Los intentos de volver la investigación a foja cero desplegados por las defensas de los policías federales acusados de liberar la zona donde fue asesinado Mariano Ferreyra finalmente naufragaron. La Sala I de la Cámara del Crimen confirmó la competencia de la Justicia nacional para investigar el caso –rechazó la de la Justicia contravencional porteña, que ellos pretendían– y ratificó los procesamientos, por abandono de persona, de seis uniformados, tres con rango de comisario, a los que sumó incluso otro. El tribunal evaluó que su modo de actuar contribuyó a un único resultado: el homicidio del joven militante del Partido Obrero (PO) durante la protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y las graves lesiones sufridas por Elsa Rodríguez, con un disparo en la cabeza; Nelson Aguirre y Ariel Pintos, baleados en las piernas.

Con esta decisión, la causa contra los policías queda más cerca de ser elevada a juicio oral, aunque todavía no está claro si podrá ser incorporada a las audiencias contra el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, su segundo y la patota acusada del asesinato de Ferreyra, que empiezan el 20 de febrero. Las querellas –la mamá de Mariano Ferreyra y los heridos– coinciden en que pedirán que sean juzgados como partícipes necesarios del homicidio: sostienen que sin sus aportes el homicidio no se hubiera concretado. El fallo de la Cámara confirma los procesamientos por abandono de persona, que prevé hasta quince años de prisión, pero deja abierta la puerta para otra interpretación que podría agravarse en el juicio. Lo firmaron Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos.

Los procesamientos fueron dictados por la jueza Wilma López en junio, en base a un dictamen del fiscal Fernando Fiszer. Planteaba que los policías permitieron y facilitaron que el grupo de choque de la UF asesinara a Ferreyra e hiriera a varias personas que participaban de una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, y los responsabilizó de no haber hecho un “operativo cerrojo” que permitiera “individualizar” ahí mismo “a los responsables y hallar las armas de fuego utilizadas”. Tanto el fiscal como la magistrada enumeraron una lista de irregularidades, empezando por que la Federal no dio intervención inmediata a la Justicia, usó durante el transcurso de los hechos teléfonos que impiden registrar el contenido de sus conversaciones (llamados POC), la filmación de los sucesos aparecía interrumpida justo en el lapso de mayor violencia, no preservaron las pruebas y para peor, cuando el juzgado requirió las grabaciones de las comunicaciones por radio, faltaba la hora fundamental en que mataron a Ferreyra y dispararon a otros manifestantes.

Dos de los policías procesados estuvieron a cargo del operativo: el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, que era jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, como jefe de la División Roca. La confirmación de la Cámara incluye también al subcomisario Rolando César Garay, que se ocupaba de los patrulleros de la Comisaría 30ª, y a quienes daban instrucción desde la sala de situación de la Dirección General de Operaciones: el comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, quien luego fue jefe de comisarías pero terminó expulsado; el principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, quien operaba la radio, y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. La Cámara también ordenó procesar al camarógrafo policial David Villalba, que había sido exculpado porque aducía que se le había agotado la batería de la filmadora.

En la causa hay testigos que describen que los patrulleros se abrieron para dejar pasar a la patota. El contenido de las modulaciones policiales abonaría esa teoría: una de las instrucciones desde la DGO fue mantenerse “expectantes”, “no sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros”. Luego, aunque surge una directiva de “identificar” a los agresores, los policías no hacen nada.

Esta causa estuvo paralizada por un planteo de incompetencia de la defensa de Lompizano: decía que el delito de abandono de persona había pasado a la Justicia contravencional porteña. Las querellas dijeron que todo era parte del mismo hecho: el asesinato y las lesiones. La Cámara no modificó el delito, pero les dio la razón en un aspecto central: confirmar que la policía por acción u omisión tuvo responsabilidad.