Los acusados: el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes, el ex senador Augusto Alasino.
Los ex senadores Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda y el “arrepentido” Mario Pontaquarto.

El acusado estrella de los sobornos en el Senado, el arrepentido Mario Pontaquarto, llegará entrenado al inicio del juicio oral que empieza este martes. La semana pasada lo sentaron frente a veinte personalidades de la cultura, los medios y la vida pública en general, que tenían la consigna de preguntarle de todo, sin censura. Sus abogados defensores querían testear su credibilidad después de tantos años, y tantas vueltas. Quedaron chochos al ver lagrimear a más de uno de los interrogadores, en especial cuando el ex secretario parlamentario, valijero de las coimas que confesó, se adentraba en detalles de su maltrecha vida personal. Pero Pontaquarto tendrá competencia. Porque la mayoría de los acusados llegan ansiosos por hablar. No por decir nada revelador ni por hacer un mea culpa, todo indica. Quieren contraponer su versión y ganar terreno en la escena. Empezando por Fernando de la Rúa, segundo ex presidente en el banquillo en lo que va de este año (lo antecedió Carlos Menem, absuelto), cuyo defensor vaticina que estará, fiel a su estilo larguero, un mínimo de tres días declarando. Desfilarán tras él el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes, y los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda. A todos se los juzga por cohecho (dar o recibir coimas) y malversación de fondos públicos: cinco millones de pesos para lograr que el bloque justicialista apoyara la ley de reforma laboral; la suma, según reveló Pontaquarto, habría salido de los fondos reservados de la central de espías.

Dos personajes centrales de esta historia no estarán en el juicio. El senador José Genoud, que era jefe de la bancada radical y muy cercano a De la Rúa, se suicidió hace tres años. El ex senador justicialista Emilio Cantarero fue declarado inimputable por padecer Alzheimer. Había sido el primero en admitir, poco después de que se sancionara la polémica ley el 26 de abril de 2000, que el contenido de un anónimo que había comenzado a circular y que hablaba de las coimas podía tener una buena cuota de realidad. Cantarero lo reconoció ante una periodista, pero luego negó haber dicho tal cosa. Pontaquarto contaría tres años más tarde que fue a su departamento en avenida Callao adonde llevó buena parte del dinero, 4,3 millones, para repartir con los demás en compensación por facilitar los votos para lograr la ley que exigía el Fondo Monetario Internacional. Pontaquarto, anuncian cerca suyo, volverá a confesar y apoyará la acusación de la fiscal Sabrina Namer. “El acusador acusado”, lo llaman con ironía sus viejos aliados. El no pierde las esperanzas de conseguir una pena atenuada con su aporte. Para resguardo suyo y del resto de los actores del juicio, seguirá bajo el programa de protección de testigos y pronto lo mudarán de casa. Cuentan que suele andar rodeado de custodia en su trabajo, como encargado del restaurante Oye Chico. La fiscalía, que basa gran parte de la imputación en su relato, intentará validarlo con la declaración de testigos y pruebas recolectadas como los entrecruzamientos de llamados telefónicos y la ubicación de los teléfonos celulares de los imputados en momentos claves donde él dice saber adónde estaban.

La lista de testigos propuestos por la fiscal, la Oficina Anticorrupción (OA), que es querellante, y las defensas quedó en un total de 340. Incluye algunos nombres que darán que hablar, como el de la presidenta Cristina Kirchner (puede declarar por escrito), que como legisladora se oponía a la ley, el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez cuya salida del gobierno de la Alianza marcó el tenor de la crisis institucional, el líder de la CGT Hugo Moyano (que fue quien denunció que Flamarique le dijo la famosa frase “para los senadores tengo la Banelco”), Antonio Cafiero, Julio Piumato, el diputado Héctor Recalde, Rodolfo Terragno, Luis Barrionuevo, Sergio Acevedo, Elisa Carrió, Carlos Corach, Ricardo Gil Lavedra, el ex ministro de Economía José Luis Machinea, Héctor Maya, Carlos Menem, Eduardo Menem, Alberto Rodríguez Saá, Carlos Ruckauf, Jorge Yoma y hasta Eduardo Duhalde, entre muchos otros.

