El acceso a un subsidio que otorga el gobierno porteño en el marco de un programa denominado “Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil” está condicionado por un artículo que especialistas en el tema consideran discriminatorio. Los interesados deben responder a esta pregunta: “¿Posee juicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?”. Una legisladora que trabaja en temáticas sociales y la referente de un movimiento de mujeres en situación de calle salieron a cuestionar ese requisito que contiene el anexo del decreto 956 de 2009, firmado por Mauricio Macri y la entonces ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Desde la cartera que ahora conduce Carolina Stanley sostienen que el dato “se solicita a modo informativo y no es excluyente que tengan juicios o no para presentarse o ganar. De hecho, hubo casos de Organizaciones de la Sociedad Civil que los tenían y ganaron la convocatoria”.

La norma publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 4 de noviembre de 2009, en el artículo 6 de su anexo, dice: “Requisitos que deben reunir las organizaciones de la sociedad civil e instituciones afines postulantes”. Y allí está redactada la pregunta que, tres años después, todavía no ha sido retirada de las bases para la convocatoria al programa que depende de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil a cargo de Paula Pérez Marquina. En Desarrollo Social aseguran que “este requisito existió siempre, viene desde la gestión de (Aníbal) Ibarra, y es una normativa impuesta por decreto en 2002”.

Para la diputada porteña Claudia Neira, de Buenos Aires para Todos, que como abogada denunció en el pasado la política de de-salojos violentos de la UCEP contra indigentes, “el gobierno de Macri tiene que explicar cuál es el objetivo de preguntar eso. La organización que solicita el subsidio podría mantener un juicio porque sufrió la vulneración de un derecho y eso no debería condicionar su elección. Parecería que quieren bendecir el cercenamiento de un subsidio, ésta es una cuestión de sentido común”.

Alicia Andreozzi integra la organización Mujeres en Calle y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Conoce en detalle cómo es la política de subsidios del gobierno porteño: “Esto se hace para acotar la incidencia de la Justicia y avanzar contra el pedido de amparos en ella. Hay una razón de orden económico, como reducir el padrón de beneficiarios, ya que no les alcanza el dinero para repartir. Lo mismo le pasa al gobierno nacional. Aunque hay casos emblemáticos, como el pago de subsidios a madres con niños discapacitados, a familias numerosas, que no van a poder cortar. Como tampoco a los que hacen protestas. La política de Macri es sacar a la gente de la calle, ahora con más prolijidad que cuando lo hacía a través de la UCEP. En este y otros temas juega su candidatura presidencial”.

Para el Ministerio de Desarrollo Social, la pregunta de tener o no juicios contra el Estado porteño data de 2002. Pero cuando el gobierno del PRO firmó el decreto 956/2009, dejó sin efecto el Programa “Apoyo a Redes de Acción Comunitaria” de aquel año, que podría considerarse su antecedente más parecido y otras resoluciones anteriores sobre el mismo tema.

Ahora se interroga a las organizaciones sobre si demandaron al gobierno, incluso después de haber sido elegidas. En las disposiciones exclusivas para ONG ganadoras se pide que, junto a la firma del convenio, su representante legal presente “una declaración jurada, dejando constancia si la organización posee o no juicios contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si la organización posee o no subsidios otorgados por el Gobierno”.

Esto podría explicar lo que informa Desarrollo Social: que distintas ONG, aun con demandas entabladas, ganaron igual la convocatoria al Programa. O, por el contrario, que puede ser un condicionante para la firma del acuerdo o de los que surjan en el futuro. De hecho, en la cláusula octava del convenio se establece que tendrá “una vigencia de doce meses desde la fecha de suscripción, no obstante lo dicho precedentemente, podrá ser rescindido sin causa unilateralmente por cualquiera de las partes, debiendo notificar tal circunstancia en forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de treinta días hábiles administrativos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin que ello signifique derecho a resarcimiento o indemnización alguna por ningún concepto”.

¿Una ONG que necesita el subsidio para trabajar con gente en situación de calle o niños discapacitados podría verse obligada a rescindir el contrato una vez que lo firmó? Parece poco probable a juzgar por todos los requisitos que le exigen y debe completar. A menos que el gobierno porteño tuviera pensado hacer lo mismo porque no ejecuta el presupuesto del área (algo que durante la gestión de Macri ha sido moneda corriente) o comprobó que le hicieron un juicio mediante el cuestionario obligatorio que aparece en la declaración jurada.

El requisito de la convocatoria a la edición 2012 del Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil sorprendió a más de un espacio social interesado en acceder al subsidio. Página/12 pudo constatar que familias pobres que se reúnen en iglesias porteñas se entusiasmaron con presentarse ante la Dirección que depende de Pérez Marquina, pero al encontrarse con la pregunta, dudaron en hacerlo.

Los objetivos del Programa cuyo plazo para la entrega de solicitudes venció el 30 de marzo son: promover y desarrollar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil; incentivar la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía a través de organizaciones de la sociedad civil que ejecuten proyectos orientados a la inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad; promover la articulación con organizaciones de la sociedad civil, entre éstas y las comunidades con las que interactúan, como así también con las diversas áreas del Gobierno de la Ciudad, y fortalecer la construcción de una cultura solidaria.

En 2011 se presentaron 402 proyectos y fueron aprobados 246. El subsidio puede resultar clave para entidades sin fines de lucro como organizaciones sociales, educativas y religiosas que son una herramienta indispensable para llegar a donde el gobierno porteño no llega. Por si acaso, cada beneficiario deberá asumir “la obligación de contratar una cobertura de seguro del lugar donde se ejecutará el proyecto adecuada a los riesgos que se generen con motivo o en ocasión de la ejecución del mismo, y a mantenerla vigente durante todo el plazo de ejecución”. No sea cosa de que la Ciudad de Buenos Aires acumule más juicios.