de Organizaciones Criminales y se quedó en el lugar. Para empezar su búsqueda la policía esperó a que llegara el abogado Eduardo Barcesat. Hebe les dijo a los agentes que hicieran lo que tuvieran que hacer. No entraron a las once aulas de la universidad donde se estaban dictando clases.

En medio del despliegue policial, Barcesat explicó que la búsqueda indicada por el juzgado estaba orientada a dar con información sobre los hermanos Schoklender, a otros de sus miembros y a 21 empresas. Precisó que hubo inspecciones en la sede de la Universidad de las Madres, en la Fundación, en dependencias de Sueños Compartidos y en el estacionamiento vecino, ubicados en Hipólito Yrigoyen al 1500, así como en una imprenta en la calle Virrey Ceballos al 200, que se le atribuye a Pablo Schoklender. Al garaje fueron con directivas de verificar conexiones internas con las dependencias de las Madres y oficinas de los Schoklender. El día que pidió ser querellante, además, Bonafini denunció que desde allí se habrían llevado documentación de la entidad en un vehículo blindado de la Fundación, utilizado para pagar sueldos.

A la lista de empresas dudosas que están en la mira desde un comienzo –como Meldorek y Antártica, ambas vinculadas con Sergio Schoklender y con Alejandro Gotkin, otro ex hombre de la Fundación– Oyarbide sumó en su nueva orden de allanamiento una solicitud especial para rastrear documentación sobre Construcciones Calificadas SA, Constructora 211 SA y Docamer SRL, de las que es socio Hugo Omar Gallardo, un abogado cercano a Pablo Schoklender que tenía poder de administración en la entidad, pero le fue revocado y fue desplazado el 6 de junio último (ver aparte). Uno de los puntos que el juzgado y los fiscales Di Lello y Raúl Pleé quieren dilucidar es si esas constructoras fueron contratadas o tuvieron alguna vinculación con Sueños Compartidos y la actividad de los Schoklender. A la firma Docamer se le atribuye el manejo del bar de la Fundación de las Madres y un restaurante que tenía Pablo en San Telmo, llamado “Los 70”.

A última hora de ayer la policía realizaba una copia del servidor general de la informática de Madres de Plaza de Mayo –según informaron fuentes de la investigación– y seguía llenando cajas y labrando actas. Hebe de Bonafini se mostraba serena, y hasta cenó una pizza.

Otra de las medidas nuevas dispuestas por Oyarbide fue pedirle a la AGN que hiciera su propia pesquisa sobre los fondos que fueron transferidos a través del Plan Federal de Viviendas para que las Madres de Plaza de Mayo construyeran viviendas sociales (que serían 765 millones según el propio Ministerio de Planificación) y el uso que se les dio. El titular de la AGN, Leandro Despouy, explicó a este diario que el organismo resolvió actuar en parte porque se lo pidió el juez, pero también porque el Congreso le anticipó que le iba a pedir que estudiara el tema y porque, al presentarse como querellante, Bonafini sostuvo que se desviaron fondos públicos del destino que debían tener. Despouy evaluó como “positiva” la querella presentada por las Madres y explicó que “ese pedido lo habilita a investigar el movimiento de fondos del Estado y el de las Madres, que suponen que fue derivado al patrimonio personal de los Schoklender y empresas vinculadas a ellos”.

Por ahora, la hipótesis principal de las propias Madres y también de los fiscales Di Lello y Pleé es que los Schoklender cambiaban cheques de la Fundación por dinero en efectivo. Los fondos debieron ser usados para pagar los materiales, la mano de obra, pero también las cargas sociales, los impuestos y un fondo del sindicato de la Construcción. Sin embargo, las Madres están descubriendo que quedó una deuda de grandes proporciones y suponen que los Schoklender desviaron los fondos. Una clave estará en la pesquisa sobre todos los cheques librados: dónde se depositaron, quién los firmó y quién los endosó. También tiene peso la determinación de los bienes de los Schoklender, aunque en verdad eso no constituirá un delito en sí mismo: lo fundamental será demostrar si los bienes se obtuvieron defraudando a la fundación Madres.