Mauricio Macri salió de Tribunales y se topó cara a cara con Graciela Cisneros, una indigente que vive debajo de la autopista 25 de Mayo en el barrio de San Cristóbal. La mujer, conmocionada por el encuentro, comenzó a llorar de indignación cuando lo vio. El jefe de Gobierno porteño acababa de declarar durante casi una hora en la causa UCEP, donde está imputado. Observó que varias personas lo hostigaban con un ya clásico cantito y las instó a callarse la boca. Al “Macri basura, vos sos la dictadura”, respondió con un “Shhh”, mientras su custodia le abría el paso después de que lo indagaran en el Juzgado de Instrucción 49, en Lavalle 1171. Así terminó ayer una larga etapa de dilaciones judiciales que el candidato a la reelección había contribuido a extender con dos negativas a presentarse en febrero y marzo. Como era previsible, negó todos los cargos –los abusos y vejámenes a personas en situación de calle cometidos por la patota que dependía del Ministerio de Espacio Público– y defendió la validez de los decretos que le dieron vida a la UCEP. Lo hizo ante la jueza María Fontbona de Pombo, quien reemplaza a su colega Facunda Cubas, con pedido de licencia.

La mañana lluviosa no desalentó al grupo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Agrupación HIJOS, el Observatorio de Derechos Humanos porteño, la Asociación Manos Emprendedoras, docentes y estudiantes que esperaban al jefe de Gobierno en Tribunales. Hacían un acto para condenar que “desde el Estado se utilicen grupos parapoliciales para atemorizar y agredir a cualquier grupo social, pero más aún si las víctimas son personas en situación de calle, cuyas necesidades y derechos deben ser atendidos desde las políticas de inclusión y no desde la ilegalidad de un grupo de choque”, señaló Carlos Pisoni, de HIJOS. Algunos de los presentes portaban pancartas con las leyendas “Juicio y castigo a los responsables de la UCEP” y “UCEP es represión”. Junto a los militantes estaba Cisneros, una de las víctimas de la Unidad de Control del Espacio Público. Macri llegó un minuto antes de las 11.30, el horario fijado, y le presentó un escrito a Fontbona de Pombo y aceptó preguntas. Lo acompañaban su abogado Alejandro Pérez Chada y el subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti. Durante la indagatoria realizada en el quinto piso de Lavalle 1171 deslindó responsabilidades y defendió la validez del decreto 1232/08 de constitución de la UCEP. El mismo que decía “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”, “colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público”, “colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de mercaderías de vendedores ilegales en el espacio público” y “colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público”.

Los operativos nocturnos que denuncian las víctimas de la UCEP rara vez fueron acompañados por la persuasión, como sostiene el decreto. Existen videos de las brutales palizas de la patota que tenía su base en el Mercado del Plata y de que los pocos bienes de los indigentes desalojados de la vía pública iban a parar a camiones de basura.

El jefe de Gobierno ya se había despegado de estas evidencias 24 horas antes de presentarse en Tribunales. En declaraciones al programa No somos nadie, durante una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, comentó: “Si hubo alguien a título personal que cometió abusos es un tema personal de él. Es como que me digan que la Federal está entrenada para patear gente porque un policía pateó a uno esa noche en el Indoamericano, como se vio. No por eso la Presidenta va a ir a responder porque un policía haga algo incorrecto”. También puso en práctica el axioma de que no hay mejor defensa que un buen ataque: “Voy a decir que esta fuerza (...), que es un equipo de trabajo en calle... existía desde Ibarra y Telerman. Lo único que nosotros hicimos fue organizarlo mejor y ponerle un nombre”.

En febrero, el imputado había pedido la postergación de su indagatoria porque prefirió tener un almuerzo de campaña electoral en una fábrica del partido de San Martín. Y en marzo, como había proyectado un viaje a Estados Unidos y Francia, también ignoró la decisión del Juzgado Nº 49. Prefirió juntarse con su flamante esposa, Juliana Awada, en París.

Si reincidía en sus negativas a ser indagado, se exponía a un pedido de desafuero del Juzgado 49. La diputada Liliana Parada, de Proyecto Sur, también tenía pensado solicitarle a Cubas que promoviera una medida semejante. Ahora el juzgado de instrucción dispone de diez días hábiles para definir la situación procesal del jefe de Gobierno, quien podría dilatar más los plazos si esgrime un argumento: todavía no fueron indagados varios integrantes de la patota.