La Sala I de la Cámara Federal resolvió por unanimidad apartar al juez Daniel Rafecas del caso Ciccone al considerar que existen razones para dudar sobre su “imparcialidad”. El tribunal, de ese modo, hizo lugar a la recusación que había planteado la defensa de José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente Amado Boudou, ambos investigados en relación con el rescate de la imprenta de la quiebra. La resolución está basada principalmente en el intercambio de mensajes telefónicos a través del sistema WhatsApp que tuvo Rafecas con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, vinculado con Núñez Carmona. “Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados” es una de las “causales previstas de apartamiento”, advirtieron los camaristas. Para continuar con la investigación se sorteará hoy un nuevo juzgado, que a su vez tendrá que resolver la situación del fiscal Carlos Rívolo, también recusado.

Núñez Carmona había pedido sacar a Rafecas de la causa por “falta de independencia de criterios e integridad moral”. Dijo que había adelantado opinión en el audio de una entrevista con el diario Perfil y en los diálogos por mensaje de texto que había mantenido con Danuzzo Iturraspe, con quien tiene una amistad desde hace veinte años. La Sala I le dio finalmente la razón. Si bien la resolución descarta que el juez haya “adelantado juicios” o “exhibido voluntad de comprometer” a alguno de los imputados, concluyó que el contacto con Danuzzo Iturraspe es motivo suficiente para despertar desconfianza sobre su imparcialidad. Según los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero la duda basta para decidir el apartamiento. Anteayer, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había dicho que los jueces “no debemos comunicarnos con los demás”. “La regla es que eso no se hace ni se debe hacer”, afirmó a Radio del Plata. “Con los periodistas sí, podemos hablar de tendencias, comentarios generales, eso es bueno porque nos permite el contacto con la sociedad”, diferenció.

Los cuestionamientos fuertes a Rafecas y al fiscal Rívolo se desa-taron después del allanamiento a un departamento ubicado en Puerto Madero que pertenece a Boudou y que alquila un abogado que vive en España. Allí, la fiscalía buscaba pruebas de la presunta relación del vicepresidente con Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund, firma que se quedó con Ciccone. La sospecha era que Vandenbroele era el que vivía ahí. En los propios tribunales de Retiro el procedimiento fue considerado innecesario por otros jueces que decían que las pruebas podían buscarse por medios alternativos. Boudou, en conferencia de prensa, acusó a Rafecas de filtrar información a los medios y dijo que el estudio jurídico que integran la esposa y el hijo del ex procurador general Esteban Righi le había ofrecido lobby en los tribunales federales, anticipándole problemas. Righi era jefe de los fiscales y había apoyado en 2004 la designación de Rafecas. Luego vinieron las recusaciones, la renuncia de Righi y a Rafecas le abrieron una investigación en el Consejo de la Magistratura, donde el abogado Danuzzo Iturraspe entregó los diálogos de chat que mantuvieron.

Rafecas admitió esas comunicaciones, y dijo –al rechazar la recusación– que habían sido intercambios privados con un amigo de muchos años cuando la investigación era incipiente. Señaló que Danuzzo, quien no estaba presentado en la causa, lo había ido a ver porque algunos medios lo ligaban a una sociedad relacionada con la pesquisa y que cuando tuvo la sensación de que estaba haciendo lobby, cortó el contacto. El contenido de los diálogos daban cuenta de sugerencias del juez sobre los pasos que a Núñez Carmona y también a Boudou les convenía dar, como acelerar la difusión de un documento firmado por el vicepresidente (cuando era ministro de Economía) donde avalaba que la AFIP le concediera a la ex Ciccone una moratoria especial.

La resolución de la Cámara dice que el contenido de los mensajes “revela más que un simple intercambio de opiniones con un extraño a la causa”. Aclara que si bien es cierto que las conversaciones privadas están protegidas legalmente, tanto Rafecas como Núñez Carmona aludieron a ellas. “No es posible considerar a Danuzzo Iturraspe un extraño ajeno al proceso (...) era un interesado en el proceso”, afirman los camaristas, y recuerdan que desde 2008 era abogado de Núñez Carmona en otros asuntos. “El intercambio no ocurrió entre el juez y un extraño, sino entre el juez y un abogado de su confianza íntimamente allegado a uno o más imputados (sin descartar que él mismo podía aparecer de algún modo mencionado en la investigación)”, fundamentan. “Tampoco puede ser asimilado a meras opiniones sin razón aparente o a comentarios casuales un diálogo de varios días de duración, dedicado exclusivamente a aquella temática, más allá del tono íntimo y coloquial”, añaden. Agregan que “de acuerdo con lo testificado por Danuzzo Iturraspe (en el Consejo), las manifestaciones del juez no respondían a saciar su simple curiosidad sobre el caso sino a utilizarlo de vía para que cierta información llegase a Núñez Carmona y, posiblemente, a otros imputados”.

El abogado de Núñez Carmona, Diego Pirota, presentó ayer ante la Cámara un escrito de 50 carillas donde contestaba a Rafecas y justificaba por qué lo acusa de “pérdida de imparcialidad”. Al rato la Sala I firmaba la resolución, donde decía que ese planteo tenía “sustento serio y razonable”. El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Hernán Ordiales, autor de la denuncia por supuesto mal desempeño contra Rafecas, dijo que el fallo será incorporado a la investigación que el cuerpo abrió la semana pasada.

Hoy se sabrá quién es el nuevo juez para la causa de la ex Ciccone: los que entrarían en el sorteo, por estar de turno, son Ariel Lijo, Norberto Oyarbide (con dos juzgados), Marcelo Martínez de Giorgi, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. Al que le toque tendrá que resolver si Rívolo puede seguir interviniendo como fiscal. El fallo de la Cámara da crédito a la sospecha señalada por Núñez Carmona de “una posible actuación coordinada entre esa parte (la fiscalía) y el juez”.