Treinta y cuatro años después de apropiarse de la hija de una pareja de desaparecidos, el marino Policarpio Vázquez y su esposa, ex personal de inteligencia de la Armada, fueron condenados a 14 y 10 años de prisión. El juez Sergio Torres destacó en su fallo “el daño psicológico causado” a la víctima, Evelyn Bauer Pegoraro, quien “no sólo fue despojada de su historia sino también instalada en una realidad que no le pertenecía, bajo una crianza y formación amparadas en la mentira”. Se trata de la joven que en 2001 se negó a someterse a un análisis de ADN que pudiera servir de prueba contra sus apropiadores y que conoció su identidad a partir de muestras obtenidas en un allanamiento a su casa. “La negativa al análisis y a reconocer su identidad es la continuación de la victimización por otros medios”, destacó ayer Alcira Ríos, abogada de las abuelas de Evelyn. “Estos chicos privados ilegítimamente de su libertad al nacer fueron también determinados a ser víctimas de desaparición forzada toda su vida. Hasta que no se liberen de estos tipos no van a ser libres”, remarcó.

Susana Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada el 18 de junio de 1977 en Constitución. Su compañero, Santiago Bauer, cayó el mismo día en La Plata. La niña nació en la ESMA y terminó en manos de Vázquez, que en la dictadura fue encargado de contrainteligencia en la Base Naval de Mar del Plata, y de su esposa. La sentencia de Torres alcanzó también a la partera Justina Cáceres, condenada a siete años de prisión por falsificar la partida de nacimiento. Los tres superaron los setenta años, por lo que es poco probable que cuando la sentencia quede firme, si es que están vivos, se revierta el beneficio del arresto domiciliario.

En 1999 el marino admitió que Evelyn no era su hija. Dijo que se la entregaron “para adoptar sin papeles” en el edificio Libertad, que la recibieron “porque la iban a matar” y aseguró desconocer el destino de los padres. “Fue un mandato divino”, explicó. Dos años después, la joven se negó a someterse a un análisis de ADN. La Corte de Suprema de Justicia le dio la razón: se imponía la protección de su derecho a la intimidad, argumentó. Sin certezas sobre la identidad de Evelyn, en 2006 la jueza María Servini de Cubría decretó la clausura de la instrucción. Cuando el matrimonio pidió la absolución porque no había más evidencias que la confesión, la jueza ordenó allanar la casa de la joven para extraer muestras de ADN. Las argucias legales permitieron a los victimarios apartar a Servini, pero no evitar la verdad: en 2008, Evelyn conoció su identidad y se reunió con las Abuelas. La causa cayó en manos del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, hoy investigado por gestionar coimas para la Cámara de Casación. En sus manos y mientras la defensa de Vázquez abarrotaba de planteos el expediente, la causa “durmió el sueño de los justos”, recordó Ríos. Finalmente recayó en el juzgado de Torres.

El magistrado que instruye la megacusa ESMA destacó en su fallo que muchos niños apropiados continúan como adultos “siendo rehenes o prisioneros de la red urdida por sus apropiadores” y “no les resulta sencillo truncar su vínculo con ellos o iniciar un vínculo sincero y duradero con su familia biológica”. Destacó que “la ruptura del vínculo materno-filial provoca secuelas psíquicas en el niño susceptibles de ser transmitidas a sus propios hijos y a otras generaciones”, señaló que la negación de la identidad impuesta por los apropiadores produce “efectos patológicos” en “la mente inmadura del niño pequeño”, y enumeró “disociaciones psíquicas, depresiones y tendencias adictivas”, que además “tienen una repercusión transgeneracional”.

El juez Torres consideró que la relación que Evelyn mantiene con sus apropiadores luego de conocer su identidad “puede basarse en lo afectivo, ora en el vínculo reverencial que liga a los padres con sus hijos”, y subrayó que la joven mantiene “una incipiente relación” con su abuela materna Inocencia Luca de Pegoraro, quien desde 1984 y con la asistencia de Ríos “nunca renunció a la búsqueda de verdad y justicia”.