De todos modos, para escuchar a los testigos habrá que esperar, y bastante. No tanto para oír a los imputados. Las audiencias empiezan este martes a las 14 horas, en el Tribunal Oral Federal 3, el mismo que juzgó el atentado a la AMIA. En Tribunales calculan que sólo la lectura del requerimiento de elevación a juicio podría tomar tres días. Las indagatorias están proyectadas para comenzar el 6 de diciembre, con Pontaquarto, aunque todo puede cambiar. En el ínterin es posible que crezca la discusión por la unificación de dos causas contra Pontaquarto por el robo de viáticos y falsedad de documento público con la causa de los sobornos. Su defensa, a cargo de Hugo Wortman, protestó, porque supone que va a desviar la atención del juicio y le va a restar credibilidad a su cliente. De ahí, también, la preocupación por su imagen y el impacto de su relato, testeado la semana pasada ante variadas figuras como el aviador Enrique Piñeyro y Carlos March, ex titular de Poder Ciudadano. El asunto está ahora en manos de la Cámara de Casación. A su favor hay un dato reciente: dos peritos (de la Policía Federal y de la defensa de De Santibañes) fueron condenados hace pocos días por falsear las conclusiones de un estudio sobre las llamadas telefónicas de los imputados para hacer caer la versión de las coimas tal como la cuenta Pontaquarto. En la fiscalía y la Oficina Anticorrupción (OA), que es querellante en la causa, creen que la confesión del valijero de cómo se “compró” la votación de la ley de reforma laboral es una prueba clave. Pero aseguran que también lo son las evidencias que recolectó el juez Daniel Rafecas que permiten corroborar el relato del “arrepentido”. En esa línea, es importante el entrecruzamiento de las llamadas telefónicas de los imputados entre el 18 de abril y fines de mayo, y la ubicación de los celulares, que ratifican que Pontaquarto estuvo donde dijo que estaba: por ejemplo, en el edificio de la SIDE, en Avenida de Mayo; por ejemplo, en el Senado con el dinero supuestamente sacado de la bóveda a cuestas, y en la casa de Cantarero.

Eslabones de una cadena

En su relato, Pontaquarto afirma a grandes rasgos que el 18 de abril de 2000 él mismo retiró cinco millones de pesos/dólares que fueron repartidos entre los senadores para que votaran a favor de la ley de Reforma Laboral. Cuatro millones 300 mil pesos habrían sido entregados al peronista Cantarero, en su departamento, el 26 de abril por la noche y los otros 700 mil los recibió al día siguiente el radical Genoud en su despacho del Congreso. Antes de que la maniobra se concretara, el ex secretario parlamentario habría participado de una reunión en el despacho presidencial de la Casa Rosada en la que Genoud, en presencia de Alasino y Tell, le explicó a De la Rúa que el justicialismo necesitaba “otras cosas” para apoyar la sanción de la ley. “Eso arréglenlo con De Santibañes”, fue la respuesta del entonces presidente. “Allí se puso en marcha el proceso (se consumó el pacto)”, señaló el fiscal Federico Delgado cuando pidió la elevación a juicio del caso.

El fiscal señaló que los involucrados fueron coautores del delito “en la medida en que todos cumplieron un rol relevante en la maniobra a la par que en todo momento tuvieron la posibilidad de impedir el resultado debido a las posiciones de poder decisivas que ocupaban”. Así, los ex senadores y ex funcionarios fueron “eslabones, bien que necesarios, de una amplia cadena”. El rol de cada uno de ellos, según la fiscalía, fue el siguiente:

De Santibañes: Puso a disposición los fondos de la SIDE. Acordó con Pontaquarto la entrega del dinero y ordenó a personas de su máxima confianza que asistieran al entonces secretario parlamentario en el retiro y traslado del dinero. Acordó con Genoud el resguardo del dinero durante una semana y llevó a cabo distintas acciones propias o a través de terceros, para contener al “arrepentido”.

Flamarique: Se autorretribuyó. Se encargó de obtener el “título” de “único negociador” de la ley en nombre del Ejecutivo. Colaboró en la construcción de un imaginario simbólico que permitió que el ofrecimiento del dinero pareciera parte del “juego democrático” mientras coordinaba con Genoud y De Santibañes el desarrollo del cohecho.

Pontaquarto: Recibió, guardó y entregó el dinero. Una parte lo recibió Cantarero en su casa el 26 de abril de 2000. El resto fue para Flamarique y Genoud.

Los ex senadores peronistas: Cantarero (fuera ahora del juicio) repartió el dinero en su departamento (al menos) entre Alasino, Costanzo, Branda y Tell. Esa recepción hizo que modificaran su voluntad y contribuyeran a la sanción de la ley de reforma laboral.

De la Rúa: Como presidente de la Nación, participó del acuerdo ilegal, ordenó que se pague el dinero y controló en todo momento el desarrollo del delito a través de sus subordinados jerárquicos y ejecutó las acciones tendientes para que el hecho quede impune.

La Casa Rosada

La versión de Pontaquarto acerca de la reunión en la Casa Rosada también fue contrastada durante la investigación de Rafecas con otros indicios que pudieran respaldarla o hacerla naufragar. Por ejemplo, el ex secretario parlamentario fue llevado a la Casa de Gobierno para reconocer el lugar. Además, como en el caso de los ex senadores y ex funcionarios, las comunicaciones telefónicas se convirtieron en una prueba decisiva. El informe de los llamados indica que alrededor de las 12.30 del 30 de marzo de 2000 (el día en que se había producido la reunión), o bien los celulares de los protagonistas ubican a sus portadores en la zona de Casa de Gobierno, o bien resultan transferidos, apagados o dejados en su lugar de trabajo. Mientras que el gran ausente de ese mítin, De Santibañes, estuvo en permanente contacto trece llamados con la Casa Rosada.

El juez dijo, al procesar al ex presidente, que el encuentro en la Casa Rosada selló un “pacto” entre las dos partes de la maniobra: los sobornados y los sobornadores: “Es lógico suponer que los futuros cohechados, con Alasino a la cabeza, debían estar absolutamente seguros de que esa maniobra nunca iba a ser denunciada por la contraparte. Era absolutamente fundamental el contar con seguridades en cuanto a que el pacto sería sellado de modo tal que jamás se iba a saber y menos denunciar públicamente lo acontecido. (...) Los futuros cohechados querían asegurarse de que no sólo el presidente provisional del Senado, no sólo el ministro de Trabajo, no sólo el secretario de Inteligencia estaban al tanto; ellos querían una prueba directa de que el presidente De la Rúa también lo estaba. Querían corroborarlo por sí mismos. Y de la Rúa accedió (nunca se imaginó que años después uno de los escasos cinco partícipes de esa fugaz, secreta y reducida reunión, para colmo de extracción radical, iba a relatar ante la Justicia con lujo de detalles aquel vergonzoso acontecimiento)”.

La defensa de De la Rúa buscará minar la credibilidad de Pontaquarto y aferrase a la versión de que la famosa reunión en la Casa Rosada nunca se llevó a cabo. Para eso cuentan con el escrito del camarista Martín Irurzun que, al procesar al ex presidente, señaló que no había elementos suficientes para asegurar que el encuentro se hubiera producido tal y como lo narraba el “arrepentido”. Sin embargo y a pesar de esto, acompañó a su compañero de sala Eduardo Farah y afirmó que la investigación permitía “tener por demostrado que los coprocesados no actuaron al margen de la investidura presidencial y que De la Rúa no era ajeno a un tema de esta envergadura”. Los argumentos del ex presidente figuran en un extenso libro que publicó en julio de 2006 y que tituló “Operación Política”. Allí afirma que el objetivo de la ley en cuestión era “fomentar el empleo y mejorar las relaciones gremiales”.

Durante la instrucción, tanto el fiscal como el juez analizaron el contexto social y político en el que se aprobó la ley de flexibilización laboral impulsada por el gobierno de la Alianza, que fue luego derogada. Por ese motivo la lista de testigos incluye a una serie de ex funcionarios, legisladores y sindicalistas. “Es imposible, entonces, abstraerse de los quehaceres políticos de la época, porque hacerlo sería desnaturalizar la investigación”, señaló Delgado en referencia a la importancia que tenía para la gestión de De la Rúa la aprobación de un proyecto que era percibido como “existencial para el gobierno” porque era un reclamo del FMI y a la vez permitía demostrar que era posible gobernar a pesar del poder de la oposición peronista en el Senado.

“¿Podían no ocurrir los sobornos en el Senado en esos meses de marzo y abril del nuevo milenio?”, se preguntó Delgado en una comparación con ¿Quién mató a Rosendo?, de Walsh. Y se contestó: “La sociedad argentina merece un juicio para desentrañar tal interrogante”. El juicio, finalmente, comenzará el martes. Habrá que esperar otros seis meses (según los cálculos más optimistas) o un año para conocer el veredicto.